Camila Vallejo: “Hay que resguardar que el Proceso Constituyente no se transforme en una reforma a la Constitución del 80 hecha por el Congreso”

Parte de la vida cotidiana de La Moneda es que la vocera de gobierno, Camila Vallejo, ponga voz y rostro a las ideas que el gobierno busca difundir en la opinión pública, tanto como defensa de los ataques de los adversarios, contener los desaciertos de sus aliados, y reforzar la comunicación de los logros que alcanza el Ejecutivo. Especialmente los días lunes, luego de las reuniones de comité político, instancia de coordinación entre Palacio y los partidos que lo respaldan que, entre sus preocupaciones centrales, se encuentran las tratativas de un nuevo Proceso Constituyente.

En este contexto, la ministra dedica algunos minutos de su siempre ajetreada agenda para recibir a The Clinic en la sede de gobierno, en las dependencias de la Secretaría General de Gobierno -ministerio a su cargo-, pasado el mediodía del martes 04 de octubre.

Los temas son variados, en un país acontecido donde no paran de pasar cositas, tal como dice el argot; negociaciones para un Proceso Constituyente de incierto futuro; un debate por un proyecto de ley de aborto sin causales que no ha sido presentado aún en el Congreso. También los alcances del acuerdo comercial TPP11 y cómo ello tensiona al oficialismo; la crisis de seguridad en la Macrozona Sur; la compleja coyuntura económica a días de presentado los lineamientos del Presupuesto 2023, entre otros candentes tópicos. 

–Ministra, el 18 de Octubre está a la vuelta de la esquina, siendo el tercer aniversario del Estallido Social. ¿Llegaremos a esa fecha con una propuesta concreta para habilitar un nuevo Proceso Constituyente?

-Es importante reconocer que sigue intacta la esperanza de nuestro país por tener un Chile más justo y que se materialice, tanto en una nueva Constitución como en política pública. Después del Plebiscito del 04 de Septiembre, más allá de los aprendizajes y la experiencia vivida, no cabe duda que hoy día el principal desafío lo está asumiendo el Congreso Nacional y los partidos políticos para lograr que se materialice el acuerdo para un nuevo Proceso Constituyente. 

Efectivamente, hay un sentido de urgencia porque la sociedad también necesita certezas de cambio. En ese sentido, es importante que el diálogo que está radicado en el Congreso avance con sentido de urgencia ciudadana, con especial cuidado de que el proceso no se fracture, sino que se vaya consolidando.

–¿Y qué pasa con la ciudadanía que no quiere cambios? Pregunto dada la contundencia del Rechazo en el Plebiscito de Salida: 62%. 

-Son cosas distintas. En todo momento histórico hay grupos que no quieren que nada cambie, pero me atrevo a decir que, independiente del resultado del Plebiscito y una mayoría que quiere cambios, ahora la discusión es qué cambios y cómo se van a dar.

Siempre va a haber un grupo que quiere mantener todo como está, pero lo cierto es que la gran mayoría sí quiere cambios y quiere que el país se desarrolle en mejor forma y que ese desarrollo llegue a todas las personas. Si uno eso lo lleva a lo concreto, se expresa tanto en el marco constitucional, es decir nuestro pacto de convivencia, como también en políticas públicas más inmediatas, que es lo que estamos también empujando nosotros como gobierno. 

-¿La prolongación de esta discusión complejiza de alguna forma la gestión de gobierno? 

-Logramos sacar un salario mínimo histórico con la Constitución actual. También estamos avanzando en una reforma tributaria y en el proyecto de 40 Horas, a pesar de la Constitución del 80. 

No desconocemos que hay dificultades porque implica asumir la realidad y las dificultades que te presenta el marco constitucional, parlamentario, burocrático. Asumiendo esas dificultades, el gobierno ha puesto la pelota en el piso, reordenado sus fuerzas y ha hecho un cambio de gabinete. 

-En el oficialismo se está generando un consenso de que la discusión del nuevo Proceso Constituyente tiene que ir en paralelo entre la discusión de los llamados “bordes”, y el mecanismo para habilitar un nuevo órgano constituyente. ¿Coincide el Gobierno con ese análisis?

