Los otros plebiscitos en la historia de Chile: cómo se vivió cada consulta desde 1812 a 2022

No cabe duda de que el plebiscito de salida de este 4 de septiembre es un hito en la historia de Chile. Ese día, la ciudadanía está convocada a las urnas para votar Apruebo o Rechazo a la propuesta de Constitución que emanó de la Convención Constituyente, luego de un largo proceso político gatillado por el estallido social de 2019.

Es una votación con características inéditas, donde se ratificará un texto diseñado por una Convención también única, sumado a la cantidad récord de participación que se espera debido a la obligatoriedad del voto. No obstante, Chile ha sido escenario de otros plebiscitos en el pasado, en contextos que comparten algunas similitudes y también muchas diferencias con el contexto actual.

Desde 1812 a la fecha, al menos 8 plebiscitos, entendidos como un mecanismo para que los ciudadanos expresen su acuerdo o no con determinadas decisiones legales o políticas, se han celebrado en el país.

Cada uno de estos eventos reviste una particular importancia para su época; y las reglas del juego, así como el ambiente que se respiraba previo a cada votación, han ido mutando a lo largo del tiempo. A comienzos del siglo XIX, por ejemplo, la cantidad de electores apenas alcanzaba los cientos, y sus votos quedaban registrados en un libro, perdiéndose cualquier viso de anonimato. Y para qué hablar de los plebiscitos en dictadura, cuando el miedo marcaba la pauta, y los registros electorales -en las votaciones de 1978 y 1980- derechamente no existían.

Ad-portas de la jornada electoral de este domingo, The Clinic recopiló datos de cada una de estas consultas pasadas. Asimismo, en un esfuerzo por definir el panorama sociopolítico de cada período, cuatro historiadores comparten su conocimiento sobre estas coyunturas, mientras intentan establecer paralelos, si es que los hay, con el presente.

“El plebiscito por excelencia es el del Sí y el No de 1988”, adelanta Rafael Sagredo, Premio Nacional de Historia 2022.

El primer ciclo de plebiscitos: 1812, 1817 y 1818

En los albores de Chile, el concepto de sufragar era sumamente distinto a lo que es ahora: sólo participaban un puñado de electores hombres, parte de la élite, que cumplieran ciertas condiciones como ser mayores de 21 años, tuviesen propiedades y supieran leer y escribir.

Ese sistema de voto censitario consideraba entonces a los “vecinos más importantes de Santiago y de las capitales provinciales”, explica Cristián Fuentes, académico Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Por lo mismo, “era bastante limitado el padrón”.

En estricto rigor, el primer plebiscito de nuestra historia nacional fue convocado en 1812 por José Miguel Carrera, por entonces presidente de la Junta Previsional de Gobierno. El llamado fue a ratificar el Reglamento Constitucional Provisorio, compuesto por 27 artículos que establecían un marco político para el país.

Carrera determinó que el texto debía ser aprobado por los ciudadanos, para lo que se abrió un libro por tres días, entre el 27 y 30 de octubre de ese año. Así, quienes apoyaban el proyecto estampaban públicamente y sin anonimato su firma en el registro. En total, hubo 315 firmantes, todos pobladores de Santiago.

Similar mecanismo se utilizó en la consulta para aprobar el acta de independencia de Chile en 1817, así como para el plebiscito de 1818, cuando se dio el visto bueno a una nueva Constitución Política. En este último hito, el proyecto de Carta Magna fue plebiscitado mediante la instalación de dos libros públicos -para su firma- en las parroquias del país, desde Coquimbo a Cauquenes. Uno de estos libros recogía los nombres de los ciudadanos a favor, y el otro, de los que estaban en contra.

Ningún ciudadano firmó en contra, siendo la Constitución aprobada por unanimidad. El temor a ser apuntado como simpatizante de la Corona Española, en tiempos independentistas, pesó en ese fenómeno, asegura un documento de la Biblioteca Nacional del Congreso.

