Concón y Punta Piqueros firman acuerdo para no demoler hotel: se convertirá en polo gastronómico, oficinas y centro de investigación

La Corte de Apelaciones de Valparaíso propició una salida conciliadora al conflicto generado por la orden de demolición que pesa sobre el Hotel Punta Piqueros. Esta orden fue dictada por la Seremi de Vivienda de Valparaíso en cumplimiento de los fallos de la Corte Suprema que anularon el permiso de obras obtenido en 2011.

Según consigna El Mercurio, la audiencia de conciliación tuvo lugar el viernes pasado. En ella, el tribunal de alzada propuso cuatro puntos, los cuales fueron aceptados por todas las partes.

Uno de los puntos más relevantes es el que pone fin al uso hotelero del edificio. Esto se espera lograr mediante la tramitación de un nuevo permiso a través del proyecto Punta Mar. La idea es destinar el espacio a actividades como gastronomía, oficinas, coworking, galería de arte, spa, consultas médicas, entre otras.

En la firma del acta participaron el director jurídico municipal de Concón, Paulo Velásquez, y el abogado de la inmobiliaria Punta Piqueros, Juan Carlos Manríquez. Además, el acta también fue firmada por Gabriel Muñoz, abogado de la Corporación por la Defensa del Patrimonio Histórico de Viña del Mar.

Este último logró cuatro fallos de la Corte Suprema que declararon nulo el permiso de 2011, mientras el proyecto no contara con un permiso ambiental.

Adecuación al Plan Regulador

Cecilia Rojas, presidenta de la Corporación Pro Defensa, aseguró al citado medio que “entendemos que las bases de conciliación propuestas por la Corte se han fijado en ajustar el proyecto a la normativa vigente y al PRC del 2017, y no al revés, como pretendía la inmobiliaria inicialmente”.

Tras la firma del acuerdo, un profesional determinará el nivel del suelo natural para evaluar la necesidad de desmantelar los pisos superiores del edificio. De esta manera, se podrá adecuar al Plan Regulador Comunal actual, que es más restrictivo.

Además, si el concejo municipal y los accionistas de la empresa ratifican el acuerdo, esta última desistirá del reclamo de ilegalidad.

Finalmente, se acordó suspender la demanda por 97 millones de dólares que se había interpuesto contra el Estado y el municipio.