Columna de Jorge Navarrete y el Proceso Constitucional: Jugando nuevamente con fuego

El fracaso del proceso constitucional de la anterior Convención, y que dio lugar al inapelable resultado electoral del pasado 4 de septiembre, fue un duro golpe para el gobierno y las izquierdas. Fue en ese contexto, donde se inició una difícil y asimétrica negociación, donde la derecha -reacia al proceso, pero con el poder político que le confirió el pronunciamiento ciudadano- impuso inapelablemente sus términos para darle una segunda oportunidad al proceso. Con más resignación que entusiasmo, el oficialismo suscribió un acuerdo que incluía bordes, expertos y árbitros, sabiendo que era la única opción a la que podía aspirar en este nuevo escenario.

Pese a las nuevas condiciones de posibilidad a los que obligaba el escenario político, no era una decisión fácil; pues, en los hechos, la derecha podría legitimar democráticamente en las urnas un texto constitucional similar o más conservador que el actual, pero esta vez firmado por el Presidente más de izquierda en los últimos 50 años.

Como si fuera poco, y mientras terminaba el trabajo de los expertos, la elección de los nuevos consejeros fue otro gran golpe para las huestes progresistas, amén de otros damnificados en la derecha. Los que se negaban a continuar con este proceso -cuestión que no disimularon en la campaña- tuvieron un triunfo arrollador, transformándose paradojalmente en los protagonistas de esta nueva deliberación.

Y mientras la izquierda y la derecha tradicional aún no se recuperaban del golpe, fue el propio Kast quien intentó dar garantías de la vocación de su partido, lo que resumió en la frase “esperamos que la nueva propuesta deje conforme a la mayoría de los chilenos, no a la mayoría del Partido Republicano”.

Pero rápidamente esta sentencia contrastó con la borrachera política de algunos consejeros electos -con Silva como uno de los más embriagados-, lo que anticipaba que el vértigo del triunfo de algunos, como la desazón por la derrota de otros, nos empujaría a una insospechada paradoja: por una parte, quienes resistieron las condiciones de borde del acuerdo, eran ahora quienes más los agradecían; y, por la otra, los que ayer impusieron todo tipo de límites, hoy los consideraban un freno a su sorpresiva supremacía.

Fue así como, esta semana, y liderados por Republicanos, la mayoría del Consejo proponía varios centenares de indicaciones, donde destacaban el reponer las restricciones para interrumpir el embarazo, darle un tratamiento infraconstitucional a los tratados internacionales de DD.HH., limitar el derecho a huelga, modificar lo acordado en materia de paridad de género o consagrar a nivel constitucional la industria de las AFP y las Isapres, por nombrar las más comentadas.

Adicionalmente, los Republicanos tampoco estaban indemnes al populismo y, en boca de uno de sus voceros más erráticos, anunciaban la intención de disminuir a la cantidad de diputados; lo que, de mantener la regla de no menos de 3 ni más de 5 cupos por circunscripción, en los hechos significaría -a propósito de meter la mano en la urna- que el sufragio de un ciudadano de la región de Aysén valdría ocho veces el voto de una persona en la Región Metropolitana.

Como sea, es importante recordar que Republicanos y la derecha tienen toda la legitimidad democrática para imponer sus términos como mayoría política, de la misma forma que la tuvo la izquierda en la anterior Convención, pese a la entonces amarga queja de quienes hoy reivindican ese derecho. El problema no estriba ahí, sino en las condiciones necesarias y copulativas para lograr la aprobación ciudadana de una nueva Constitución en condiciones todavía más adversas que las de antaño.

Cuando Boric advirtió a los Consejeros sobre no cometer los mismos errores en los que incurrió la anterior Convención, no estaba necesariamente pensando en cuidar las formas y evitar los estrafalarios excesos -no de manera preferente, digo- sino en la tentación de toda mayoría por imponer un texto que, además de no representar a muchos, terminara por marginalizar a los otros.

Pues bien, es justamente lo que la derecha está a punto de consumar, ya que no sólo pretenden incorporar reglas que, más que arbitrar, hacen que el partido deba jugarse sólo de cierta manera; sino también pretenden vulnerar que una mayoría futura pueda modificar dichas normas. Sólo así se explica la pretensión de reponer los 2/3 para reformar la carta fundamental y revivir el control preventivo del Tribunal Constitucional; ya que son justamente estos cerrojos lo que están en el centro de los problemas de legitimidad de la actual Constitución, y fue la razón por la cual hace muy poco un amplio espectro político redujo el quorum de reforma a la mayoría calificada de los 4/7.

Sospecho que muchos Republicanos, incluyendo a varios en la derecha, no pueden sino advertir los riesgos que todo esto implica, más todavía en un escenario donde prima la pulsión por votar rechazo en el próximo plebiscito de salida; ya que una de las razones de lo último, es el permanente incumplimiento de las promesas de la actividad política, la que es percibida como una suerte de asociación de clubes, más preocupados de sus privilegios y prebendas, sumidos en la permanente reyerta, e incapaces de postergarse para lograr acuerdos en beneficio de las mayorías ciudadanas.

Pero el cálculo político puede ser todavía más espurio, en la medida que muchos en la derecha pueden estar húmedamente pensando en forzarnos a la disyuntiva de optar por una nueva Constitución, más conservadora y restrictiva, o finalmente quedarnos con la actual; suponiendo, de manera torpe y peregrina, que se anotan un triunfo histórico y definitivo.

Nada de aquello. Si ese fuera finalmente el desenlace, lo más seguro es que se imponga el rechazo, agudizando la polarización y la falta de entendimiento, azuzando a los sectores más radicales de uno y otro lado que jamás han creído en la contención institucional, y prolongando una fractura política, social y económica, que tarde o temprano se tendrá que abordar nuevamente y quizás en condiciones muy diferentes a las actuales. Adicionalmente, un rechazo al texto constitucional protagonizado y liderado por la derecha en general, y Republicanos en particular, pone en cuestión la capacidad de gobernabilidad futura que dicho sector requiere, si es que efectivamente desea conducir con algo de éxito los destinos del país en el futuro.

Y aunque es cierto que quienes ayer fueron los rostros materiales e intelectuales de la primera farra constitucional, tienen poca autoridad política y moral para exigir ahora más moderación, la ausencia de ésta pudiera llevarnos al descalabro, lo que sí es una cuestión que nos concierne a todos.

*Jorge Navarrete P., abogado.