Una pandemia sin internet y sin clases online: Las “zonas rojas” de La Pintana donde las empresas no quieren dar servicios
Este fenómeno existe hace décadas, pero ningún gobierno lo ha enfrentado. Las compañías de telecomunicaciones discriminan donde entregar servicios y dejan a miles de personas con bajísima o nula señal de conexión. Con el Covid, esto se volvió aún más grave y así lo denunció la ex alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro. Los afectados son cientos de estudiantes de la comuna al sur de la capital.
Por Pedro Astaburuaga CoddouCompartir
Alelhys Vergara tiene 16 años y está en 3ro medio en el Colegio Almendral de La Pintana. Vive en la población El Castillo, junto a sus padres y dos hermanos pequeños, con quienes comparte el único computador de la casa. “Fue complicado el año pasado, porque tenía que conectarme a las clases por el celular y el wi-fi colapsaba cuando estábamos todos conectados”, recuerda. No le cargaban las páginas, tenía que moverse por su casa buscando mejor señal y se caía de las sesiones online. Cuando eso pasaba, tenía que explicar a la profesora y le enviaban un resumen de cada clase. Dice que los docentes “fueron menos estrictos con el tema del internet, porque tienen claro que La Pintana es una zona roja. Hay un número grande de compañeras que les costaba conectarse, yo diría como la mitad del curso”.
Situaciones como la de Alelhys están lejos de ser un caso aislado en la comuna. Desde el municipio, el área de TICS Comunal (Tecnología, Información, Comunicación) aplicó entre agosto y diciembre pasados una planilla de contacto con estudiantes elaborada por el Ministerio de Educación, lo que les permitió recolectar datos sobre participación en actividades remotas, dificultades técnicas y emociones recurrentes en contexto de pandemia. De los más de 5 mil jóvenes que se logró contactar para saber su situación, se extrae un dato elocuente: un 30,5% no tiene conexión de calidad a internet.
Este problema, que según expertos y usuarios no es nuevo, fue denunciado hace unas semanas a Cooperativa por la ahora ex alcaldesa Claudia Pizarro (DC, que postula a la reelección). “Las grandes empresas que proveen de internet a los territorios de este país, en La Pintana no le somos atrayentes comercialmente y han hecho poca cobertura (…) Aunque sea que paguen su internet, no hay internet”, señaló, para así recalcar la importancia de volver a clases presenciales en su comuna y advertir sobre los obstáculos para llevar a cabo la educación vía virtual.
The Clinic contactó a empresas de telecomunicaciones para pedir explicaciones por este abandono y a la subsecretaría que ve el tema dentro del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. También a expertos en la materia, quienes analizaron las falencias del sistema, con un Estado que no se ha hecho responsable de garantizar la calidad de internet y un servicio que – en contexto de emergencia sanitaria- se vuelve vital para entregar educación a niños y jóvenes.
¿QUÉ SON LAS ZONAS ROJAS?
“Esto de que no tenemos señal es de hace rato, por lo menos hace 10 años que las compañías se han ido alejando de acá. Nosotros teníamos Movistar, pero generalmente funciona súper mal y cuando se roban líneas, no reparan nunca. La gente termina cansándose”, dice la madre de Alelhys, quien ha pasado sus casi 40 años de vida viviendo en La Pintana. Caso similar al de la familia de Rayén Melivilú, quien hoy estudia Periodismo en la U. de Los Andes, pero que en sus años de básica (cuando aún no existía la fibra óptica) contrataron un módem de Claro que “apenas funcionaba. Después fuimos a Movistar, pero nos negaron el servicio por lo mismo: el robo de cables”.
Desde el municipio, el área de TICS Comunal (Tecnología, Información, Comunicación) aplicó entre agosto y diciembre pasados una planilla de contacto con estudiantes elaborada por el Ministerio de Educación, lo que les permitió recolectar datos sobre participación en actividades remotas, dificultades técnicas y emociones recurrentes en contexto de pandemia. De los más de 5 mil jóvenes que se logró contactar para saber su situación, se extrae un dato elocuente: un 30,5% no tiene conexión de calidad a internet.
