Violencia, déficit en Gendarmería y poca infraestructura: las cifras de la sobrepoblación penal en Chile

Las alertas sobre la crítica situación penitenciaria en Chile se vienen levantando desde hace tiempo. La transgresión a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y el escaso control para detener el ambiente de violencia al interior de los centros penitenciarios son solo algunos de los hechos que se han denunciado en los últimos años. Pero esos problemas, dicen quienes conocen esa realidad, tienen un desencadenante: la sobrepoblación penal que, actualmente, se sitúa en un 115,9%.

Gendarmería, según su último informe actualizado el 30 de abril de 2023, contabiliza a 48.407 personas privadas de libertad. Una cifra que evidencia un hacinamiento en el sistema penitenciario chileno, que cuenta con una capacidad para 41.762 reos.

Tan solo en 2022 el número de personas recluidas creció en 5.961. En enero de 2022, Gendarmería contabilizaba a 39.683 internos, mientras que en diciembre del mismo año la cifra aumentó a 45.644.

El ministro de Justicia, Luis Cordero es consciente del crecimiento en la población penal y explica a The Clinic que se debe a dos razones: “En el último año ha aumentado rápidamente la cantidad de personas encarceladas por la aplicación de legislación más punitiva y por el aumento considerable del tiempo que pasan los imputados en prisión preventiva”.

Son 18.784 las personas imputadas en prisión preventiva, según información de Gendarmería, de las cuales 16.942 son hombres y 1.842 mujeres.

El problema es que las proyecciones advierten de un crecimiento sostenido. Según el presidente nacional de la Asociación de Gendarmes de Chile (Agech), Pablo Jaque el sistema penitenciario podría superar los 50 mil internos este año.

“Hay ausencia de Estado en el sistema penitenciario y hoy tenemos un escenario distinto en materia de delincuencia. La ciudadanía está exigiendo más mano dura, más prisiones preventivas, pero el sistema penitenciario, que está hecho para 42 mil y que ya está superando los 50 mil, o que va a superarlo en el corto plazo, no está en condiciones de absorber todas esas prisiones preventivas”, relata a The Clinic.

Pero eso no es lo único que lo aqueja. Para el dirigente, el gran problema de la sobrepoblación son las diversas consecuencias que genera al interior de los centros penitenciarios.

“Mientras no tengamos la infraestructura adecuada para segregar a la población penal, no tengamos la cantidad de funcionarios que se debieran tener al interior de los patios… esperamos que esta situación no se salga de las manos”, expresa con preocupación.

Tres funcionarios para 250 internos

De los 78 centros penitenciarios listados por Gendarmería en el registro de uso de capacidad según diseño, la institución cifra en 50 los establecimientos colapsados, con más del 100% de su capacidad utilizada.

El orden de los diez centros penales con más población es el siguiente: CDP Tal Tal (362,5%), CCP Copiapó (263,6%), CDP Limache (211,9%), CDP Santiago Sur (206,3%), CDP Yumbel (205,3%), CDP Tocopilla (205,1%), CCP Linares (198,5%), CCP Curicó (183,5%), CDP Talagante (175,3%) y CCP Parral (171,9%).

La región que lidera la lista de recintos con sobrepoblación penal, en tanto, es Atacama (194,6%). Le sigue el Maule (162,6%), Valparaíso (143,9%), Ñuble (133,2%) y la Metropolitana (129%).

Esas cifras, alerta el presidente nacional de la Agech, representan la dificultad para controlar a la población penal, sobre todo por la falta de gendarmes, específicamente los que se desarrollan en trato directo, es decir, efectuando la custodia de las personas privadas de libertad.

“El hacinamiento significa el aumento en número de la población penal respecto de las cantidades de funcionarios que hoy están custodiando en trato directo a la población penal”, comenta, y agrega que “tenemos algunas unidades penales en donde para una población de 250 internos hay uno, dos o tres funcionarios como máximo efectuando la custodia”.

Uno de esos centros penitenciarios es Santiago I, que tiene una crisis de sobrepoblación. “Es una unidad penal que ya está superando los sobre cinco mil internos”, precisa Jaque. En ese recinto, que cuenta con 4 mil plazas, según información oficial de Gendarmería, hay 4.989 personas privadas de libertad, lo que representa una sobrepoblación del 124,7%.