Según Aníbal Pérez, académico de la Escuela de Historia de la Universidad Diego Portales, estos tres plebiscitos tienen características comunes. En primer lugar, son procesos “dirigidos por esta élite, que va a ser la que lidere el ciclo de revolución e independencia”. Asegura que esa élite, compuesta exclusivamente por hombres, “va a ser, más menos, la que perdura durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Sujetos que eran terratenientes, en su mayoría, y algunos sectores que venían de la burocracia del imperio español, que se pasan al bando revolucionario”.

Por lo mismo, Pérez asevera que se buscaba dar legitimidad “intra-élite” a la forma de Estado que se estaba construyendo, y que “estaba en disputa”, además de destacar la inexistencia de un ambiente “competitivo” en la sociedad: “Las decisiones más bien se ratificaban en las urnas, pero lo que había aquí era una negociación política previa, y un acuerdo político previo intra-élite”.

Eso no quita que la población estuviese enterada de la discusión pública. Así lo plantea Cristián Fuentes, “porque ya había periódicos”, como la Aurora de Chile (1812). “Se conocía lo que se estaba conversando, pero efectivamente era una pequeña cocina” la que tomaba decisiones.

La Constitución de 1925

El plebiscito de 1925, para aprobar la Constitución que impulsó el Presidente Arturo Alessandri Palma, estuvo marcado por una antesala de descontento en la población. La “cuestión social” de fines del siglo XIX y principios del XX, un período de malestar para las clases obreras debido al vertiginoso proceso de industrialización, echó a andar un conjunto de movimientos sociales que fueron duramente reprimidos por las fuerzas del Estado.

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“Chile se encontraba en la fase terminal de la república parlamentaria, esa que se inauguró con la derrota del Presidente Balmaceda en la guerra civil de 1891”, explica el historiador y académico de la Universidad de Chile, Sergio Grez. Ese régimen político, que Grez califica de “parlamentarismo sui generis” debido a que se aplicó una “reinterpretación” de la Constitución de 1833, de carácter presidencialista, es otro factor importante para entender este período histórico.

A eso se sumaba, dice Grez, la “maduración a niveles absolutamente críticos de la cuestión social”, con una “proliferación de la pobreza, mortalidad infantil, marginación, el hábitat miserable, etc”, que vino acompañado de la emergencia de un movimiento obrero con “formas más radicales de lucha y representación”.

Y la respuesta del Estado y los estamentos oligárquicos, agrega el historiador, se basaban “en la posición negacionista frente a la cuestión social”, mediante una represión feroz de los movimientos populares. Destaca al menos “cinco grandes masacres” en el marco de esa represión, como la de la Escuela Santa María de Iquique en 1907.

Después de 1907, Grez sostiene que las “élites políticas comenzaron a percibir que solo con represión, el movimiento obrero y popular no iba a ser contenido”. Así idearon una estrategia más “astuta”, otorgando “concesiones, reformas sociales, leyes sociales, y mecanismos de conciliación y arbitraje destinados a envolver y cooptar a una parte de la dirigencia obrera”. Eso explica, en parte, la llegada al poder del “gran presidente reformista Alessandri Palma” en 1920, aunque la represión -y las matanzas de obreros- continuaron.

El gobierno de Alessandri Palma fue turbulento. El Congreso bloqueó sus principales reformas sociales, que sólo avanzaron tras la presión de los militares a los legisladores en 1924, en el episodio conocido como “ruido de sables”.

También hubo dos golpes de estado. Uno a fines de 1924 -que sacó a Alessandri-, y otro a principios de 1925, que selló su retorno. Cuando en 1925 Alessandri Palma volvió a tomar las riendas del país, lo hizo con la promesa de abrir un proceso para redactar una nueva Constitución, a través de una Asamblea Constituyente.

En paralelo al llamado de Alessandri, el Partido Comunista (PC) y la Federación de Obreros de Chile (FOCH) gestaron una “Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales”, conocida también como “la constituyente chica, que sesionó durante varios días en el Teatro Municipal de Santiago desde el 8 de marzo de 1925”, con más de mil representantes, apunta Grez. En esa instancia había un clima de fuertes tensiones internas: cuenta Grez, citando archivos de prensa, que en la última sesión de la Asamblea, la policía tuvo que ordenar el desalojo del Teatro Municipal, por los enfrentamientos que se estaban dando adentro.

