“Telefonazo” de Maite Orsini: las consecuencias a las que se expone la diputada tras polémica llamada a generala de Carabineros

El llamado de la diputada Maite Orsini a la generala de Carabineros Karina Soza -directora del departamento de DD.HH. de la institución- le está generando distintos coletazos a la parlamentaria, que será llevada a la comisión de Ética de la Cámara por el diputado Jorge Alessandri (UDI), para esclarecer si existió tráfico de influencias en la llamada.

La llamada ocurrió luego de que el exfutbolista Jorge Valdivia fuese detenido y llevado a la 37º comisaría de Vitacura. Tras esto, según reveló la propia generala a La Tercera, Orsini la llamó para comentarle que Valdivia pretendía presentar acciones legales por apremios ilegítimos, por lo que derivó el caso.

Además, antes de darse a conocer el llamado, la expareja de Jorge Valdivia, Daniela Aránguiz, acusó que Orsini “habla con fiscales para sacar a gente de detención (…) Sé que Jorge (Valdivia) estuvo detenido, porque lo tomaron detenido en la calle, y ella lo sacó”.

Por este último hecho, la misma diputada anunció por su cuenta de Twitter acciones legales. The Clinic consultó a cercanos a la diputada sobre estas acciones, quienes aseguraron que ya se tomó la decisión sobre contra quién presentar la querella, pero no precisaron si esta ya había sido ingresada.

“Estas acusaciones son absolutamente falsas y fueron desmentidas hoy (ayer miércoles) por el mismo medio en el que fueron emitidas. Me parecen gravísimas e iniciaré acciones legales al respecto. Miles de personas confiaron en mí y, por ello, no puedo dejar lugar a dudas sobre mi integridad política”, escribió ese día la parlamentaria. 

Además de esto, la diputada presentó una autodenuncia en Fiscalía para que el órgano investigue los dichos de Aránguiz y pueda esclarecer los hechos, con la intención de demostrar la falsedad de los dichos.

Según fuentes consultadas por The Clinic, la autodenuncia fue ingresada el recién pasado miércoles 1 de marzo, aunque no hay claridad sobre en qué área del Ministerio Público fue interpuesta. De todos modos, fuentes de Fiscalía consultadas por este medio aseguraron que, hasta este jueves, el documento aún no aparecía en el sistema.

Respecto del llamado de Orsini a la generala Karina Soza, por parte de la oficina de comunicaciones de Carabineros, aseguraron a The Clinic que no se referirán al tema. Sin embargo, desde el departamento de DD.HH. de la institución comentaron que está en evaluación el envío de un comunicado refiriéndose a lo denunciado.

Sobre la citación que se hará a la comisión de Ética el diputado Jorge Alessandri -presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana, en la que Orsini también participa- comenta que “el lío sobre su vida personal no nos interesa. Acá lo que queremos es que la comisión pueda preguntar a la generala de Carabineros si es que le pidieron un favor o una ‘paleteada’. La idea simplemente es dilucidar si es que hubo tráfico de influencias o no”.

De todas formas, la situación de la legisladora por la autodenuncia, la citación a la comisión de Ética y la posibilidad de la existencia de tráfico de influencias abre distintos caminos judiciales y políticos en su contra.

El camino de la autodenuncia en Fiscalía

Respecto de la autodenuncia que realizó Orsini en Fiscalía -cuyo contenido sigue sin revelarse- el órgano persecutor debe iniciar una investigación para analizar la eventual existencia de un delito por parte de la diputada.

El abogado penalista Ignacio Moya, del estudio Nexo Abogados, explica que esta acción “es para que se investigue un hecho en particular” y que “se inicia de inmediato la investigación”. 

La figura de la autodenuncia está tipificada en el artículo 179 del Código Penal. Ahí, se explica que “quien hubiere sido imputado por otra persona de haber participado en la comisión de un hecho ilícito, tendrá el derecho de concurrir ante el Ministerio Público y solicitar que se investigue la imputación”.

Tras la autodenuncia de Orsini, el fiscal nacional, Ángel Valencia informó este jueves que solicitó un informe. Además, aseguró que la acción impulsada por la parlamentaria ante el Ministerio Público no es una cuestión “extraordinaria”.

“Requerí un informe sobre esta situación, pero no tengo todavía mayores antecedentes. Una vez que lo hayamos podido revisar, podremos tomar alguna revisión si corresponde, en mi competencia como fiscal, nacional hacerlo. (…) Cuando haya algo más que comunicar lo podremos hacer”, dijo la autoridad del ente persecutor a T13.