-Hoy día cada vez se habla más de bases y de marco de acuerdo, más que de principios o bordes.

-Cierto, profundice en la semántica. ¿Por qué no “bordes”? ¿Cuál es el problema que tiene ese concepto?

-Habría que preguntarle a los parlamentarios, pero más allá de los conceptos, lo de fondo es que todavía predomina la voluntad por llegar a un acuerdo para destrabar esto y darle la garantía a la ciudadanía de que va a haber un camino claro para lograr una nueva Constitución hecha en democracia.

-La discusión de los “bordes” constitucionales versus el mecanismo para elegir otro órgano redactor, ¿tiene que ir en paralelo o es una secuencia de factores como dice la oposición? Se lo pregunto precisamente por la necesidad de certezas de que haya pronto una luz concreta. 

-Eso es parte de la discusión que llevan los partidos y los parlamentarios. Nosotros no estamos señalando ni una pauta de conversación, ni estamos poniendo exclusiones o vetos a conversaciones. De hecho, todo lo contrario. Estamos acompañando el proceso, tratando de cuidarlo también desde la participación y el rol que ha tenido nuestra ministra secretaria de la Presidencia (Ana Lya Uriarte)

El resto es una discusión entre los partidos, donde obviamente nosotros también nos sentimos representados por los partidos oficialistas de las dos coaliciones que han logrado tener harta unidad y consenso en los puntos que han ido planteando en el debate. 

-¿El gobierno es neutral, entonces, en la discusión del orden de factores?

-Lo que estamos haciendo es acompañar el proceso sin ánimo de pautear. Obviamente tenemos una opinión, pero no estamos aquí para poner como elemento de negociación las opiniones del gobierno. Estamos siendo representados por los partidos y ellos son los protagonistas en estos momentos.

–Cuando la derecha introduce en el debate temas tales como resguardar el derecho a la vida, resguardar el derecho de la propiedad. ¿Cómo responde el gobierno? 

-Es legítimo que los distintos sectores políticos tengan miradas y posiciones políticas respecto a los distintos temas constitucionales. Eso creo importante dejarlo claro. Dicho esto, lo que hemos señalado es que hay que resguardar el Proceso Constituyente para no se transforme en una reforma a la Constitución del 80 hecha por el Congreso.

Nos parece que es lo correcto, porque los mismos partidos que estuvieron por la opción del Rechazo plantearon que se requería una Constitución hecha en democracia y no simplemente una reforma. 

-Resguardar el derecho de la propiedad del agua, tal como han sugerido desde Chile Vamos, ¿es a su juicio una de las bases constitucionales para esta discusión? 

-Vuelvo al punto: es legítimo que los partidos tengan opiniones programáticas en torno a las normas constitucionales, pero otra cosa muy distinta es que se termine pauteando totalmente al órgano constitucional. 

¿Usted confía en la voluntad de Chile Vamos de generar una nueva Constitución, tal como lo comprometió el sector antes del Plebiscito?

–Confío en lo que se ha expresado públicamente, que es la voluntad de llegar a un acuerdo para una nueva Constitución. Hay que partir también del principio de buena fe, que lo que se ha expresado termine siendo una acción constante en el marco del diálogo y de las conversaciones para llegar a un acuerdo. 

-A propósito de los dichos de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, sobre la idea del impulsar un proyecto de aborto sin causales, la derecha ha dicho que ese tema enreda el diálogo constituyente. ¿Fue un buen timming del gobierno abrir ahora esa discusión? 

-Nunca va a ser un error, ni debiese ser un problema, el que el gobierno o un actor político quiera abrir un debate sobre los derechos de la mujer, particularmente los que afectan a su salud, en este caso salud sexual y reproductiva. Si no, es entrar en la misma lógica de la cultura de la cancelación. 

Es totalmente legítimo y oportuno que se discuta con las mujeres sobre sus derechos, y quien enreda las conversaciones no es el gobierno. Si algunos quieren condicionar esto al tema constituyente, es justamente una demostración de que se quieren enredar las discusiones.