Más allá de estos sucesos, Alessandri finalmente desechó la idea de redactar la Constitución en una Asamblea Constituyente de carácter nacional. Terminó designando “a dedo”, recoge Grez, a los miembros de dos comisiones. Una estaba destinada a discutir un anteproyecto de Constitución, y la otra fijaría los mecanismos para su aprobación y posterior ratificación.

La que realmente funcionó fue la que diseñó el texto, que era presidida “ni más ni menos por Alessandri”, que Grez considera un “político muy inteligente”. En la comisión, el mandatario introdujo a representantes de diversos sectores, incluso del PC. Grez confirma que “formó un cuerpo constituyente a la medida de su proyecto”, que era presidencialista, lo que era mal visto por los partidos, que se decantaban por ese “parlamentarismo sui generis”.

Entonces, en la comisión “empezaron a ponerle trabas al proyecto, que no avanzaba”, señala Grez. Pero Alessandri supo dirigir el proceso a través de su liderazgo performático –“él gritaba, amenazaba con que se iba a ir”-, invitando además a un general del Ejército a las sesiones, para meter presión. “Era una amenaza velada de un tercer golpe de Estado en menos de un año”, si es que la nueva Constitución no veía la luz.

Un momento constitucional y una oportunidad

Según el recuento del historiador, la comisión funcionó entre el 18 de abril y el 23 de agosto de 1925, en 33 sesiones, con un promedio de asistencia de 12 personas.

Para ratificar el texto, Alessandri convocó a un plebiscito vinculante el 30 de agosto de 1925 con un mes de anticipación, en el cuál podrían participar sólo hombres mayores de 21 años, inscritos en el registro electoral, y que no fuesen analfabetos. Un total de 296.259 personas estaban habilitadas para votar.

Los ciudadanos tuvieron que elegir entre tres cédulas de voto: la roja de aprobación del proyecto; una azul, que de acuerdo con Grez era “obra de los disidentes, en un bloque de radicales, conservadores y comunistas; mira el bloque curioso”, y que llevaba una serie de proposiciones destinadas a “recortar el poder del Ejecutivo, como por ejemplo, la posibilidad de que el Congreso acusara y destituyera al presidente”; y una blanca que postulaba “buscar otros procedimientos para reestablecer la normalidad institucional del país”, sin otorgar mayores definiciones acerca de cómo esto se haría.

Sólo 134.421 personas asistieron a las urnas, correspondiente a un 45,3% del padrón. De esos votantes, un 94,8% ingresó cédulas rojas; un 4% azules, y un 1,1% blancas.

Para Aníbal Pérez, y a pesar de que esa Constitución buscaba entregar derechos sociales -“pero al mismo tiempo modernizar el carácter represivo del Estado”-, la nueva Constitución no logró desactivar la crisis política de la época. Coincide Cristián Fuentes, quien destaca cómo ese texto no comenzó realmente a operar si no años más tarde, en la dictadura de Ibáñez del Campo.

El ciclo de plebiscitos en dictadura: 1978, 1980, 1988 y 1989

Corría 1977, y con Pinochet instalado en el poder, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución condenatoria hacia el régimen chileno debido a las reiteradas violaciones a los derechos humanos. En respuesta, la junta militar decidió convocar a “Consulta Nacional” en 1978, para preguntar a los ciudadanos acerca de la “legitimidad” del gobierno.

Aquí hay una anécdota interesante: la “jubilación acelerada” del por entonces Contralor General Héctor Humeres. “Le correspondía jubilarse, y el tipo le dijo a Pinochet que él no tenía las atribuciones o el marco general para llamar a un plebiscito, porque en estricto rigor, él aún no era un presidente legal. Entonces rápidamente se aceleró la jubilación de él, colocando a Sergio Fernández, que será después uno de los cofundadores de la UDI y ministro de Pinochet”, relata el historiador Aníbal Pérez.

