Diferencias de ritmo, puntos ciegos y luchas de protagonismo: el culebreo sin destino en las negociaciones por una nueva Constitución

“Estamos más cerca de un acuerdo de lo que estábamos hace una semana, pero todavía estamos lejos de un acuerdo”. Esta declaración realizada ayer, 06 de octubre, por parte del presidente del senado, Álvaro Elizalde, define con exactitud lo que han sido los diálogos por un nuevo Proceso Constituyente entre el oficialismo y la oposición, en la búsqueda de tener una nueva Constitución.

A principios de semana los dirigentes partidarios tenían la idea de que este jueves finalmente iban a llegar a un consenso. De hecho, el objetivo era llegar a la reunión de este jueves con un documento de consenso para que los interlocutores dieran el “vamos”, a fin de concluir la discusión sobre los bordes institucionales de una nueva Constitución.

Sin embargo, aquel consenso todavía está lejos de ser posible. Eso sí, hay algunos puntos donde las colectividades cuentan con algo parecido a un acuerdo. Uno de ellos es establecer el voto obligatorio para las elecciones que se definan durante el proceso.

Además, habría consenso en que el itinerario no partirá con una hoja en blanco, ya que han acordado otros puntos elementales: mantención de los Estados de Excepción, definición de Chile como un Estado Unitario, resguardar la autonomía de los poderes del Estado, y protección de los emblemas patrios.

Sin embargo, las negociaciones han tenido furtivas disputas paralelas que, hasta el momento, mantienen la incertidumbre de concretar un acuerdo entre las fuerzas políticas para habilitar un proceso para concretar una nueva Constitución. Todo, con la presión de un hito simbólico que gatilló toda esta historia: el tercer aniversario del Estallido Social este 18 de Octubre.

La angustia de un “punto muerto”: la cruzada oficialista por apurar el tranco

Algo que quedó claro en el oficialismo es que el ritual de reunirse todos los jueves y aún no tener un acuerdo  que lucir ante la ciudadanía, los tiene más que cansados.

Primero fue la presidenta del PS, Paulina Vodánovic, quien pidió “avanzar a construir el proyecto de reforma constitucional, a redactarlo, y a tramitarlo en el Congreso con el tiempo oportuno. El Servel ha dicho que tiene 145 días para preparar un proceso electoral”, apuntó.

En tanto, la jefa de bancada de RD, Catalina Pérez, dijo que “es un diálogo que tiene que acelerarse y faltan pronunciamientos claros”, haciendo un emplazamiento directo a Chile Vamos: “¿Estamos o no por un órgano 100% electo por la ciudadanía?”, agregó la diputada.

En esa línea, el representante de Convergencia Social, Diego Ibáñez,  aseguró que las tratativas estaban en un “punto muerto”. “Si no solucionamos esto la próxima semana, es muy difícil que podamos ofrecerle a Chile la certeza de que el Proceso Constituyente continúa”, profundizó.

Fuentes de Apruebo Dignidad reconocen la inquietud de que las negociaciones se sigan extendiendo en lo que ellos leen como una estrategia de la derecha. ¿El objetivo? Que la ciudadanía se aburra del proceso y  de la idea de una nueva Constitución.

Por eso la bajada comunicacional del bloque es que el mes de octubre es el plazo fatal para arribar a un acuerdo y tramitar una reforma constitucional que se zanje a principios de diciembre. Esto, pues el Servicio Electoral necesita de -al menos- 140 días para llamar a elecciones -aproximadamente cuatro meses-. Esa sería la única manera de que en abril se puedan realizar nuevas elecciones de constituyentes.

Por cierto, desde Chile Vamos no acusaron recibo de la premura de sus adversarios. 

Por ejemplo, el presidente de RN, Francisco Chahuán, insistió en avanzar “sin prisas, pero sin pausas”. También respondió tajante al emplazamiento del Frente Amplio sobre un plazo. “Ningún pauteo de fechas. En lo que hay una especie de razonabilidad respecto del tiempo, es que en el 2023 este tema esté cerrado”, zanjó el senador.

En tanto, el Partido Republicano se bajó de toda instancia negociadora. Nunca estuvieron realmente convencidos de abrir el proceso, y ahora enfatizan su oposición a una eventual nueva convención, “mecanismo en el cual hemos fracasado y que no dio resultado”, según dijo Ruth Hurtado, presidenta de la colectividad.

Con todo, la ministra Segpres, Ana Lya Uriarte -suerte de testigo de fe en estos encuentros en representación del gobierno-, abandonó el espacio de conversaciones haciendo una entusiasta afirmación: “mi balance es extremadamente positivo”, dijo, antes de dejar rápidamente la sede capitalina del Congreso Nacional.

Un tono que, en todo caso, dista de las prevenciones realizadas por su par en el gabinete, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, en entrevista con The Clinic: “Hay que resguardar que el Proceso Constituyente no se transforme en una reforma a la Constitución del 80 hecha por el Congreso”.

