La entrampada demolición del Hotel Punta Piqueros de Concón: entre disputas legales y una orden frenada

El pasado 25 de enero, la Seremi de Vivienda de Valparaíso ordenó la demolición del hotel Punta Piqueros, ubicado en los roqueríos de Concón. Con ello, la repartición pública dio cumplimiento al fallo de la Corte Suprema que, en 2022, le instruyó pronunciarse sobre la petición de derribo realizada por una organización civil.

“En la actualidad no se ajusta al plan regulador comunal y no cuenta con permiso municipal”, argumentó el órgano.

Así, se intentó zanjar un conflicto legal y administrativo que se inició hace más de 10 años. En 2011, la Municipalidad de Concón a la inmobiliaria Punta Piqueros la autorización para construir el hotel en la comuna. La intención era abrir en 2013. Sin embargo, poco tiempo después, diversas agrupaciones de vecinos, entre ellas la Corporación de Defensa del Patrimonio Histórico de Valparaíso, acudieron a la Corte de Apelaciones de Valparaíso para reclamar la ilegalidad de los permisos que entregó el municipio, y la falta de un estudio de impacto ambiental.

Desde ahí, las obras se han detenido y retomado tres veces, y sólo el máximo tribunal se ha pronunciado en siete oportunidades al respecto. En paralelo, la empresa se enfrascó en una disputa con el Estado en que le exigió una indemnización de $97 millones de dólares. Esto, por las “graves faltas del servicio […] que por más de una década, han impedido el funcionamiento del proyecto”.

Sin grúas ni retroexcavadoras en Avenida Borgoño (por el momento)

En la misma comunicación de finales de enero, la Seremi de Vivienda notificó a la empresa detrás del hotel que dentro de 10 días hábiles comenzaría a demolerse el polémico edificio. Sin embargo, a más de un mes de que se anunciara la decisión, ninguna grúa se ha acercado a la construcción de Avenida Borgoño 18.155 y la edificación continúa en pie.

Desde el organismo explican a The Clinic que la demolición no se ha iniciado porque luego de la notificación, el 5 de febrero, la inmobiliaria Punta Piqueros interpuso un reclamo contra la resolución de la Seremi ante el Primer Juzgado Civil de Viña del Mar. La empresa acusó que la medida adolecía “de graves ilegalidades y arbitrariedades, además de ser manifiestamente desproporcionada e injusta”.

Además, en la demanda, solicitó que “se mantengan incólumes las obras construidas en el inmueble”. Según la compañía, que tuvo como uno de sus principales inversionistas al empresario Enzo Bolocco, la edificación “se encuentra completamente terminada en lo que a obra gruesa respecta. Sus terminaciones presentan un avance cercano a un 80% de la obra y un 90% de las instalaciones”.

La inmobiliaria ―representada por el abogado Juan Carlos Manríquez― insistió en que las obras se ejecutaron “siempre” al amparo de un permiso previo, entregado por la Dirección de Obras Municipales de Concón. “Cada vez que se ordenó la paralización de obras y se impuso condiciones para continuar con ellas, Inmobiliaria Punta Piqueros S.A. siempre cumplió con aquellas. Todo lo cual la llevó a invertir colosales sumas de dinero e incurrir en millonarios gastos y costos por concepto de paralización de obras y reanudación de faenas”, afirmaron en el escrito.

“Actualmente, las obras se encuentran paralizadas y bajo la esfera de cuidado de su propietario. A la espera de ser regularizadas por alguna de las vías planteadas por la Inmobiliaria o por otra que disponga la autoridad”, añadieron.

La empresa detrás de Punta Piqueros cuestionó, además, que la Seremi “no le haya tomado el peso al hecho de que existe una causa judicial contencioso-administrativa actualmente vigente ante la Ilma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, cuyo asunto de fondo debatido consiste precisamente en alegaciones legítimas”.

Así, sostuvieron que “la resolución es abiertamente ilegal y arbitraria puesto que carece de fundamentos verídicos –tanto fácticos como jurídicos-. Infringe formalmente disposiciones legales y reglamentarias expresas. Incurre en faltas a la veracidad y vulnera el principio legal del congelamiento normativo. Resulta ser manifiestamente desproporcionada, y sólo irroga ingentes perjuicios a nuestra representada. Razones todas que aconsejan que sea dejada sin efecto”.

La Seremi de Vivienda señala que “una vez recibida la notificación judicial, esta secretaría regional ofició al Consejo de Defensa del Estado, que tiene como misión representar judicialmente al Estado”. La secretaría entregó los antecedentes e informes a esa entidad para que “elabore la estrategia de defensa judicial”.

Juan Carlos Manríquez comenta a The Clinic que “se hizo una primera audiencia en que respondimos una presentación previa de la Seremi y del Consejo de Defensa del Estado. Se tiene que recibir a prueba los puntos en los cuales nosotros reclamamos la demolición por desproporcionada, injusta, e innecesaria, porque además entregamos la posibilidad de una adecuación parcial del edificio”. La propuesta realizada al municipio, según cercanos a la inmobiliaria, habría sido volver a las condiciones previas al cambio del plan regulador, con las que se aprobó el edificio.