El ambiente de aquellos tiempos, agrega Pérez, era “relativamente triunfalista”, debido a que la dictadura se encontraba en una suerte de punto alto, gracias a que “hay resultados económicos relativamente positivos, hay crecimiento económico, hay mayor capacidad de consumo y deuda… Las reformas neoliberales están en su peak”.

En la papeleta del plebiscito del 4 de enero de 1978, cuyas opciones eran “Sí” y “No”, se planteó la siguiente pregunta: “Frente a la agresión internacional desatada en contra de nuestra Patria, respaldo al Presidente Pinochet en su defensa de la dignidad de Chile, y reafirmo la legitimidad del Gobierno de la República para encabezar soberanamente el proceso de institucionalidad del país”.

Supuestamente, de unos 5.566.000 votantes, el 78,7% se decantó por el “Sí”, frente a un 21,3% del “No”. Sin embargo, estos resultados han sido puestos en duda, incluso con acusaciones de fraude, al no existir registros electorales, en medio de un panorama de censura a los medios de comunicación y movimientos políticos opositores.

De hecho, para el padrón, puntualiza Cristián Fuentes, la dictadura hacía “una estimación a partir del Censo. Lo mismo en el plebiscito del 80”. Entonces, afirma que no existe ninguna “base” para sustentar las cifras. Más todavía, destaca cómo “hay lugares donde votó más de un 100% del padrón”.

Rafael Sagredo, historiador y académico de la Universidad Católica -que recientemente fue galardonado con el Premio Nacional de Historia 2022- admite que él votó en el 78. Recuerda que no había ninguna plataforma o vía para hacer campaña o difundir la opción de votar “No”. “La gente que votó ‘No’, entre las cuales me incluyo, votó con miedo”, dice, indicando además que la papeleta era traslúcida, por lo que se podía identificar el voto de cada persona. Sagredo va más allá, y cuestiona llamar el hecho un “plebiscito”, decantándose por la idea de que fue, más bien, una “maniobra por la cual la dictadura buscaba legitimarse”. “Llamarlo plebiscito es casi enaltecer al dictador”, sintetiza.

Tampoco existieron registros electorales para el plebiscito del 11 de septiembre de 1980, cuando se ratificó la Constitución Política del mismo año, y que se mantiene vigente hasta hoy. Según los datos de la época, presuntamente votaron más de 6.271.000 personas, triunfando el “Sí” con un 67%. Por entonces, la participación era obligatoria para chilenos y chilenas mayores de 18 años, incluyendo analfabetos y no videntes, además extranjeros que tuviesen residencia legal en Chile.

El contexto económico del 80, rescata Cristián Fuentes, era relativamente optimista. “Los productos importados eran muy baratos, porque el dólar tenía una paridad fija de 39 pesos, pero la industria nacional comienza a desaparecer. Aun así, hay una sensación de que la plata es fácil de conseguir, así como los créditos”.

Pero el escenario para el plebiscito de 1988, en términos sociales, políticos y económicos, cambió completamente. Aníbal Pérez sostiene que el fantasma de la crisis económica del ’82, junto a un renovado movimiento de la ciudadanía, hacía que el marco de la elección diese un vuelco. “La movilización social del 83 para adelante fue tan alta que hizo tambalear a la dictadura. Y es tanto el impacto que tiene eso, que todos los partidos empiezan a reagruparse”, dice.

A ese panorama se sumaron una oleada de presiones externas. “El Departamento de Estado norteamericano, el Vaticano, la Organización Económica de la Comunidad Europea, presionan para que existan normas mínimas y básicas en el plebiscito del 88”, cuenta Pérez. Surgió así “cierto nivel de libertades públicas”, con la reapertura de los registros electorales – luego de la creación del Servel en 1986- y la posibilidad de participar en franjas televisivas.

“El plebiscito del 88 va a marcar el inicio de un clivaje histórico en términos políticos, que es el clivaje dictadura/democracia. Ese es el eje central de la cuestión. Había desconfianza, incluso de las personas que llamaban a votar que ‘No’. Pero no les quedaba de otra: el análisis era que, entre participar y no participar, tenían que participar”, resume Pérez.