-Imagínese si realmente Chile Vamos tiene la intención de mezclar ambas cosas, debate constituyente y el aborto sin causales, mientras el gobierno tampoco tiene un proyecto de ley concreto sobre el cual discutir…

-Sería caer en la pretensión de llevar al gobierno a una censura permanente y eso no lo vamos a permitir, sería llevar a la interdicción que el gobierno no puede opinar sobre sus políticas. Que el gobierno no pueda trabajar sobre su programa es de un extremismo inaceptable.  

“No podemos pretender que la solución a los temas de seguridad vayan a estar radicados sólo en Estados de Excepción”

-El senador DC, Francisco Huenchumilla, acusa que no visto diferencias en la gestión del gobierno ante la crisis en la Macrozona Sur, respecto a lo obrado por la ex Concertación o la derecha. ¿Cómo responde ante esa crítica?

-Hay que escuchar la opinión del senador como de otras autoridades parlamentarias porque nos ayuda a mejorar, pero también es importante contrastar. En ese sentido, nosotros no solamente hemos empujado una estrategia distinta y con mayor inteligencia respecto a los temas de orden y seguridad en la zona, sino que también estamos desarrollando un plan que busca consolidarse como política de Estado en la Ley de Presupuesto 2023, que es el Plan Buen Vivir. 

“Es importante que el diálogo que está radicado en el Congreso avance con sentido de urgencia ciudadana, con especial cuidado de que el proceso no se fracture, sino que se vaya consolidando”.

Además, hemos estado trabajando en la preparación de los diálogos políticos que van a ser fundamentales para la solución de un conflicto que es histórico; todo eso puede tener mejoras y puede fortalecerse. En ese sentido, la opinión del senador es bienvenida para lograr mayor unidad y cohesión en resolver temas que son complejos. 

-Huenchumilla acusa que el gobierno ha enfatizado mucho en lo que él conceptualiza cómo gestionar la “platita”. Pero el tema político de fondo, que es la restitución de tierras y territorio, ha sido una materia un tanto ausente.

-Pero tenemos una ejecución casi el 100% en tierras. 

-¿Ejecución de este año? 

-Desde que hemos avanzado de manera considerable en lo que es la compra de tierras y que estaba muy frenada respecto al gobierno anterior,  eso en el marco del Plan Buen Vivir. ¿Es suficiente? No, no es suficiente porque estamos también hablando de territorios con diálogo político y eso hay que profundizarlo mucho. 

Hemos avanzado en restitución de tierras y hemos avanzado en la ejecución de compra de tierras de manera importante. Hay que mejorar los mecanismos, pero de que se ha avanzado, se ha avanzado. 

-Asumiendo que es un fenómeno complejo que ha trascendido gobiernos, ¿cuándo veremos alguna señal de solución para la crisis de la Macrozona Sur?

-Estamos logrando perseguir y detener a bandas. Hoy día ya había un anuncio sobre una banda relacionada con robo de madera. De hecho, promulgamos la ley para el robo de madera que permite fortalecer la persecución de ese delito y está teniendo resultado. También aumentamos de manera considerable los recursos para la persecución del crimen organizado a través de los Consejos Regionales contra el Crimen Organizado. 

Lo que esperamos en este período de gobierno es que también tengamos avances respecto al diálogo político. Este gobierno no va a resolver todo el problema, obviamente, pero queremos dejar un camino avanzado, institucionalizado, de resolución de este conflicto histórico. 

-Usted no hace mención a la implementación de los Estados de Excepción en la Macrozona Sur. ¿Qué fórmula definitiva va a tener el gobierno para garantizar la seguridad en la Araucanía? 

-Volviendo a poner la pelota en el piso, no podemos pretender que la solución a los temas de seguridad vayan a estar radicados sólo en Estados de Excepción o en el proyecto de infraestructura crítica, por más que avancemos en cuanto se rinda al Congreso una herramienta. No es el tema de fondo. 

