La ruta de los dineros de ProCultura: las cuatro aristas por las que podría avanzar la investigación en Antofagasta

El pasado 17 de noviembre, la Fundación ProCultura anunció el cese de sus funciones. La medida, dijeron, respondía al “irreparable daño patrimonial y reputacional que produjo el cuestionamiento político y comunicacional a nivel nacional producto de algunos casos asociados a la asignación de recursos públicos a diversas fundaciones”.

La organización -que estuvo dirigida por el psiquiatra Alberto Larraín– estaba involucrada en diferentes aristas del caso Convenios. Una semana antes, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) había terminado los contratos que implicaron más de 500 millones de pesos en Antofagasta, que deben ser devueltos por la ONG al Estado.

Ahora, como publica La Tercera, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidió a la Fiscalía realizar cuatro diligencias investigativas en torno a la entidad, a la que se le imputa fraude y malversación de causales públicos.

Así, el pasado 8 de noviembre, el CDE envió al fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar, un oficio en el que se asegura que las acciones de ProCultura “constituyen a lo menos una presunción grave de la eventual distracción de recursos públicos”.

Por ello, el organismo solicitó -en primer lugar- al Ministerio Público pesquisar -a través de distintas instituciones especializadas- la ruta del dinero de la fundación. Esto, porque no se encontraron fondos en las cuentas bancarias de ProCultura y se cree que hubo irregularidades en los convenios celebrados.

A la Fiscalía también le pidieron requerir a la Unidad de Análisis Financiero un “levantamiento patrimonial de ProCultura y su directiva”. Además, requirieron que el Servicio de Impuestos Internos (SII) entregue información sobre la fundación y su directiva. Lo mismo exigieron en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

También, lo pidieron en el caso de los bancos y mutualidades. Lo que se busca es determinar si la entidad mantiene cuentas, chequeras y boletas de garantía o si tiene acreencias en alguna institución.

A la vez, exigieron autorización judicial para realizar el levantamiento del secreto bancario “desde al menos el 29 de diciembre de 2022 hasta la fecha efectiva de entrega de información”.

Los $873 millones perdidos de ProCultura

En el documento, el CDE alega -para sustentar sus solicitudes- que el Minvu terminó anticipadamente los convenios con ProCultura. Según el ministerio, se habían advertido “una serie de incumplimientos e irregularidades”.

A eso se suma, además, la querella presentada por el Gobierno Regional de Antofagasta por apropiación indebida de fondos. Y, también, que existen causas en contra de la fundación en Puerto Montt, Coyhaique, Concepción y Punta Arenas.

Agregan que el CDE ya había intentado retener fondos por irregularidades en tratos con la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Pero eso no resultó: no había dinero en la cuenta.

El foco de la solicitud es que “sólo en la región de Antofagasta ha sido requerida extrajudicialmente por la suma total de $873.002.500, desde Seremi, Minvu y Gore. Fondos que no restituyó y que incluso, no mantiene saldo alguno en la cuenta corriente dispuesta para, supuestamente, custodiar dichos recursos”.

Las irregularidades en Valparaíso

Recientemente, el diputado de RN, Andrés Longton, interpuso una denuncia en contra de ProCultura ante la Fiscalía Regional de Valparaíso. El parlamentario acusa que existen “actos posiblemente delictivos relacionados con fraude al fisco, malversación de caudales públicos y otros”.

Esta acción tiene su origen en las irregularidades detectadas por Contraloría en convenios suscritos con el Gobierno Regional de Valparaíso para un proyecto sobre murales.