En la votación del 5 de octubre de 1988, participaron más de 7.251.000 electores, un 97,53% del total inscrito. El “No” triunfó con un 55,9% de los votos, mientras que el “Sí” se quedó con un 44%.

Un año después, el 30 de julio de 1989, se celebró un nuevo plebiscito, con el objetivo de aprobar 54 modificaciones a la Constitución de 1980, que establecerían un renovado marco legal para la transición a la democracia. Los contenidos de la reforma fueron pactados por el régimen militar junto a los partidos políticos, incluyendo a la oposición -menos el PC, todavía ilegal-.

La participación fue, una vez más, superior al 90%, y el Apruebo se quedó con un 91,2%, según el recuento de la Biblioteca Nacional del Congreso.

“El plebiscito del 89 fue un acuerdo político para reformar algunas de las partes más duras o inaceptables de la Constitución del 80”, dice Sagredo, quien menciona un contexto social con menor polarización, basándose en la alta aprobación que registró la consulta. “Esto te habla de que el triunfo del ‘No’, el triunfo del cambio y de la democracia, y el triunfo de la efectiva ampliación de los derechos, descomprimió el ambiente”.

Cristián Fuentes define la votación del 89 en una frase: “Fue un trámite”

Plebiscitos del siglo XXI: 2020 y 2022

Tuvieron que pasar casi 30 años -y un estallido social- para que Chile celebrase un nuevo plebiscito. Las puertas para estas dos votaciones se abrieron con la firma del recordado “Acuerdo por la Paz” del 15 de noviembre de 2019, en aras de darle una salida institucional a las demandas expresadas en masivas movilizaciones que se tomaron el espacio público.

Ese 15 de noviembre, el Congreso y la clase política pactó consultar a la ciudadanía si deseaba iniciar el proceso para redactar una nueva Constitución, además de ponderar cuál debía ser el mecanismo para hacerlo.

El 25 de octubre de 2020, participaron más de 7.569.000 votantes de manera voluntaria, en un padrón que registraba a cerca de 14.855.000 ciudadanos, lo que corresponde a un 50,9%. Hasta entonces, fue el proceso electoral con mayor cantidad de votos emitidos en la historia de Chile.

La papeleta contenía dos preguntas. “¿Quiere usted una Nueva Constitución?”, fue la primera, donde el “Apruebo” concentró un 78,2% de las opciones. “¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución?”, fue la segunda. Ahí, ganó con un 79% la alternativa “Convención Constituyente”, frente al 21% de la “Convención Mixta”.

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Pasó el tiempo, elección presidencial de por medio, y la Convención entregó la propuesta de texto Constitucional que se votará este domingo 4 de septiembre de 2022. Esta instancia tiene un cúmulo de elementos distintivos, que no se vieron en el plebiscito de entrada de 2020. Quizás lo más importante, y que analistas afirman dificulta los pronósticos de resultados, es su carácter de obligatorio: más de 15.173.000 votantes están convocados.

“Desde el punto de vista electoral, no tenemos un plebiscito con voto obligatorio, e inscripción obligatoria, desde el 4 de marzo de 1973”, dice Cristián Fuentes. “No sabemos cuánta gente va a votar. Hay estimaciones, que van desde los 9 millones y medio hasta los 12 millones y medio. Eso, estadísticamente, es lo mismo que decir que no sabemos”, sentencia.

En general, los cuatro historiadores consultados para este artículo coinciden en que este plebiscito presenta un escenario especial, a pesar de tener algunos elementos de “continuidad” con el resto de la historia chilena.

“Es inédito en la historia de Chile”, afirma Aníbal Pérez, quien lista factores como el proceso paritario y representativo en la Convención, con escaños reservados para pueblos indígenas, además de una serie de “mecanismos de control adecuados que exige una democracia moderna”, como la presencia del Servel, la disponibilidad de fondos públicos para que las personas hagan campaña, y la vigencia de derechos como la libertad de prensa y asociación, en medio de un sistema político multipartidista. “No conozco de un proceso más democrático que éste. Esa es la absoluta particularidad”, sentencia Pérez.