El problema de fondo es tener una política de Estado que haga desplazar o disminuir de manera considerable el delito y el crimen organizado, para garantizar mejores condiciones de seguridad humana. Por otro lado, una política de Estado que nos permita institucionalizar canales de conversación y de diálogo político que aborden el tema del conflicto histórico. 

–¿Y cómo se resuelve en el día a día a la crisis de seguridad en la Macrozona Sur, si no es con Estado de Excepción?

-Primero con Inteligencia. El Estado de Excepción es pensado principalmente para la protección de rutas y  para asegurar también la vida de las personas. Pero lo que requerimos es ir a las bandas criminales que se organizan para generar hechos delictuales. Por eso los consejos contra el crimen organizado, que se están fortaleciendo con la Ley de Presupuesto para mejorar y fortalecer sus capacidades, es una herramienta de Estado más permanente que nos permitiría prevenir a futuro que sigan cometiendo delitos. 

Y por otro lado, resolver los temas más de fondo, porque también las desigualdades y la pobreza estructural donde no hay agua potable rural,  y que en ciertos lugares no llegue la luz, también son situaciones de violencia estructural que hay que enfrentar.

-Quiero precisar si, en cambio, se va a impulsar algo parecido a lo que fue el proyecto de infraestructura crítica, por ejemplo. 

-El Ministerio de Interior ha estado trabajando en eso. Tuvimos una discusión en su momento respecto a la Infraestructura Crítica y ahí tenemos una opinión. Eso lo está preparando el Ministerio del Interior. 

-¿Para este gobierno ha sido muy complicado en sus convicciones aplicar los Estados de Excepción o reforzar la institución de Carabineros, instituciones o figuras legales con las cuales fueron muy críticos en el pasado?

-Evidentemente, hemos sido críticos cuando se utilizan las instituciones de de la Fuerzas Armadas para violar Derechos Humanos. Lo que nosotros estamos realizando, sin abandonar nuestra crítica al funcionamiento y al uso que se ha hecho por parte de estas instituciones, es justamente reforzar la labor que deben tener en un Estado de Derecho; sus capacidades, los instrumentos de fiscalización, y los contrapesos que requieren para su buen funcionamiento. 

-En algún momento se enfatizaba en refundar Carabineros. Sobre eso se hablaba en la campaña presidencial...

-Pero refundar, reformar, al final también es otra discusión semántica. Nosotros estamos en una discusión de reforma de la institución de Carabineros que creemos necesario, porque no solamente necesitamos más policías, sino que una mejor policía con más capacidades y que logren cumplir realmente el objetivo para lo que están. 

En eso los mismos Carabineros señalan requerir ayuda para eso, entonces no se trata aquí de hacer desaparecer las instituciones. Tampoco desprestigiarla. Todo lo contrario, es volver a poner en alineación lo que es la función de responsabilidad de Carabineros y de las policías en general, con los intereses de la ciudadanía, que son los intereses del Estado. 

(TPP11) “Todos los países se han dado cuenta que tienen derecho a definir su propia estrategia de desarrollo”

-¿Hay convicción en este Gobierno sobre impulsar el acuerdo del TPP11?

-Tenemos una convicción que es la estrategia de excluir los mecanismos resolución de controversias en este tratado, creemos que ahí está la centralidad. Como gobierno queremos empujar una estrategia de desarrollo productivo sostenible para el Siglo 21 y no extender la vida útil de mecanismos que creemos que están obsoletos a nivel internacional.  De hecho, estos tribunales ad hoc están en retroceso a nivel mundial. 

Nueva Zelanda dio un ejemplo concreto de eso, excluyendo de varios de sus acuerdos comerciales los tribunales ad hoc, porque justamente ponen una situación desigual a los inversionistas respecto a los Estados y generan un enfriamiento regulatorio que es complejo. 

En una lógica de un desarrollo industrial sostenible, no necesitamos reafirmar estos mecanismos que van en retroceso en el mundo, porque todos los países se han dado cuenta que tienen derecho a definir su propia estrategia de desarrollo. 

–Una precisión en la estrategia de los llamados side letters. ¿Eso va a ser una excepción para algunos países del TPP11, o es la estrategia ante el tratado completo?

