Columna de Álvaro Ramis | Riesgos y oportunidades de la reforma al sistema político

La discusión sobre la reforma al sistema político está en el centro de la contingencia. Recordemos que este debate ha surgido como una prolongación del trabajo de la Comisión Experta que colaboró durante el segundo proceso constitucional. Lo que se ha planteado es un marco muy reducido de reformas, orientadas a 4 metas: el fortalecimiento de los partidos políticos, la reducción de la fragmentación parlamentaria, propiciar mayor colaboración entre el ejecutivo y el legislativo y la ampliación de la participación ciudadana. 

En torno a estos objetivos las principales fuerzas políticas coinciden de forma sustantiva. El problema radica en concordar las medidas que concreten esta agenda y el énfasis con que cada partido valora cada una de esas cuatro metas.

El diagnóstico general se orienta a fortalecer la gobernabilidad del país por medio de un mejor diseño institucional. Pero ese enunciado es insuficiente. ¿Por qué se produce esa ingobernabilidad? ¿qué la causó? ¿solo es un efecto de la fragmentación parlamentaria, o la fragmentación es el efecto de algo mayor? ¿existe una relación lógica entre el diagnóstico y sus posibles soluciones?

Nadie niega la fragmentación del sistema partidario. Pero reducir su número no asegura mecánicamente una mayor eficacia legislativa. Se están dejando de lado otras variables, como la pobreza ideológica y programática de la mayoría de los conglomerados, la prevalencia de intereses particulares e individuales, la incapacidad de los partidos de intermediar los intereses sociales, la falta de cohesión interna de estas organizaciones y la imposibilidad de controlar a sus cargos electos, que se convierten en versos sueltos que llevan adelante su propia agenda, sin referencia a un programa. 

Existe evidencia que la gobernabilidad puede operar de forma adecuada en sistemas presidencialistas, con un número relativamente alto de partidos. Pero siempre y cuando esas formaciones sean disciplinadas, cohesionadas y programáticas. Y que esas fuerzas sean capaces de cooperar entre ellas para construir coaliciones estables. 

Para colaborar en la toma de decisiones, que haga viable esta reforma, se necesita trabajar con más evidencia y con menos intuición o prejuicio. Las medidas que se tomen van a modificar el funcionamiento del sistema político por un largo período. Por eso se necesita modelar ese impacto, por medio de estudios y simulaciones con algún grado de capacidad predictiva. No solo se deben analizar aspectos genéricos, sino observar los datos cuantitativos, respecto del cambio que se generará para las distintas fuerzas políticas. 

Este debate no se puede enfrentar sin esas cifras concretas, dado el contexto de alta volatilidad electoral de los últimos años. Recordemos el rapidísimo ciclo de desarrollo y decaimiento de fuerzas políticas tan heterogéneas como la Lista del Pueblo, el Partido de la Gente y Republicanos.  No sabemos si esta volatilidad electoral ya se ha acabado o estamos a la espera del surgimiento de nuevas fuerzas outsiders o extra-sistema, que continúen este ciclo.

Cambiar las reglas del juego electoral sin evidencia sólida puede ser muy riesgoso. Sobre todo si ese cambio colabora en el fortalecimiento episódico de un nuevo partido outsider, que cope el escenario imprevistamente, y que se vea favorecido por la reforma. 

La gobernabilidad tampoco se puede alcanzar al precio de reducir la representatividad del sistema político. El costo a pagar se llama legitimidad y se agota cuando se excluyen actores e intereses significativos de la sociedad en las decisiones. Si la reforma busca reducir la magnitud de los distritos electorales o disminuir el número de parlamentarios, lo que se estaría haciendo es dañar esa representatividad, y ese es un precio inasumible para cualquier partido que declare progresista y democrático. La reforma al sistema político del 2024 no puede devolvernos a los problemas que se superaron con la reforma electoral del 2015.

Pero una buena reforma puede ser una oportunidad para implementar medidas que incrementen la participación ciudadana, considerando su diversidad e inclusividad. Se podría reponer la paridad de género y los escaños reservados para pueblos indígenas, fortalecer el funcionamiento de las bancadas parlamentarias y desincentivar a los parlamentarios díscolos e indisciplinados. 

Si algo pudimos aprender de los dos procesos constituyentes fue que los cambios en la institucionalidad política requieren un amplio consenso de los actores involucrados. Se necesita que todos los sectores asuman su responsabilidad por el proceso y no solo se orienten a la meta y a ganar de cualquier forma sus contenidos. La reforma que necesitamos fracasará inexorablemente si se concentra en una élite de incumbentes, que trabaje sin evidencia y que se cierre a la discusión ciudadana. 

La posición que ha manifestado en este asunto el presidente Gabriel Boric no se debe interpretar como un bloqueo al debate. Más bien fue una invitación a avanzar en una reforma política más ambiciosa. Que se articule con otras, como la tributaria y previsional, que también son urgentes para mejorar el buen gobierno del país. Y que sea una reforma inteligente, respondiendo al desafío de articular gobernabilidad y representatividad como objetivos inseparables de todo sistema político.