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26 de Mayo de 2021Dos aseguradoras irán a la justicia contra Piñera y el Congreso por aprobación de anticipo del 10 por ciento de rentas vitalicias
Agencia Uno
En el escrito presentado ante la Corte de Apelaciones, las aseguradoras entregaron su argumentación de por qué el Estado debiera compensarles todos los fondos retirados por quienes lo solicitaron.
Una nueva polémica se suma a la larga lista de problemas que tiene el Ejecutivo con la presentación por parte de las aseguradoras Consorcio y Confuturo que interpusieron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones contra Sebastián Piñera y el Congreso para exigir que el Estado se haga cargo de los pagos derivados por los retiros de rentas vitalicias en estas entidades.
Según detalla el recurso de las aseguradoras, filtrado por La Tercera y presentado durante este miércoles 26 de mayo, este sería en contra del Presidente de la República Sebastián Piñera, el Senado y la Cámara de Diputados.
En él impugnan “la actuación arbitraria y abiertamente contraria a las garantías constitucionales consagradas en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental y a diversos tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes”.
Además, Consorcio señala que solicitar “a los tribunales superiores de justicia restablecer el imperio del derecho y los límites de la soberanía, ordenando al Estado solventar los pagos efectuados y por efectuar que deba hacer la compañía a los pensionados y beneficiarios de rentas vitalicias en virtud del Acto Impugnado, lo que a su vez evitaría que nuestros clientes, los pensionados, sufran una afectación inmediata en sus pensiones futuras”.
Por otro lado, Confuturo señala que la el recurso de protección está “en contra de los actos que culminaron con la entrada en vigencia y aplicación” de los incisos que hablan del retiro de ventas vitalicias. En esta línea señalan que “los actos de los recurridos transgredieron los límites al ejercicio de la soberanía que la Constitución y los tratados internacionales vigentes establecen para todos los poderes y órganos del Estado”.
De esta forma, Consorcio concluye que su recurso “se funda, esencialmente, en que ningún poder del Estado (…) actúa dentro de sus atribuciones cuando lesiona los derechos fundamentales garantizados en la Constitución y en los tratados internacionales. Por el contrario, el respeto y promoción de tales derechos es un deber de todos los poderes del Estado y sus órganos respectivos”, según filtró el medio nacional.
