Insalubridad en la cárcel de mujeres de San Joaquín: denuncian uso de tarros como baños e infecciones urinarias

Un reciente informe de la fiscal judicial de la Corte de San Miguel, Carla Troncoso, reveló las deplorables condiciones de la Unidad de Alta Seguridad del Centro Penitenciario Femenino de Santiago (cárcel de mujeres de San Joaquín), exponiendo serios riesgos para la salud y bienestar de las internas. El documento, emitido el pasado 22 de mayo, surge de una inspección programada luego del traslado de 58 internas desde la cárcel de San Miguel.

Troncoso subrayó que las reas fueron trasladadas sin verificar la disponibilidad de espacio adecuado. Debido a esto, estas internas de mínima o baja peligrosidad fueron ubicadas en la sección de Alta Seguridad. De acuerdo con el informe, al que tuvo acceso La Tercera, “la sección no se encontraba en condiciones de habitabilidad mínima”.

Las observaciones incluyen fosas sépticas obstruidas, baños quebrados y sin grifería, falta de agua caliente, y celdas sin aislamiento contra el frío y la lluvia. Asimismo, la fiscal sostuvo que el lugar se encontraba en un “evidente estado de abandono o desuso”. Las internas, además, no pudieron llevar sus pertenencias básicas que habían logrado ingresar en su internación previa el CPF San Miguel. “Ingresaron literalmente ‘con lo puesto’, y una bolsa de menores dimensiones, por lo que no tienen ropa de abrigo o complemento para sus camas”, lee el documento.

Condiciones insalubres e inhumanas

Las reclusas, según el informe, debieron usar tarros y baldes como baños durante las horas de encierro, lo que, junto con la ola de frío reciente, derivó en que “casi todas presentaron cuadros de enfermedades respiratorias e infecciones urinarias”. Además, se denunció la apropiación indebida y hurto de sus pertenencias, “pues cuando se les notificó el traslado, recibieron respuestas contradictorias sobre el destino de sus bienes, sin que se les autorizara el retiro por terceros, o la donación a otras internas”.

“Entrevistándome con las internas que estaban en la sección –además de cuestiones particulares que afectaban a algunas– evidenciaron no solo la molestia por la situación, sino su denuncia por el trato indigno de las condiciones materiales y el despojo de sus enseres. Refieren que creen que se les seleccionó precisamente por no tener alto compromiso delictual, por ser “dóciles”, razón por las que se les sacó del penal de origen”, agregó.

El traslado, según la Dirección Regional de Control Penitenciario, se realizó como una medida de descongestión del penal de San Miguel. Sin embargo, las internas acusan la situación de abandono en la que están, pues “no han sido asistidas ni oídas sus quejas por el tribunal que controla su prisión preventiva”.

La fiscal Troncoso remitió una denuncia colectiva y solicitó audiencias urgentes para revisar las quejas y problemas derivados del traslado, incluyendo la posible apropiación indebida de pertenencias y la necesidad de permitir el ingreso de medicamentos o alimentos especiales. Además, instó a la Defensoría Penal Pública a cumplir con su obligación de asistencia respecto de estas internas, “pues existe abandono de la obligación de entrevista que les cabe”.