-En el marco de acuerdos multilaterales que involucran a distintos países, se permite hacer acuerdos entre dos países para decir que nosotros nos excluimos de la aplicación de ciertos aspectos de este acuerdo porque consideramos que es necesario y conveniente para nuestros países. 

Esa es la estrategia, pero lo de fondo es que los mecanismos de resolución de controversias, que es lo que queremos excluir del TPP 11 para la aplicación en Chile, es una discusión que avanza en el mundo. 

-¿Por qué? 

Porque se dice que no le extendamos la vida útil a mecanismos que están empezando a quedar obsoletos, en el entendido de que cada vez son más los países que quieren desarrollar sus propias estrategias de desarrollo. 

-De no funcionar la estrategia del gobierno ante las Side Letter, ¿Hay una posibilidad que no se suscriba finalmente el TPP11? 

-Es la definición de gobierno, lo hemos conversado con el Comité político y en eso está la Cancillería en lograr los acuerdos bilaterales. Hay antecedentes de esto como lo hizo Nueva Zelanda. Están esas conversaciones que esperamos tener resueltas, y todo el acuerdo resuelto, antes de que el Presidente tenga que notificar a los depositarios sobre la ratificación del tratado.

–¿Y cuándo será eso?

-Son metas más que plazos. Es natural, pasa en mucho acuerdos, que tienen distintos tiempos de demora, pero es una atribución exclusiva del Presidente ese acto de notificación, después de la tramitación en el Congreso. Esa es una definición de gobierno. 

-Donde sí hay harta división es precisamente en el oficialismo sobre este acuerdo. ¿Teme que esta discusión termine fracturando la convivencia entre Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático? 

-Más que entre las dos coaliciones a nivel del Senado, hay parlamentarios con la misma militancia que tienen opiniones distintas. Entonces, no es un tema entre Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático. Hay posiciones distintas en el Partido Socialista e incluso la Democracia Cristiana. 

-Pero es en Apruebo Dignidad donde hay una unanimidad crítica respecto al proyecto. 

-En Apruebo Dignidad la oposición es más clara y común respecto al TPP11, pero lo importante es que hay algo que nos une en esto; la exclusión de los tribunales ad-hoc de los mecanismos de resolución y controversias, para justamente evitar lo que se llaman los enfriamientos regulatorios. Y nosotros queremos fortalecer aún más nuestras regulaciones en materia medioambiental y en materia de políticas sociales. 

“Sería llevar a la interdicción que el gobierno no puede opinar sobre sus políticas. Que el gobierno no pueda trabajar sobre su programa es de un extremismo inaceptable”, dice la ministra Vallejo ante las críticas de la derecha por abrir el debate sobre un eventual proyecto de aborto sin causales.

Hay una discusión internacional respecto al problema de los tribunales ad hoc, donde además sólo pueden demandar los inversionistas, no los Estados.

-Su partido, el PC, ¿está cuadrado con esto? El TPP11 no está en el programa, lo que es de alta sensibilidad para la militancia comunista. 

-Justamente la estrategia de los side letters está en el programa.

-No así el TPP11.

-Nosotros no lo estamos ni apoyando ni empujando. El TPP no está en nuestro programa. Lo que sí está nuestro programa, textualmente, es la solicitud de Chile de excluir de estos tratados los mecanismos de resolución de controversias. Ahí tenemos una claridad programática absoluta y por eso estamos empujando ese compromiso en el marco de esta discusión.

(Pensiones) “No es neoliberal exigir un reconocimiento al esfuerzo individual”

–En las exposiciones que ha hecho el ministro Mario Marcel sobre la Ley de Presupuesto 2023, reconoce que el último trimestre “va a ser el año más difícil de todos”.  ¿Es viable un programa de transformaciones en un contexto económico así de complejo?

-El ministro Mario Marcel está en este gobierno para facilitar y garantizar las condiciones económicas para la implementación del programa y eso es lo que ha estado haciendo y está teniendo resultado. Por ejemplo, tenemos un manejo del balance estructural importante.

