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Política

22 de Febrero de 2024

El incómodo momento que vive Miguel Crispi y otros líderes de Revolución Democrática (RD) en medio de sus declaraciones a Fiscalía

Miguel Crispi, Giorgio Jacson, Javiera Martínez Miguel Crispi, Giorgio Jackson y Javiera Martínez. Foto: Agencia Uno

Dos funcionarios del Ejecutivo y un exministro, todos de Revolución Democrática (RD), concurrirán entre este jueves y viernes a la sede de la Fiscalía Nacional para prestar su declaración —como imputados— ante el fiscal Cristian Barros, quien investiga el Caso Democracia Viva y sus diferentes aristas. La situación ocurre cuando Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta vinculado con la firma de los convenios con la fundación cuestionada, dijo que Miguel Crispi, jefe de asesores de presidencia, "le omitió información al Presidente".

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El domingo fue el último día de vacaciones del jefe de asesores de Presidencia, Miguel Crispi (RD). Esa misma jornada, una entrevista captaría la atención de lo que sería una semana clave para él y sus compañeros de ruta.

Carlos Contreras (exRD), el exseremi de Vivienda de Antofagasta imputado por el caso Democracia Viva, daba sus impresiones —en La Tercera— sobre lo que habría sido el caso homónimo que se robó la atención pública tras ser revelado.

Miguel Crispi le omitió información sobre Democracia Viva al Presidente Boric“, dijo la exautoridad regional. Con ello, también apuntó como responsable principal a la tía de Crispi, Verónica Serrano, quien en su momento fue la jefa del cuestionado programa de asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

Las palabras de la exautoridad regional llegaron a días de que Crispi se presentase a la Fiscalía Nacional a prestar su declaración. Eso sí, su arribo al ente persecutor no sería por Democracia Viva: se trata de una arista distinta, relativa a la fundación ProCultura, acción legal iniciada por parlamentarios del Partido Republicano y que incluyeron al exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (RD), y a la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez (RD).

De hecho, en esa causa al jefe de asesores se le requiere por su cargo anterior en el Ejecutivo, como subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere). Crispi es señalado como quien visó el convenio con la extinguida fundación de más de $600 millones para pintar fachadas de edificios históricos de Antofagasta.

Por ese caso también debió dar su versión en la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, en donde, mediante un escrito, precisó la situación.

Solicitud de audiencia por su abogado

En todo caso, la prestación de declaración de Crispi ante el fiscal Cristian Aguilar —quien también revisa el caso Democracia Viva— fue solicitada en reiteradas ocasiones por su abogado, Guillermo Chahuán.

De acuerdo a EL PAÍS Chile, en tres oportunidades la defensa de Crispi ha solicitado la declaración y cita con el fiscal. Es el propio Chahuán quien aseguró que su cliente se encuentra tranquilo, sumando que no tiene nada que ocultar. Las peticiones para comparecer respondieron a salir cuanto antes de los temas en los cuales Crispi ha sido vinculado.

Eso sí, la representación del asesor del Presidente, tampoco estuvo exento de polémicas. Antes de Chahuán, Crispi estaba bajo las indicaciones del connotado abogado Luis Hermosilla. Sin embargo, el audio en el que el reconocido abogado admite un eventual delito de coimas, terminó por desechar su vínculo con el sociólogo.

En tanto, en el caso de Jackson, su arribo a la Fiscalía llegaría sin la presión que generaba cuando era ministro. De hecho, el antiguo dirigente estudiantil abandonó La Moneda tras las amenazas de una acusación constitucional. A eso se sumó una oposición que auguró un congelamiento de las relaciones con el Gobierno si es que no abandonaba el cargo.

Quien era uno de los ministros más cercanos al Presidente Boric era sindicado por su condición de fundador de Revolución Democrática (RD). La tienda política era nexo en Democracia Viva. Inclusive, los 3 actuales imputados en la causa fueron de RD. Hoy están expulsados del partido (Daniel Andrade, Contreras) o con su militancia suspendida (Paz Fuica).

Para el caso de Martínez, la jefa de la Dipres, su responsabilidad —de acuerdo a los querellantes republicanos— está alojada en la rebaja de la experiencia solicitada a las instituciones sin fines de lucro.

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