Ministerio de Energía está bajo la lupa de Fiscalía: investigan presunto tráfico de influencias tras denuncia anónima

Un presunto tráfico de influencias en el Ministerio de Energía es el que hoy investiga la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte. Una indagatoria que responde a una denuncia anónima que se centra en contratos irregulares entre funcionarios del gabinete del exministro Claudio Huepe y empresas eléctricas.

Una situación que habría ocurrido durante la tramitación del proyecto de ley que en 2022 creo un fondo de estabilización para las cuentas de las luz (N° 21.472), una iniciativa que el gobierno del Gabriel Boric tramitó con urgencia el año pasado, según detalla Ciper.

La PDI solicitó, a través de un oficio entregado el 29 de septiembre, al ministerio de Energía el registro de todas las reuniones de lobby en que estuvo presente el Claudio Huepe y también el listado de las citas en que participó Gabriela Maríquez Roa, la abogada que estuvo a cargo la coordinación legislativa del proyecto. Por lo mismo, también se pidió todas las reuniones entre la fecha de su nombramiento y el 2 de agosto de 2022.

Ante la consulta de Ciper, el ministerio aseguró que “no tiene información de que alguno de los funcionarios que actualmente trabajan en el ministerio estén siendo investigados” y que “el oficio recibido a fines de septiembre solicita información del exministro y una funcionaria que en ese momento sí desempeñaba funciones en el ministerio, pero que presentó su renuncia el 23 de noviembre de 2022 y que se hizo efectiva el 01 de enero de 2023”.

Este miércoles, a través de información enviada a Emol, Energía detalló cronológicamente los procesos asociados a la investigación y aseguraron su “completa colaboración” con el proceso.

Tras el oficio enviado por la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana de la PDI el pasado 29 de septiembre, el 30 del mismo mes, el ministerio entregó “la totalidad de los antecedentes solicitados y manifestó su completa colaboración con la investigación”. Además, se instruyó un “sumario administrativo a la funcionaria Gabriela Manríquez Roa, la que, a esa fecha, desempeñaba funciones en la Subsecretaría de Energía, para establecer la eventual existencia de responsabilidad administrativa en lo referente a la obligación de desempeñar la función pública con estricto apego al principio de probidad”.

El pasado 21 de noviembre, a través de la Resolución Exenta de “la Subsecretaría N° 209, se resolvió el sobreseimiento del sumario administrativo instruido. Posteriormente, con fecha 23 de noviembre de 2022, la funcionaria presentó su renuncia”.

El ministerio confirmó que la investigación a cargo de Paulo Ramírez sigue activa “pero con diligencias en curso”. “Aún no han llegado los resultados de la orden de investigar, por lo tanto no hay antecedentes que se puedan compartir por ahora”, explicaron.

En los meses de febrero y abril de 2023, “la Policía de Investigaciones requirió nuevos antecedentes al Ministerio de Energía, los que fueron oportunamente entregados en su totalidad”, especifican desde la cartera que hoy lidera Diego Pardow, en su comunicado.