El arquitecto Nicolás Valenzuela Levi, doctor en economía urbana de Cambridge, publicó en 2020 un paper para comprender la relación entre desigualdad de ingresos y banda ancha. Comparó los casos de Medellín y de Santiago, con las poblaciones La Pincoya y El Castillo como objeto de estudio. “Las zonas rojas del mundo nacen producto de las privatizaciones de las empresas de servicios básicos públicos. Específicamente las de telecomunicaciones fueron a principios de los 90” explica.
Genaro Cuadros, también arquitecto, explica que no existe una definición de zonas rojas, pero “para las empresas seguramente sí. La ausencia de un control del Estado hace que suministrar servicios de distinta índole se vuelva más costoso y que las empresas sopesen la balanza de costos (…) y por eso deciden arbitrariamente no entregarlos en algunos lugares”.
Martín Álvarez, del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) y quien participó del proyecto Marginalidad Urbana y Efectos Institucionales, explica que las empresas niegan sus servicios en base a tres argumentos: “Por un supuesto miedo a niveles de violencia o delincuencia; por solvencia económica y clientes que no podrían pagar; o por la abstención electoral. Vale decir, estamos frente a una población que no vota, por ende, no hay razones políticas rentables para invertir ahí”.
La exalcaldesa Claudia Pizarro dice a The Clinic que el momento más crítico provocado por la baja cobertura de internet en La Pintana fue justamente el año pasado. “Empezamos a reconocer que el internet no es un lujo, sino un derecho, y así no lo está viendo el Estado”.
EL “NO” DE LAS COMPAÑÍAS
“Hace 5 años era imposible contratar internet acá. Era ridículo porque te llamaban las compañías para ofrecer servicios y, cuando revisaban, te decían que no porque no tienes factibilidad en el sitio”, dice Enrique Vera (33), dirigente de un club de básquetbol de la población Santo Tomás y voluntario de proyectos de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de La Pintana. Vive en la población con un compañero y, desde el año pasado, con “cualquier persona que necesite apoyo. Se puede quedar en mi casa hasta salir adelante, porque la pandemia nos ha golpeado fuerte a todos”.
La exalcaldesa Claudia Pizarro dice a The Clinic que el momento más crítico provocado por la baja cobertura de internet en La Pintana fue justamente el año pasado. “Empezamos a reconocer que el internet no es un lujo, sino un derecho, y así no lo está viendo el Estado”.
Fernanda Benavides (19) y su madre se cambiaron hace 9 años a un condominio en Villa Las Rosas y dice que recibió negativas de Entel y Movistar para conectarlas a internet: “Al hacer el traslado, el trío hogar (telefonía, cable e internet) que teníamos de Claro dejó de funcionar. Lo intentamos con varias compañías, pero todas ponían la misma traba debido al sector donde vivíamos”. Agrega que sólo después de un año de insistir, Movistar accedió a dar el servicio.
Según Genaro Cuadros, nadie se hace cargo del tema. “Si el Estado no tiene políticas para suplir allí, donde el mercado no es capaz de hacerlo -en este estado subsidiario con la Constitución del 80-, tenemos un problema de contradicciones vitales”.
La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) señala que “una compañía que está presente en una comuna no puede negar el servicio a un usuario. Existiendo factibilidad técnica, la empresa está obligada a proveer el servicio a menos que no cuente con la capacidad técnica para hacerlo”. Y a pesar de las explicaciones de las autoridades -tanto del ministerio como de la comuna- y de los testimonios recabados por The Clinic, tanto Claro, como Entel y Movistar niegan la existencia de zonas rojas donde ellos decidan no entregar servicios.
En su declaración sobre el tema, Movistar sostiene que su “esfuerzo por conectar al país” ha sido afectado por “el delito de robo de cables de cobre y vandalismo contra nuestra infraestructura de red, lo que representa la causa de 8 de cada 10 de nuestras fallas masivas”.