“El tribunal llamó a abrir posibles vías de conciliación, lo que sería muy razonable. Esto, porque la municipalidad está cambiando el plan regulador, para recibir un edificio consistorial nuevo para ellos u otros, entonces pudiera hacerse razonable también tener esa como otra alternativa de solución”, añade el abogado.

Manríquez es tajante. Según él, “la demolición no la ha decretado nunca la Corte Suprema ni ningún tribunal. Se trata de una resolución administrativa que está judicialmente impugnada”.

Las otras demandas que entrampan la demolición

El abogado ―quien por estos días está abocado a la defensa de la familia del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda― asegura que “vamos a continuar con la reclamación contra la demolición. Vamos a seguir adelante”. En esa línea, recuerda la serie de acciones legales que actualmente se están tramitando en tribunales.

“Tenemos una acción pendiente también en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Por ella, estamos solicitando que se nos dé lugar a la continuación de la tramitación del permiso con congelamiento normativo de 2011, como ha ocurrido en Maitencillo. Ahí, con buenas razones, ese concejo municipal se abrió luego de un llamado a conciliación de la Corte Suprema. Entonces, también existe una vía de solución. Al menos nosotros vamos a seguir insistiendo en ese camino de la razonabilidad”, detalla.

En tanto, respecto a la demanda de indemnización de perjuicios contra el Estado y la Municipalidad de Concón, a cargo del abogado Gabriel Zaliasnik, sostiene que “está avanzando”.

Además, la defensa de la inmobiliaria Punta Piqueros no descarta acudir a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El “nefasto” precedente de la demolición

Según cálculos de la inmobiliaria, demoler el edificio de Punta Piqueros podría costar casi $4 millones de dólares. Pero, además, plantea Manríquez, derribar la “estructura de primera calidad mundial” podría provocar “un enorme daño ambiental”.

Así, para el abogado, “la demolición de Punta Piqueros, a estas alturas, fijaría un precedente bastante nefasto y negativo, pura y simplemente. Lo que diría es que el voluntarismo vale más que la razón, que la ley prácticamente en Chile no tendría mucho sentido, porque siempre se le podría vulnerar. Por otro lado, el medio ambiente, tan declaradamente protegido a través de las palabras, en los hechos quedaría completamente afectado”.

Argumenta que “hemos acompañado informes de los científicos más reputados del país que señalan que la biota marina, la biodiversidad, y la bifauna están completamente recuperadas. Con acuerdo de los mejores profesionales del país, entregamos un proyecto que se adecua perfectamente al entorno. Entonces, demoler sería simplemente darle razón a la oposición por la oposición y al voluntarismo sin ningún sentido”.

“Lo que fijaría un precedente de razonabilidad, como ocurría antes en este país, sería dejar de lado las miradas de túnel en esto y avanzar con el mejor criterio posible. Lo podemos hacer, con una pizca de buena voluntad, teniendo en balance los derechos de todos y no sólo los discursos de algunos”, aduce.

“A ninguna ciudad le conviene tener puntos negros en estado de abandono”

En conversación con The Clinic, el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, comenta que “a nosotros como la actual administración, nos ha correspondido hacernos cargo de un problema heredado, que lleva 12 años. Nos hemos enfrentado a distintas instancias judiciales”. El jefe comunal agrega que “nosotros mantenemos nuestra postura de acatar lo que los organismos pertinentes nos vayan indicando”.

Para Ramírez, la situación de Punta Piqueros se ha transformado en un problema. “A ninguna ciudad le conviene tener puntos negros en estado de abandono. Lo que esperamos es que las resoluciones judiciales se cierren de una vez, y la comuna tenga ―de una u otra manera― una solución pronta a este conflicto”, dice.

En ese sentido, apunta que “el proyecto de hotel instalado en Concón se ha transformado en una pugna permanente entre dos actores privados. Una es una fundación de trabajo en el medio ambiente y otra es la inmobiliaria Punta Piqueros. Nosotros actuamos como un organismo intermedio que accionó, según su contexto en 2012, respecto a la tramitación de los actos correspondientes para su construcción”.

“Hoy tenemos el objetivo de resolver esto lo antes posible. Sin embargo, dependemos absolutamente de cuestiones judiciales ajenos a nuestra voluntad”, asegura el alcalde Ramírez.

De esta manera, como reconocen desde los organismos públicos, la demolición del hotel Punta Piqueros se encuentra hoy pausada a la espera de que se resuelvan las acciones legales pendientes. Eso ha impedido que ―hasta nuevo aviso― las grúas y retroexcavadoras del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) lleguen a la Avenida Borgoño y derriben las obras que se iniciaron en 2011.