Gobierno responde a dichos del Contralor: afirman estar “disponibles” a colaborar pero acusan falta de “jurisprudencia” sobre el caso Crispi

Este lunes, el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, se refirió a las ausencias del jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (RD), a las citaciones que ha recibido a la comisión investigadora del Caso Convenios, que indaga sobre las firmas entre entidades estatales con fundaciones privadas.

El jefe del órgano fiscalizador apeló al exdiputado, diciendo que “tenemos que darle traslado a esa persona para que nos diga por qué razón está exceptuado de este control. Por qué razón esta persona no tendría que comparecer a esta comisión. Por qué razón no estaría sometido a este control que es propio de un estado democrático“.

Además, ante el argumento que ha dado el Ejecutivo para que Crispi se excuse de participar (la condición de su contrato, que es a honorarios), señaló que “la tendencia de la Contraloría, por lo menos bajo de mi gestión, ha sido el que uno tenga que atender a la función que se desempeña más que a la denominación. No es tan relevante, para efecto de derechos y de deberes, la denominación que pueda tener una determinada fórmula contractual“.

El Gobierno respondió -mediante la vocera subrogante, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara,- a la apelación del Contralor.

“Estamos plenamente disponibles para responder todas las consultas que traslade el contralor“, dijo Jara, precisando que “lo que ha ocurrido es que no se ha contado con los antecedentes que La Moneda pueda entregar al respecto de las razones que puedan estar motivando esta decisión”.

A eso, la secretaria de Estado sumó que “no hay mucha jurisprudencia sobre esta materia“, refiriéndose a los casos en que asesores del Gobierno hayan sido citados a instancias de comisiones investigadoras del Legislativo. De hecho, Jara citó un caso ocurrido en 2015, en el que, ante la poca definición que tenían los legisladores al respecto, decidieron enviar un cuestionario escrito.

El caso anterior corresponde al de la exministra Segpres y, por aquellos años, jefa de gabinete de la expresidenta Michelle Bachelet, Ana Lya Uriarte (PS), a raíz del Caso Caval.

Por último, Jara destacó que “somos muy respetuosos de las decisiones del Contralor cuando esta se adopte en definitiva y nos sea comunicada por vía formal“.