Sin embargo, Frank Garrido, encargado de TICS Comunal de La Pintana, argumenta que “en verdad el robo de cables es mínimo. Puede ser que estos estén cortados, pero la mantención ha sido nula por parte del proveedor de internet en las escuelas, Movistar, que a su vez podría expandir la conexión a domicilios. Se ha solicitado en más de una oportunidad, sobre todo en estas zonas rojas como la Santo Tomás, pero nada”.
Para su investigación sobre la relación entre banda ancha y desigualdad de ingresos, Nicolás Valenzuela cuenta que sostuvo diversas entrevistas con altos mandos de empresas de telecomunicaciones, quienes decían “que esto se soluciona con un subsidio”; entonces -continúa el arquitecto- para ellos pasa a ser un problema del modelo de negocio, de la capacidad de pago y de inversión en infraestructura, y no de orden público como es el robo de cables.
Desde Claro Chile, consultados sobre el tema, responden que “no creemos en el concepto de zonas rojas. Como compañía cada día trabajamos para conectar a millones de personas a lo largo de Chile, aportando al progreso tecnológico y promoviendo la inclusión digital de todos los ciudadanos, sin importar su origen. Hoy las tecnologías inalámbricas nos permiten cubrir las necesidades de servicio de la mayor parte del territorio nacional, entregando una experiencia que permite responder de manera óptima a los desafíos escolares, laborales y de comunicación, entre otros”.
Como sea, el arquitecto Nicolás Valenzuela explica que en la actualidad existen empresas menores como Artec o Tezcarr (contratadas por algunas de las fuentes de este reportaje) que hace años han cubierto territorios que las compañías grandes se rehúsan a cubrir.
La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) señala que “una compañía que está presente en una comuna no puede negar el servicio a un usuario. Existiendo factibilidad técnica, la empresa está obligada a proveer el servicio a menos que no cuente con la capacidad técnica para hacerlo”. Y a pesar de las explicaciones de las autoridades -tanto del ministerio como de la comuna- y de los testimonios recabados por The Clinic, tanto Claro, como Entel y Movistar niegan la existencia de zonas rojas donde ellos decidan no entregar servicios.
LA RUTINA DE VIVIR SIN SEÑAL
En 2019, un reporte de la Subtel informaba que La Pintana tenía solo un 13,5% de penetración de internet fijo, siendo el menor índice de Santiago. Para este reportaje, actualizaron esta cifra a junio de 2020, alcanzando un 31%. Sin embargo, a pesar del aumento, Claudia Pizarro menciona otro factor que afecta a la comunidad de La Pintana: la señal.
“Si existe la tecnología, la TV cable, los módems, pero no dan señal. Ellos (las grandes empresas) vienen e instalan, y engañan amarrando contratos, pero dan un pésimo servicio” dice. Y explica que los gobiernos locales se encuentran atados de manos, porque las compañías tienen concesionados el espacio.
Fernanda Albornoz (17), alumna de 4to medio del Almendral, cuenta que durante la pandemia pasó que sus hermanas tenían que faltar a sus clases, para que ella pudiera conectarse a las suyas sin que el internet se fuera. Alelhys se tiene que estar moviendo por su casa cuando tiene cosas importantes porque “por ejemplo en la cocina no llega la misma conexión que en mi pieza”. Enrique aguantó hasta principios de este año con Entel, pero rara vez pudo reunirse on line en el 2020 con el Colegio de Árbitros del que es parte, porque también se le caía la señal. “Es una tónica que se repite para todos los alumnos de los colegios de la Santo Tomás (…) y se ha ido normalizando, porque es parte de la rutina” concluye.
La ex Seremi de Educación por la RM, Teresa Vallespin, hoy se desempeña como directora del departamento de educación del municipio y analiza esta compleja situación: “Los profes han tenido que inventar cosas: clases a las 7 de la tarde cuando llega la mamá y puede prestar el teléfono, llamadas por Whatsapp, cosas que no son de la misma calidad si el alumno hubiese estado presencial en el momento. Con mis años de experiencia, esto efectivamente significa una vulneración de derechos”.