Desde Gendarmería informaron a The Clinic que, actualmente, trabajan un poco más de 20 mil funcionarios en la institución, de los cuales alrededor de 14 mil son uniformados. Explican también que el 75% del personal que trabaja en régimen cerrado -poblado con personas que cumplen condenas de reclusión de 24 horas- desarrollan labores directas de fiscalización y control.

Y si bien desde la institución aseguran que cada año se incorporan contingentes de funcionarios uniformados, aumentando la dotación de Gendarmería, para Pablo Jaque sigue siendo insuficiente.
 “Lamentablemente necesitamos a más funcionarios para controlar a la población penal”, subraya.

Las dificultades para detener el crimen organizado

Otra de las consecuencias producidas por la sobrepoblación penal es la dificultad para segregar a las personas privadas de libertad según sus niveles criminológicos, que se dividen en baja, mediana y alta peligrosidad.

“Evidentemente cuando los espacios se están achicando producto de este hacinamiento vamos sometiendo a la población a un contagio criminológico, y eso nos hace mucho más complejo a nosotros tener el control de la unidad penal”, dice el presidente de la Agech.

El mismo diagnóstico tienen desde la Defensoría Penal Pública, desde donde han impulsado acciones que apuntan al resguardo de los derechos y garantías de las personas imputadas y condenadas, como también al monitoreo y resguardo de las condiciones carcelarias que les afectan.

Sandra Haros, abogada de la unidad de defensa especializada del departamento de estudios de la Defensoría Penal Pública, plantea que la sobrepoblación penal puede tener un impacto significativo en las personas privadas de libertad, empeorando las condiciones de vida, directamente en la salud física y mental de los reclusos. El quinto estudio de condiciones carcelarias realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) -con información recogida en 2019-, muestra un deterioro en muchos estándares para las personas privadas de libertad, como la falta de camas y de servicios higiénicos.

Así mismo, Haros explica que la sobrepoblación puede llevar a un aumento de la violencia y la delincuencia dentro de los centros penitenciarios ya que, en muchos casos, “la población recluida está expuesta a más conflictos, peleas y comisión de delitos”.

Para intentar detener a las bandas criminales que operan al interior de las cárceles, se ha implementado el Plan Nacional de Seguridad Penitenciaria contra el Crimen Organizado, junto con el trabajo de los Departamentos de Inteligencia y de Investigación criminal (DIP y DICRIM), respectivamente. Entre las medidas adoptadas está la realización de operativos de registro y allanamiento.

Sin embargo, advierte Jaque, mientras no exista una segregación criminológica “es muy poco lo que puede hacer el personal de Gendarmería respecto de los eventuales delitos en los que puedan seguir incurriendo”.

Ante ese problema, apunta a la necesidad de impulsar medidas de seguridad, como la implementación de tecnología para inhibir la señal telefónica al interior de las cárceles, y de contar con establecimientos penitenciarios segmentados, con regímenes completamente diferenciados al resto de la población penal.

“A estas alturas deberíamos tener construidos centros penitenciarios para bandas criminales de alta peligrosidad”, afirma e insiste: “No tenemos el control suficiente para poder controlar a todos los internos”.

Ampliación y construcción de cárceles

Para el ministro de Justicia, la sobrepoblación penal es parte de un problema histórico, que tiene que ver con la descontinuación del plan de infraestructura penitenciaria. “Ello ha desembocado en la grave situación actual, ya que la construcción de penales es por lo general de largo plazo, por lo que tenemos que rápidamente retomar el proceso y, en el intertanto, adoptar medidas paliativas”, señala.

Desde Gendarmería plantean un diagnóstico similar: “Esto es una problemática histórica del sistema penitenciario, que se viene agudizando en la última década, dado que desde el año 2012 no se ha aumentado la capacidad para tener personas privadas de libertad”.

Frente a ese escenario, entre agosto y septiembre de este año se pondrá en funcionamiento pleno el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Concepción, para más de 1.600 personas (actualmente se utiliza la mitad de las plazas). A fines del próximo año, en tanto, comenzará a ocuparse el Centro Penitenciario de La Laguna, en Talca, para más de 2.300 personas.

En junio, además, el Ministerio de Justicia dará a conocer un plan más amplio de infraestructura, que contemplará habilitaciones de penales, construcciones de nuevos módulos y nuevas cárceles en distintas regiones, con un cronograma de corto, mediano y largo plazo.

Pero el plan del gobierno no solo apunta a la habilitación de infraestructura. Según el ministro Cordero, el gobierno está reformulando la política penitenciaria, con el fin de abordar las distintas dimensiones del problema.

