La crisis que vive Atacama y el Mineduc por el paro de profesores: más de la mitad de establecimientos están sin clases

“No ha fallado el gobierno, ha fallado el Estado“, decía la semana pasada el ministro de Educación (Mineduc), Nicolás Cataldo (PC), por la situación que afronta Atacama con sus establecimientos educativos dependientes del Servicio Local de Administración Educativa (SLEP): de los 78 que contempla la región, 46 están en paro por sus profesores, afectando, según cálculos del Mineduc, a más del 30 mil alumnos.

“El Estado tampoco se gobierna solo. El Estado no se manda solo“, replicó el gobernador de Atacama, Miguel Vargas, durante la mañana de este martes al líder de Educación –en Tele13 radio-, que le toca enfrentar un nuevo problema en su cartera desde que asumió en agosto (con anterioridad tuvo la tarea de deponer la paralización que auspiciaba el Colegio de Profesores).

Y es que la situación que afecta a la región del norte del país lleva más de cincuenta días, lo que ha llamado la atención por los efectos que podría generar en los estudiantes y en la concreción de su año académico. Dicha preocupación se suma a los malos antecedentes en materia educacional, dados a conocer en el Simce 2022.

La paralización nace a raíz de la solicitud de los profesores de los colegios de mejoras en infraestructuras para los establecimientos, las que han sido calificadas como “pésimas“, además de las múltiples quejas y acusaciones de devolución de “favores políticos” al momento de otorgar cargos públicos.

De hecho, el antiguo director del SLEP, Carlos Pérez, fue suspendido en 2022 por mala gestión. Lo llamativo, sin embargo, es quien asumió como director subrogante, Pedro Lagos, tras ser un informe elaborado por el Mineduc, debió renunciar, luego de que se notificase el traspaso de $44 mil millones sin respaldo. La situación abrió causas en el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y en la Contraloría.

“Hay una responsabilidad del ministerio y tiene que asumirla”

El gobernador Vargas señaló este mismo martes que la región fue un “conejillo de indias” de la implementación de los SLEP. Lo anterior porque precisamente Atacama fue el piloto de los 11 SLEP que actualmente rigen, siendo de las primeras localidades que vio esa modificación dada por la ley 21.040, de 2017 bajo el mandato de la expresidenta Michelle Bachelet.

En ese sentido, la máxima autoridad regional señaló que “hemos sufrido las consecuencias de ello”.

Sobre la paralización, Vargas sostuvo que el problema de infraestructura se viene arrastrando desde hace tiempo. “Hace años que no se invierte en infraestructura pública aquí en la región y estamos viviendo las consecuencias de esa dejación”, criticó.

Sobre los dichos de Cataldo, el gobernador trasladó las culpas al Ejecutivo. “El ministerio es el responsable de las políticas públicas a nivel nacional y en cada una de las regiones. Obviamente que hay responsabilidades más específicas (…). Eso tendrán que definirlo en el propio ministerio”.

La última jugada del Mineduc en la región la realizó la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, con el propio Vargas, en donde acordaron un cronograma de obras y de mantención de los establecimientos SLEP de la región, en donde estaba Arratia hasta la semana pasada.

Transversalidad en diputados de Atacama

Diputados de Atacama de las bancada independiente-PPD, socialista y de Renovación Nacional salieron a referirse al hecho durante la mañana de este martes en el Congreso.

“Entramos a un nivel de desesperación de angustia y de desilusión”, dijo el diputado Cristián Tapia (Ind.-PPD), quien interpeló al jefe del Mineduc por su presencia en la región el pasado 13 de septiembre, en donde “se comprometió a hacer trabajos básicos que todavía no se concretan“. Tapia además solicitó al presidente de la Cámara, Ricardo Cifuentes (DC), una sesión especial en la instancia para conversar sobre la problemática.

A sus dichos le secundó la vicepresidenta de la Cámara, Daniella Cicardini (PS), quien sostuvo que “necesitamos captar la atención de nuestro gobierno para poder darle rapidez a la solución y que podamos tener el reingreso de clases rápidamente en nuestros alumnos”, a lo que sumó una detención en los programas SLEP “hasta que se haga una mejora en nuestra legislación vigente“.

Por su lado, la diputada Sofía Cid (RN) apuntó a que los problemas no están en los recursos, sino en la gestión de los mismos SLEP que “han devuelto 6.000 millones de pesos anuales al erario nacional“.