Subtel declara al respecto que “los estándares de calidad de los servicios de telecomunicaciones exigidos por Subtel no discriminan en uso. Si los usuarios ocupan su conexión para sostener reuniones por Zoom y éste no funciona con la calidad que espera, debe hacer el reclamo ante la empresa que presta el servicio y si no obtiene respuesta satisfactoria, debe acercarse a Subtel y cursar el reclamo que corresponda. Más del 80% de los reclamos ingresados son resueltos a favor de los usuarios”. Y agregan que realizan múltiples fiscalizaciones a lo largo del país y que desde el año pasado han cursado más de 200 infracciones a las empresas proveedoras de estos servicios por incumplimientos a la normativa sectorial.
Movistar se defiende diciendo que tienen en acción un proyecto que busca reemplazar los cables de cobre por fibra o soluciones móviles. “Hemos comenzado con aquellas zonas donde la ocurrencia reiterada de delitos ha dificultado enormemente el restablecimiento de la conectividad” añaden. Entel, del mismo modo, menciona en su respuesta a The Clinic que fue la primera compañía en entregar el servicio de banda ancha fija inalámbrica en La Pintana y que en 2019 lograron dar conectividad a más de 3 mil hogares. “Pero eso es insuficiente y es un parche nada más”, refrenda Claudia Pizarro.
Y agrega: “Para solucionar el problema, las empresas de telecomunicaciones deberían poner más antenas en los postes del alumbrado público, pero estos son infraestructura que es de compañías eléctricas, por lo tanto, ahí nosotros no tenemos poder de ofrecer ese espacio. Tampoco hemos recibido solicitudes para poner antenas en altura. Ni siquiera están interesadas”.
BÚSQUEDA DE SOLUCIONES
Las autoridades comunales sienten que desde el Ejecutivo no se ha tratado el tema con la urgencia necesaria, y es por ello que ya estarían buscando soluciones propias, como generar una microempresa o una cooperativa que establezca un proveedor para los vecinos. Pero son ideas que recién se están explorando y que aún existe la posibilidad de que no sean respuestas factibles al problema.
Movistar se defiende diciendo que tienen en acción un proyecto que busca reemplazar los cables de cobre por fibra o soluciones móviles. “Hemos comenzado con aquellas zonas donde la ocurrencia reiterada de delitos ha dificultado enormemente el restablecimiento de la conectividad” añaden. Entel, del mismo modo, menciona en su respuesta a The Clinic que fue la primera compañía en entregar el servicio de banda ancha fija inalámbrica en La Pintana y que en 2019 lograron dar conectividad a más de 3 mil hogares. “Pero eso es insuficiente y es un parche nada más”, refrenda Claudia Pizarro.
Mientras, la Subtel explica que su esfuerzo “se enfoca en lograr que el sector privado siga desplegando redes de telecomunicaciones en los sectores más vulnerables, ya que las personas necesitan el Internet de manera prioritaria para mantener su vida laboral y educativa”. Además, determinaron la instalación de 45 antenas para proveer internet móvil de alta velocidad y calidad, que mejoraría la conectividad de los residentes de La Pintana.
Frank Garrido, encargado de TICS Comunal de La Pintana, dice que con la pandemia había incertidumbre en las familias por cómo los alumnos pasarían de curso. “El tema de la conexión genera confusión e impotencia, porque veían que el servicio existe, pero que de nada servía (para conectarse a las clases)”. Una reflexión que está presente también en la cabeza de la vecina de la comuna Fernanda Benavides: “Como comunidad tenemos los medios para pagar el internet, pero al siempre recibir un no de las empresas, se siente una gran frustración y discriminación, sólo por el lugar donde vivimos. La conectividad se ha vuelto casi un privilegio, lo que es un problema en la actualidad, porque en este contexto se ha vuelto un servicio de primera necesidad”.