Columna de Juan Ignacio Latorre | Crisis de las Isapres: ¿Cómo llegamos hasta aquí?

La situación actual de las Isapres es, antes de todo, su propia responsabilidad. Han hecho del abuso una manera habitual de actuar, sea por alzas de precios, no pago de licencias, exclusiones de cobertura o términos de contratos. Durante más de una década la justicia le ha dado la razón a las personas, sistemáticamente sancionando estos abusos. Sin embargo, el modelo de negocio basado en los abusos ha continuado.

Chile es una excepcionalidad a nivel internacional, permitiendo que seguros privados de salud, con fines de lucro (Isapres), administren el 7% de la cotización obligatoria, sustituyendo al organismo público en esta función (FONASA). En la mayor parte de los países del mundo existen seguros privados, pero estos actúan como seguros de segundo piso que complementan la cobertura universal de un ente público.

Este modelo ha llegado a un punto de inflexión sin vuelta atrás. La crisis tiene al menos dos dimensiones: crisis jurídica-institucional y crisis financiera.

En primer lugar, tenemos la crisis jurídica-institucional. Los reiterados fallos tanto del Tribunal Constitucional como de la Corte Suprema indican que las características esenciales del modelo no son admisibles para el marco jurídico vigente. Un ejemplo claro de esto son las tablas de factores, que entre otras cosas discriminan por sexo, lo que en la práctica genera que por el solo hecho de ser mujer, han tenido que pagar una prima mayor que los hombres durante decádas.

En segundo lugar, existe un grave problema financiero en el sistema privado de la salud, el que está claramente vinculado a las pérdidas derivadas del incremento en el acceso a prestaciones de salud y licencias (observado desde el año 2021 como recuperación de las atenciones pérdidas en el marco de la pandemia en el año 2020). Sin embargo, es importante destacar las ganancias excepcionales que obtuvieron las Isapres en el año 2020, producto del no uso de servicios por sus afiliados, sumado a todo lo recaudado en las décadas anteriores.

En 2019, la Superintendencia de Salud emitió una circular que generó una tabla única de factores de riesgo, luego de casi una década del Tribunal Constitucional derogara la tabla de factores. En 2021, se promulgó la ley 21.350 que regula la reajustabilidad de los planes de las Isapres para poner fin a los abusos expresados en alzas sistemáticas e injustificadas en los precios de los planes de salud. Con estos cambios en el marco regulatorio, los controladores decidieron, una vez más, no ajustar su modelo de negocios.

Por último, se suma el fallo de la Corte Suprema el año 2022 que indica que ante la existencia de una única tabla de factores de riesgo, cuya aplicación debe ser de carácter universal para todos los contratos vigentes. Además, el fallo aclara que no es posible realizar cobros adicionales por cargas menores de 2 años y señala que las Isapres no pueden incrementar el factor de ajuste de riesgo de las personas a medida que envejecen. Sumado a esto, se indica que la Superintendencia de Salud deberá aclarar los montos y mecanismos por los cuales las Isapres devolverán los cobros en exceso a los afiliados, debido a la no aplicación de lo anteriormente descrito desde abril del 2020 a la fecha. El monto alcanzaría los $1.400 millones de dólares, el cual se adeuda mayoritariamente a mujeres: precisamente las más perjudicadas por los cobros en exceso.

Lo anterior tiene varias implicancias. En lo fundamental se entrega una señal clara de que se debe dar una solución integral a las personas. Existe una clara responsabilidad de las Isapres en cómo llegamos hasta aquí. La responsabilidad de nuestro Gobierno y del Congreso es ahora avanzar en soluciones de corto y mediano plazo que logren generar un nuevo marco legal para sentar las bases de una tan esperada reforma a la salud. Ningún salvataje o perdonazo va a resolver esta crisis que es profunda. De una vez por todas tenemos que hacernos cargo del tema de fondo.

* Juan Ignacio Latorre, senador y presidente de RD. Integrante de la comisión de Salud del Senado.