“La autodenuncia es un mecanismo que se encuentra establecido en la ley y cada ciudadano puede hacerlo en la medida que mejor le parezca. No es una cosa extraordinaria”, agregó.

Desde el gobierno, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte subrayó que el desenlace de las acusaciones contra la diputada de RD está en manos de la justicia.

“La opinión que tengo es bien simple: La propia diputada ha decido cuál va a ser el ámbito en que esa resolución, esa definición se va a tomar y es la justicia. Así que no voy a comentar nada más”, expresó la secretaria de Estado.

“Nosotros tenemos un tremendo aprecio por todos los parlamentarios y parlamentarias (que) representan a las personas que votaron por ellos, por tanto todos tienen un origen profundamente democrático, lo cual merece todo nuestro respeto. Y en relación a la situación particular, nosotros le dejamos a la justicia la definición, que la propia diputada decidió que así fuera”, complementó.

El tráfico de influencias y la posibilidad de un desafuero

Frente a las acusaciones de un supuesto tráfico de influencias, el abogado penalista explica a The Clinic que la diputada podría ser imputada por el inciso 2 del artículo 248 bis del Código Penal, que tipifica ese delito.

Aquel inciso tiene que ver con que la militante de RD haya ejercido su influencia en otro empleado público, “con el fin de obtener de éste una decisión que pueda generar un provecho para un tercer interesado”.

Según explica Moya, la pena de este delito podría ser de 3 años y un día hasta 10 años de cárcel. Sin embargo, precisa que “en este caso primero debe ser desaforada y eso es difícil, ya que tiene fuero parlamentario”.

La ínfima consecuencia de la comisión de Ética

En el ámbito político, la citación a la comisión de Ética de la Cámara podría traer otro tipo de sanciones a Orsini. Sobre esto, Alessandri aclara que contactarse con funcionarios públicos “es parte de la pega, lo hacemos todo el rato como con gente del MOP, por ejemplo. La diferencia es cuando uno llama para pedir algo para un amigo o cercano, eso queremos que se investigue”.

El militante UDI, eso sí, explica que una posible sanción por parte de la comisión contra Orsini es el único camino posible. Esto, porque “es imposible demostrar en juicio si es que hubo tráfico de influencias. Esta cuestión es sólo mediática”, afirma el diputado.

A esto, añade que “la comisión de Ética a lo más puede darle una multa de $300 mil, que no es demoledor, pero es una señal”.

El presidente de la comisión de Ética de la Cámara, Nelson Venegas (PS), también se refirió a la solicitud del parlamentario de la UDI y explicó el proceso a seguir. 

“Si llega a la comisión de Ética se tienen que revisar todos los antecedentes. Habría una falta si es que este hecho efectivamente se hubiera producido, porque está dentro de la mala utilización que tiene que ver un cargo de diputado para tratar de influenciar acciones que son totalmente jurídicas”, dijo a The Clinic. 

“A ninguna autoridad le corresponde ejercer presiones en ese sentido”, sentenció.

Si bien el socialista asegura que existen hechos relacionados con la vida privada de Orsini en esta situación, precisó que en caso de demostrarse una eventual irregularidad es necesario que la comisión de Ética revise los antecedentes del caso. 

“Esto está dentro de la intimidad de cada uno de los diputados y soy absolutamente respetuoso, hasta cuando efectivamente pudiera existir una vulneración de la ley. En ese sentido, yo creo que efectivamente es revisable por parte de la comisión de Ética”, puntualiza.

Sobre las posibles multas que la legisladora de RD pudiera recibir por parte de la comisión de Ética, Venegas explicó que la máxima sanción sería un descuento del 15% de su dieta parlamentaria.

El diputado Raúl Leiva (PS), compañero de Orsini en la comisión de Seguridad Ciudadana, dice que “hay una delgada línea que separa esto de un tráfico de influencias. A partir de lo que se sabe, ella lo que hizo fue proteger a la institución siendo proactiva en el contacto. Los hechos ya habían ocurrido según se señala, entonces, como fue ex-post el contacto, no se intervino en el operativo o protocolo policial”.

Por su parte, Andrés Jouannet (Amarillos) dice que es normal mantener contactos con funcionarios públicos, pero que “yo no haría nunca un contacto de ese tipo si es para alguien conocido. Sólo si es por algo realmente grave”. De todos modos, asegura que “yo no creo que esto sea para ir a Ética, porque ya hay una autodenuncia”.

En esa línea, cuenta que “cuando yo era intendente hubo un agricultor que tuvo un accidente grave y yo lo que hice fue poner a la familia en contacto con Carabineros. Finalmente lo rescataron en helicóptero. Pero es un caso distinto, porque había una vida en peligro”.

---