En concreto, la estrategia apunta a avanzar en “condiciones de dignidad” para quienes están privados de libertad; mejoramiento en las condiciones laborales de los gendarmes y los equipos profesionales de apoyo; enfrentar los problemas de criminalidad que se producen intramuros o que se generan hacia fuera de la cárcel; y que se logre abrir posibilidades efectivas de reinserción social.

Asimismo, desde Gendarmería también han dispuesto de una serie de acciones para abordar la crítica situación penitenciaria, como la renovación de equipamiento e implementos de seguridad de uso personal para el trabajo de vigilancia y operativo, y el aumento de la flota vehicular de la institución.

El presidente de la Agech destaca los avances: “El presupuesto de Gendarmería es súper limitado para la compra de elementos de seguridad para los funcionarios. Han habido algunos avances en esta administración, sí, se valoran, sí“. Sin embargo, plantea que aquellas acciones “siguen siendo insuficientes”.

Los problemas de la reinserción y la violencia tras la sobrepoblación penal

La falta de acceso a atención médica y servicios de salud mental adecuados para las personas privadas de libertad también es una de las consecuencias de la sobrepoblación penal, según la Defensoría Penal Pública.

“Los reclusos pueden tener que esperar largos períodos de tiempo para recibir atención médica, lo que puede agravar cualquier problema de salud existente”, dice Sandra Haros.

Esa misma alerta levantó a principios de mayo el defensor nacional Carlos Mora, ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticas de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En un encuentro que se realizó en Washington, Estados Unidos, el director del servicio público denunció que más de un centenar de personas privadas de libertad en Chile con antecedentes psicológicos o psiquiátricos deben esperar un cupo de atención o internación en un hospital.

Pero esa no es la única problemática que preocupa a la Defensoría Penal Pública. La sobrepoblación, dice la abogada, también puede limitar la cantidad de tiempo que los reclusos pueden participar en actividades educativas o laborales, “lo que puede afectar negativamente su bienestar emocional y su capacidad para rehabilitarse antes de recobrar su libertad”.

El presidente de la Agech concuerda con ese diagnóstico: “No existen los espacios suficientes para poder llevar a cabo planes y programas en materia de reinserción social, que también tiendan a hacer un cambio en la conducta de la población penal”.

El último estudio de reincidencia de Gendarmería, en el que se estudió a la población penal del año 2016, arrojó un índice de reincidencia delictual del 42,9%.

“Si como país no entendemos que el fin último de la pena es un proceso de rehabilitación penal, lo que vamos a tener al término de la condena es a un ciudadano que va a la calle a delinquir nuevamente”, advierte Jaque.

A ese problema, dice, se suma la violencia en contra de los funcionarios de Gendarmería, la que -asegura- ha aumentado durante el último tiempo.

“En Arica, hace un par de meses, un interno fue directamente a agredir a un funcionario. Hay agresiones que se dan en el contexto de la función propia que tiene el funcionario de evitar que entre bandas se provoquen daño físico. Nosotros tenemos esa obligación de evitar peleas o que existan muertes al interior del penal, pero cuando ya vemos que un funcionario derechamente fue atacado con un elemento cortopunzante por un interno, eso da cuenta de que se está instalando un nivel de violencia hacia nuestro personal que nos preocupa”, comenta Jaque.

El hecho al que hizo alusión el presidente de Agech ocurrió a principios de marzo, en la cárcel de Arica, donde un gendarme sufrió un ataque con un estoque por parte de un reo, tras intervenir en una riña en un módulo de la unidad. El hecho motivó a una movilización de los funcionarios de esa unidad penal, en protesta de lo ocurrido.

Desde Gendarmería dicen estar conscientes de la afectación del personal ante la sobrepoblación penal, por lo que detallan una serie de instancias que se han levantado para intentar abordar esta problemática.

Entre ellas, destacan el programa Abrazando el Buen Vivir y el financiamiento que ha entregado el departamento de Bienestar y Calidad de Vida para mejorar, por ejemplo, la calidad de espacios de trabajo del personal.

Para el presidente de la Agech, no obstante, el escenario del sistema carcelario en Chile se sigue visualizando con complejidades, sobre todo porque la situación respecto a la sobrepoblación penal es crítica.

Pero, pese a todo, es claro en algo: “No hay ninguna cárcel hoy en Chile que esté tomada por la delincuencia”.