Otra cosa es el contexto internacional, lo que puede hacer el mismo Banco Central. Pero en lo que respecta a nuestro gobierno, él ha tenido un buen manejo de la situación. Esperamos obviamente que pasemos la fase más difícil y empecemos una normalización de la economía. 

La Ley de Presupuesto está justamente pensada desde un punto de vista contra cíclico para reactivar la economía, generar empleo, generar mejores condiciones para seguir avanzando también en el programa. Estamos optimistas de que vamos a salir adelante. 

-La reforma Tributaria es central para financiar…

-La reforma tributaria es central, tanto en sí misma como en lo que pretende financiar. En sí misma, porque busca hacer justicia tributaria y hacer que los que más tienen paguen más. Porque es lo justo y es lo que nos permite estar alineados con los países de la OCDE. 

Y en segundo lugar, porque busca, entre otras cosas, financiar la Pensión Básica Universal o la PGU universal de $250.000 que está alineada, además, con la Reforma Previsional. 

-Sin embargo, la reforma tributaria es un proyecto en trámite y el gobierno carece de mayorías en el Congreso. Si se rechaza, ¿qué va a hacer el Gobierno?

-No tenemos mayoría en términos matemáticos, cierto. Pero en términos de los desafíos que tenemos como país, podemos lograr consensos y acuerdos en la medida que logremos poner en el centro las prioridades ciudadanas. En eso esperamos que no esté sólo el oficialismo, sino que también haya sectores de oposición que en su acción puedan también unirse a este desafío que es tener un sistema de pensiones de verdad, una reforma tributaria justa y tener jornadas laborales más dignas. 

-¿Cuál va a ser el destino de la cotización individual extra que se ha dicho incorporará la Reforma Previsional que se enviará al Congreso? 

-Vamos a tener un sistema mixto donde está el componente de la capitalización individual, y se va a crear un nuevo aporte que no existe actualmente. 

Se crea un nuevo aporte, que es el aporte del empleador, y con ese aporte van a salir todos beneficiados, principalmente los que están en la clase media y la clase más baja.

-¿Pero el trabajador podrá optar por el destino de esa cotización extra?

–Es que el aporte extra funciona como un seguro social ante los vaivenes. O sea que independientemente que tú te quedes desempleada o desempleado. 

-Es decir, habrá un fondo común, más allá de lo que se diseñe…

-Entonces es altamente conveniente como está diseñado para la gente, para justamente reconocer su esfuerzo. El reconocimiento del esfuerzo lo hace el Estado con los $250.000, con la administración que se elija para la cotización individual, para mejorar la pensión con el ahorro propio y con el aporte del empleador que también está pensado para mejorar las pensiones. Lo más importante es que debiese tener un efecto inmediato en el aumento de las pensiones. 

-¿Y por qué en las encuestas concluyen que la opción mayoritaria es que la cotización extra se siga direccionando hacia la cuenta individual de los cotizantes?

-Tiene que ver con que la gente tenga claro que el diseño está pensado para mejorar las pensiones, eso es lo más importante. Y que sea transparente, que haya trazabilidad, que la gente sepa dónde están los recursos, cómo se van a mejorar las pensiones futuras y que realmente el sistema que está diseñado garantice el reconocimiento del esfuerzo de las personas, que es la centralidad de la propuesta.

-Es que da la impresión que el individualismo que se le adjudica al sistema neoliberal de las últimas tres décadas, permeó en este punto en los cotizantes…

-No es neoliberal exigir un reconocimiento al esfuerzo individual, es el reconocimiento del valor del trabajo de la gente. Eso no es propio del neoliberalismo.

-¿Y no sería más progresista compartir entre todos ese esfuerzo?

-Pero es que en el trabajo obviamente hay esfuerzos compartidos. Uno no trabaja en general solo, pero darle valor al trabajo y que se reconozca el trabajo de todos en la sociedad, es súper importante. El problema que tenemos ahora es que con la AFP y con el modelo extremo de sólo capitalización individual, no hay reconocimiento al esfuerzo realmente. Principalmente hay lucro con el esfuerzo de las y los trabajadores.

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