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medioambiente

18 de Marzo de 2022

¿Qué implicancias tiene el Acuerdo de Escazú? Gobierno firma el tratado medioambiental

Gobierno firmó el Acuerdo de Escazú, pacto que busca profundizar la democracia ambiental. Son tres los principios básicos: Acceso a la información medioambiental, participación pública en la toma de decisiones, acceso a la justicia en este tipo de temas.

Por Matías Rojas

Durante la mañana de este viernes 18 de el Gobierno firmó el Acuerdo de Escazú, una de las principales promesas medioambientales de Gabriel Boric y el primer proyecto de la nueva administración en mandar al Congreso.

“Cómo no pensar hoy día en aquellos casos en lo que aun la duda nos carcome, estoy pensando en Macarena Valdés, (…) Nicolasa Quintreman”, empezó recordando el Presidente Boric en un acto en La Moneda.

La firma contó con la presencia de las ministras de Medio Ambiente, Maisa Rojas y de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, además de varios activistas medioambientales que están en el centro de un acuerdo que busca resguardar los DD. HH de estos.

 “Esta lucha ya ha costado demasiadas vidas y no podemos permitir que se nos vaya ninguna más”, enfatizo el jefe de gobierno.

Esta decisión del gobierno entrante llega después que la administración anterior desestimara su firma por considerar que el Acuerdo de Escazú no era conveniente para los intereses de Chile.

El principal argumento esgrimido por el gobierno de Sebastián Piñera era la posibilidad de generar incertidumbre al condicionar la legislación chilena y exponer al país a ser llevado a tribunales internacionales.

¿En qué consiste el acuerdo de Escazú?

Se trata de un Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación publica y el acceso a la justicia en asuntos medioambientales en América y el Caribe.

Un pacto que busca profundizar en la democracia medioambiental y proteger a las poblaciones más vulnerables en el contexto del cambio climático, resguardando tres derechos básicos:

  • Acceso a la información ambiental.
  • Participación pública de los procesos de toma de decisiones ambientales.
  • Acceso a justicia en asuntos medioambientales.

Para así contribuir a “la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.”, según reza el pacto.

El acuerdo fue adoptado en un comienzo por 21 países. Luego se sumaron tres países, pero solo 12 de ellos lo han ratificado. Entre los que se encuentran Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.

A ellos se sumaría Chile si el proyecto logra su aprobación en el Congreso.

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