Ahora, en cuanto a la “continuidad”, el historiador releva cómo el proceso devino “desde una movilización social, que es de larga data en la historia de Chile, pero al mismo tiempo se ve el carácter pragmático de las elites políticas cuando ven la movilización social”. En ese sentido, este plebiscito “tiene ciertos aires a la situación del 25”, específicamente porque “el modelo de desarrollo entra en crisis”, mientras grupos de la élite política “están dispuestos a negociar y a reformar el sistema antes de que se caiga”. De todas formas, explicita que esa “continuidad” es “estirando el chicle”, ya que la elección de este 4 de septiembre es “muy particular”.

Según Sagredo, lo que distingue al plebiscito del domingo frente al resto está en las “cuatro condiciones” que definen el proceso constituyente, “que son plebiscito de entrada, elección particular de constituyentes, regla de los 2/3, y plebiscito de salida (…). Eso te garantiza, creo yo, la legitimidad. La voluntad popular hasta ahora ha sido consistente con una sola línea, de que tiene que haber reformas y avances en materia de derechos”.

Las reflexiones de Grez y Sagredo

Desde una perspectiva histórica, pero también en calidad de ciudadanos, tanto Sergio Grez como Rafael Sagredo comparten sus reflexiones en torno al plebiscito del fin de semana.

“El actual proceso constituyente es el resultado de la oposición y la relación, también dialéctica, entre dos fuerzas: primero la rebelión de octubre -que tenía como punto común reivindicaciones sociales que estaban en antagonismo con el modelo neoliberal-, con una exigencia de un proceso constituyente, democrático, participativo, para cambiar el sistema político. Por otro lado, está la fuerza opuesta, que es el noviembrismo. Esto es la reacción de la élite política, especialmente parlamentarias, ante esta irrupción que parecía no detenerse a pesar de la represión estatal, destinada a desviar esta tremenda fuerza social por un callejón lo más inocuo para el sistema. Lo más controlado posible”, opina Grez.

Agrega que el “Acuerdo por la Paz” del 15 de noviembre de 2019 “concedió un proceso constituyente, pero con la cancha rayada por el Parlamento”, debido a las disposiciones de que la Convención sólo podría aprobar normas con un quórum de 2/3, y sin contravenir los tratados internacionales a los que ha suscrito el país, “que son parte de lo que ata a Chile al modelo neoliberal internacional”.

“Aquí estamos frente a un proceso constituyente que sí, es más democrático que los anteriores, hay más participación ciudadana, pero que de comienzo a fin está determinado por este ADN. En el fondo, lo que va a ocurrir el domingo, no es si seguimos o no con la Constitución del 80, reformada en miles de aspectos, si es que gana el Apruebo. Lo que está en juego es el borrador a partir de la cual la casta parlamentaria va a continuar reformándolo. Lo ha dicho desde Boric hasta la UDI”, cierra Grez.

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Por su parte, Sagredo dice “ser de los que piensa que esta representación del plebiscito del domingo como una cuestión dramática, épica, de que gane una u otra opción y se acaba el mundo… No creo en eso. Creo que esa representación es una forma de promover una de las posturas. Es lo más parecido a una campaña del terror, donde por supuesto, si ganara la opción Apruebo, el mundo se viene abajo. No creo que exista eso. El 5 de septiembre va a salir el sol de todas maneras”.

Aprovecha de hacer un paralelo con el plebiscito del 88, afirmando ver “un esfuerzo desesperado de algún sector” y de la “prensa convencional” de instalar esta idea de la “tragedia”, similar también a lo que recuerda de la UP, “con toda esa división terrible”, aunque claro, a una escala mayor a la de hoy.

“Estamos en una época de transformaciones. De adecuaciones de la institucionalidad. De un pacto social a la nueva sociedad que es Chile, que a su vez es parte del mundo occidental, y en donde la dignidad y el respeto, y los derechos de tercera y cuarta generación, y el cuidado de la naturaleza, tienen que estar presentes”, finaliza el Premio Nacional de Historia.