Los cinco nudos del acuerdo y otros alcances semánticos para la nueva Constitución

En un intento por dar una señal de que las conversaciones sí han tenido algún resultado, el presidente de la Cámara, Raúl Soto (PPD), aseguró que hay “un 80% de avance” en las negociaciones sobre las bases de un nuevo Proceso Constituyente.

Sin embargo, aún quedan algunos puntos pendientes de resolver. Así, los partidos esperan zanjar durante las reuniones bilaterales que sostendrán desde este viernes 07 de Octubre hasta el jueves de la próxima semana, cuando nuevamente se reúnan en el ex Congreso.

El principal nudo que separa a los partidos, y que los distancia apenas por un detalle, tiene que ver con el tipo de Estado que establecerá una nueva Carta Fundamental.

Desde el oficialismo han promovido la existencia de un Estado Social y Democrático de Derecho. Mientras, Chile Vamos tiene sólo una diferencia, aparentemente semántico, pero con un trasfondo ideológico; agregar que aquel Estado sea Democrático de Derecho, pero agregando el concepto “libertades”.

Una discusión que parece mínima, pero que se radica en un segundo punto ciego que divide a los partidos: Chile Vamos quiere asegurar la libertad para elegir el sistema de pensiones, prestaciones de salud y de educación.

En ese sentido, respecto de esta propuesta de Chile Vamos, el diputado Tomás Lagomarsino (PR) acusó que “continuar con aquello avanza en mantener el Estado subsidiario y esa es nuestra línea roja”.

Un tercer nudo que entrampa el diálogo, tiene que ver con otra propuesta de Chile Vamos: la protección de la propiedad privada. Una preocupación que alcanza a los derechos de agua, lo que en el oficialismo también consideran una línea roja infranqueable.

En cuarto lugar, aún está en debate el destino de los fondos de pensiones. Esto, porque Chile Vamos propone sellar que la propiedad de los ahorros previsionales sean estrictamente de los cotizantes.

Una quinto y última traba a resolver pasa por la forma en que se reconocerá a los pueblos originarios en la nueva Constitución. Si bien la intención de Chile Vamos al establecer que el Estado sea unitario pasaba por dejar fuera el concepto de plurinacionalidad, están conscientes de lo incierto de que esta idea no quede reflejada en un nuevo texto constitucional. 

En la vereda oficialista, el presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, explicó que su coalición, Apruebo Dignidad, han defendido que “se tienen que reconocer a los pueblos originarios”, descartando que su lucha se circunscriba al concepto de “plurinacional” en una nueva Constitución. De todos modos, aún resta que los partidos definan el reconocimiento de los indígenas en un nuevo proceso.

Una mesa oficial y otra instancia paralela: la lucha por el protagonismo en el proceso de nueva Constitución

Una curiosidad que tuvo la reunión de este jueves 06 de octubre fue que mientras los jefes de bancada y presidentes de partidos estaban en el hemiciclo del Senado comunicando sus apreciaciones del proceso, en una sala aparte del ex Congreso se reunieron parlamentarios independientes y del PDG con acadèmicos y organizaciones de la sociedad civil. Era una especie de mesa paralela.

La discusión la lideró el senador independiente del comité de RN, Juan Castro, y también participaron diputados del PDG como Yovana Ahumada y Gaspar Rivas. Además, de manera telemática, se sumó el ex candidato presidencial de este partido: Franco Parisi.

Esta instancia paralela fue anunciada el pasado martes 04 de octubre por un grupo de parlamentarios de la DC, PDG, Amarillos e independientes. Sin embargo, según ironizó el diputado Eric Aedo (DC), “no duró ni 24 minutos”.

Resulta que quienes lideraban aquella mesa alternativa eran los senadores falangistas Ximena Rincón y Matías Walker, quienes acusaban que su colega de comité, Francisco Huenchumilla, -partícipe de las negociaciones a nombre de la directiva DC- no los representaba.

Sin embargo, posterior a aquel anuncio, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, se comunicó con ellos para contarles que extenderían la invitación a la reunión de este jueves a los jefes de bancada y presidentes de las comisiones de Constitución de la Cámara y el Senado.

Esto rápidamente desarticuló la mesa paralela, ya que Rincón es jefa de bancada y Walker presidente de la comisión de Constitución del Senado. Así, se demostró el objetivo final del anuncio, según coinciden fuentes partícipes de las negociaciones: presionar para tener parte del protagonismo en el debate.

Además el PDG, mediante su presidente y secretario general, también participaron de la reunión oficial. A su vez, el diputado del movimiento Amarillos Por Chile, Andrés Jouannet, también optó por sumarse a la instancia oficial en vez de la paralela, siendo que el mismo había sido uno de los articuladores de este último espacio.

Así, el nombre de mesa “paralela” cambió rápidamente a “colaborativa”, según señalaban los diputados presentes en el ex Congreso. Por su parte, el diputado Rubén Oyarzo (PDG), explicó: “más que paralela, es una bilateral en la que vamos a escuchar al mundo civil y al mundo académico e independiente que no se está sintiendo representado”.

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