Fiscalía evalúa el caso pensiones de gracia y RN presenta denuncia: Los delitos que se buscan comprobar tras entrega de cuestionado beneficio

El caso de las pensiones de gracia sigue generando controversia en el Gobierno. El Ministerio Público activaron una investigación al respecto para ver si hay algún acto constitutivo de delito. Mientras, en Renovación Nacional presentaron una denuncia.

Según informó La Tercera, el organismo comenzó a realizar diligencias para ver los antecedentes que se manejan al respecto y evaluarán si el informe de Contraloría es un insumo que da cuenta de irregularidades administrativas. Aunque indicaron que se requiere un análisis más acabado al respecto.

Igualmente, no han identificado algo constitutivo de delito. Pero, no descartan que la revisión pueda arrojar que algunas antecedentes hayan sido falseados para postular a una pensión de gracia. También que estos hechos conllevaran a la realización de otorgamientos fraudulentos.

Fiscalía no dudaría en perseguir a quienes resulten responsables de ambos hechos si llegara a comprobarse. Por lo mismo buscarán estudiar con detenimiento este informe, ya que el asunto sería de gran relevancia para la administración del fiscal nacional, Ángel Valencia.

Renovación Nacional y su denuncia por las pensiones de gracia

Este viernes, Renovación Nacional ingresó una denuncia por presuntos delitos de fraude y prevaricación por el caso pensiones de gracia. De acuerdo al medio anteriormente citado, el documento solicita a fiscalía “disponer el inicio de una investigación para esclarecer estos hechos. Además, perseguir la responsabilidad penal de quienes tuvieren participación punible en ellos”.

La denuncia fue presentada por José Miguel Castro, Andrés Longton y Diego Schalper, advirtiendo que  “todos los hitos de concesión de las pensiones de gracia a los supuestos afectados en el marco del “estallido social” adolecen de negligencias manifiestas, potencialmente fraudulentas y que han significado el acceso a beneficios fiscales a personas que no debían ser asignatarias de estos. Esto ha supuesto un enorme detrimento del Erario Fiscal”.

Finalmente, indicaron que los delitos se argumentan en que el INDH deberá esclarecer  si se realizaron informes que resultan contradictorios para justificar la asignación de pensiones de gracia. Ya que se pudo producir así una resolución manifiestamente injusta en el asunto administrativo que requirió su intervención”.

Mientras, el fraude sería por “una serie de actuaciones manifiestamente negligentes y deficitarias que permitieron el acceso a prestaciones financiadas con recursos fiscales, las que, en derecho, no debían haber sido otorgadas”.