Columna de Francisco Cox: Las externalidades negativas del Caso Convenios

Se ha dicho que el Caso Convenios es un misil a la línea de flotación del gobierno. Y no hay mucha duda de que lo es. El que en las entrañas del gobierno se haya generado esta situación que tienen tintes de aprovechamiento indebido de recursos públicos corroe uno de los capitales políticos más enarbolados por la nueva generación. Una que venía a gobernar con prácticas distintas a las anteriores. Parece inútil intentar jugar al empate.

El que existan asignaciones de fondos millonarios a familiares, amigos, parejas y exparejas de gobiernos anteriores, en el mejor de los casos, lo que hace es equiparar a la nueva forma de gobernar con la antigua. Esto redunda en una defraudación evidente del discurso y proyecto transformador con el que se llegó a gobernar. A saber: somos distintos a los anteriores y superiores moralmente porque venimos a erradicar viejas prácticas.

Pero me parece que hay ciertas consecuencias que son igualmente -o más preocupantes- y lamentables que el desafío que el cual tiene por delante al gobierno. El primero de ellos es que lamentablemente se sedimente en Chile, por un periodo muy prolongado, que las generaciones más jóvenes no están capacitadas para gobernar y que son más de lo mismo.

El Presidente obtuvo una votación alta y ello fue posible porque logró convencer más allá de su núcleo duro. Si bien algunos de los que votaron por él pueden haberlo hecho en rechazo a la alternativa, también creo que muchos votaron por él por su carisma, su actitud republicana en momentos críticos como cuando en medio del Estallido, y contra la voluntad de su partido, firmó el acuerdo que hizo posible el proceso constituyente.

Lo mismo ocurre cuando fue el único miembro de oposición que concurrió a la mesa por la niñez a la que invitó el Presidente Piñera. Sin embargo, también creo que hubo un porcentaje no menor de gente que lo hizo porque era el líder de una nueva generación. Una que iba a cambiar ciertas prácticas de la política y que, a diferencia de las eternas promesas y “jóvenes” de la Concertación, no esperaron que les entregaran el poder si no que se lo ganaron. Lo tomaron y se le debía dar una oportunidad.

El Caso Convenios defrauda esa expectativa. Por eso, aún de resultar exitosa la estrategia de mostrar situaciones similares del gobierno del Presidente Piñera, la conclusión de la ciudadanía puede ser lapidaria para esta nueva generación que llegó al poder tan rápida y exitosamente: son todos iguales.

En una encuesta reciente la gente ha dicho que todos los partidos políticos están involucrados en el Caso Convenios. Con esto, quizás ha sido efectiva la estrategia de develar casos de la administración anterior. Pero, no por ello exitosa si se interpreta como éxito el mantener viva la posibilidad de entregar la banda presidencial a su sector.

Si se consolidad la percepción de que son todos iguales y por lo tanto no es bueno alternar, me parece que sería muy lamentable para el país. Es positivo para una democracia la alternancia y la renovación de sus políticos. Dicho cambio permite que se incorporen nuevas miradas y estrategias de conducción del país. Así se cambian prácticas burocráticas como el “siempre se ha hecho así.”

Los jugadores repetitivos tienen pocos incentivos para cambiar las prácticas. Y se ve con mucha reticencia su cambio o revisión, ya que se ha sido participante de su consolidación. Sin duda no todas las prácticas estatales son ilegales o negativas. Pero, incluso de las que no lo son parece importante estar abierto a revisarlas cada cierto tiempo para ver si siguen cumpliendo algún objetivo beneficioso.

Pero otra consecuencia lamentable del Caso Convenios es la constatación de la fragilidad de la institucionalidad estatal para repeler la infiltración por personas con intereses económicos espurios. Esa porosidad es una señal de alerta para un tema que es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía: el avance del crimen organizado.

Tanta permeabilidad, con la información que contamos hasta ahora, a los intereses de gente que se incorporó al Estado -con la voluntad de desviar millonarios recursos económicos hacia sus cercanos- es preocupante en el contexto de criminalidad organizada que está comenzando a vivir en Chile.

La incorporación dentro de las agencias del Estado de gente que destinan recursos puede estar mostrando lo fácil que sería para el crimen organizado meter gente de su organización. O, colaboradores de ellos en el aparato estatal. O quizás no vean necesario la incorporación de miembros suyos en las agencias estatales, sino que buscarán la forma de corromper a los que están. Esto ya que pareciera ser que hay miembros dentro del aparato estatal que estarían disponibles para avanzar sus intereses económicos por sobre el interés público.

El crimen organizado está atento a las rendijas por las cuales se puede meter. O a quienes puede corromper para poder expandirse y ejercer el control de un territorio o un área de la economía ilícita. La organización criminal necesariamente requiere la colaboración de funcionarios del Estado.

Esta colaboración muchas veces adopta dos modalidades o bien un modo activo. Esto es una participación directa en delitos, por ejemplo, deteniendo, asesinando o desapareciendo a rivales del grupo o personas que no acatan sus mandatos. La otra forma es que adopta la colaboración de funcionarios estatales a través de la omisión de cumplir con las funciones del cargo. Entre ellos, no fiscalizar, no detener o no investigar las actividades ilícitas del grupo.

Estas externalidades negativas que se derivan del Caso Convenios son preocupantes. La única forma de evitarlas es que exista una exhaustiva investigación y una adecuada sanción a los responsables.