Columna de Crescente Molina: El autogobierno y la crisis de legitimidad

En gran medida, nuestra crisis constitucional actual es una crisis respecto de la legitimidad de nuestras instituciones políticas. A veces usamos el calificativo “ilegítimo” para referirnos a gobiernos o instituciones políticas de facto o simplemente ilegales. No es en este sentido, por supuesto, que la legitimidad de las instituciones políticas chilenas se encuentra en crisis. La crisis actual es una de legitimidad institucional por cuanto es producto de un paulatino desprestigio social de nuestras instituciones.

No debemos subestimar la gravedad de una crisis de legitimidad para una comunidad política. Una erosión de la fe de los ciudadanos en las instituciones políticas no es sólo una seria amenaza a la cohesión y paz social dentro de la comunidad. Dicha crisis pone a los ciudadanos en un estado de alienación política: un estado en el cual están subordinados a autoridades que simplemente no pueden reconocer como propias. Quizás la tarea más fundamental de la Convención Constituyente consiste precisamente en regenerar la legitimidad de nuestras instituciones.

Parte de nuestra crisis de legitimidad se debe a los escándalos de corrupción político-corporativa de los últimos años, y a la incapacidad del sistema político chileno de ofrecer soluciones oportunas y efectivas a problemas básicos tales como las deficiencias de nuestros sistemas de salud, educación y pensiones. Mecanismos institucionales que hagan más probable la efectividad y probidad de nuestro sistema político son sin duda parte de la solución (e.g., reducción de quórums legislativos excesivos y otras trabas institucionales innecesarias, fortalecimiento de la transparencia del Estado, etc.). Sin embargo, es un error pensar el problema de legitimidad actual como un problema exclusivamente de efectividad o probidad del sistema político. En gran medida, el problema es uno sobre la titularidad de la agencia política.

Progresivamente, los ciudadanos del siglo XXI -en Chile y en otras partes del mundo occidental- han dejado de fundar su fe en las instituciones políticas exclusivamente en las virtudes de sus representantes o en el mérito de una u otra política pública. La crisis de legitimidad expresa un deseo de los ciudadanos de contribuir directamente al gobierno de su comunidad política. 

De acuerdo a un estudio realizado por el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el 68% de los chilenos dice estar de acuerdo con los mecanismos de democracia directa como una forma para solucionar diferencias políticas; y ya existen movimientos de ciudadanos organizados abogando activamente por la incorporación de mecanismos de democracia directa a nuestra nueva constitución. Y no es coincidencia que países como Uruguay o Suiza, que gozan de mecanismos serios y robustos de democracia directa, tengan el grado más alto de estabilidad política de sus respectivas regiones. 

El deseo de los ciudadanos por mecanismos más directos de autogobierno no debe sorprendernos. Al comienzo de nuestras repúblicas, el hecho de que un grupo de aristócratas y burgueses tuviera derecho a elegir directamente a los gobernantes fue considerado como suficiente expresión del ideal de autogobierno republicano. Luego, la legitimidad de nuestras republicas requirió de la profundización del ideal de autogobierno a través de la incorporación del sufragio universal masculino, y luego del voto femenino. Un avance hacia la consagración de mecanismos de democracia directa es un paso más en la historia moderna del autogobierno republicano.

Los chilenos han comprendido que el voto esporádico por representantes y las formas extrainstitucionales de manifestación política no son suficientes realizaciones del ideal de autogobierno. Así, si la Convención pretende contribuir a solucionar la crisis de legitimidad actual y a evitar crisis futuras, no puede sino dar un paso hacia formas directas de participación política como complemento a nuestra democracia representativa.

*Crescente Molina es abogado, doctor en Derecho e investigador asociado en Filosofía del Derecho, University College, Oxford.