Columna de Gloria Hutt: violencia, bienestar, ley Karin y Venezuela

La discusión sobre seguridad ha puesto en primer plano la palabra violencia, naturalizándola en ámbitos que afectan directamente nuestro bienestar y buen vivir. La reciente encuesta CEP revela que 90% de las mujeres está muy preocupada por ser víctima de un delito violento. Otras señales evidentes: vecinos y pequeños comercios blindan sus viviendas y locales, colegios instalan detectores de metales, abundan los guardias en centros comerciales y grandes tiendas, muchas personas cambian sus hábitos de uso del espacio público, restringen las salidas nocturnas, y limitan el uso de ropa o accesorios potencialmente atractivos para los delincuentes.

Pero la violencia no sólo está presente en su relación con la delincuencia. Hay capas menos visibles en las que también ha penetrado y se ha instalado, agregando más deterioro al bienestar de las comunidades. La Organización Mundial de la Salud define la violencia como “el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.

La misma organización ha realizado numerosos estudios en que se relaciona la violencia con la salud, más allá del resultado obvio en casos de agresión. Las consecuencias de actos violentos de cualquier naturaleza permanecen y marcan la vida de quienes la sufren. Es interesante la forma en que esa misma organización incluye en el mismo nivel otras clases de violencia, menos presentes en la discusión pública pero igualmente peligrosas para la integridad física y psicológica de las personas.

Entre ellas, identifican la violencia autoinflingida, que a su vez puede tener entre sus orígenes, experiencias traumáticas de situaciones extremas. La segunda categoría es la violencia interpersonal, que abarca todas las agresiones entre individuos en planos doméstico o social. Y por último, la violencia colectiva, en que grupos promueven actos violentos o ejercen la defensa de sus objetivos mediante presión.

Esta combinación configura un contexto tóxico para la salud mental de la población y más aún, para el desarrollo de niños y para la formación de nuevas generaciones. El desarrollo del país requiere poner atención en esta realidad. Los programas de candidatos a las elecciones municipales y parlamentarias, debiesen promover las condiciones para lograr un entorno que proteja a las personas y les provea un ambiente sano, de cuidado y respeto. He visto que la campaña de Jaime Bellolio, por la Alcaldía de Providencia, apunta a “la vida buena”, sintonizando con el sentir mayoritario de un entorno básico de estabilidad y confianza.

Se hace necesario cuestionar el secretismo, los tabúes y los sentimientos de inevitabilidad que rodean al comportamiento violento, particularmente en los ámbitos menos expuestos, como el interior del hogar o de recintos supuestamente protegidos.

Repasemos algunos hechos de esta semana, que han alcanzado gran notoriedad pública, para hacer un balance sobre el rol que la violencia ha jugado en ellos, y ver una ligera luz de esperanza para cambiar el rumbo.

Primero, inevitablemente, Venezuela. Más allá del impacto político sobre la democracia, la ruta elegida por Nicolás Maduro para reelegirse burlando las leyes, y proclamarse ganador pisoteando la voluntad ciudadana, responde en forma exacta a la definición de violencia de la OMS, incluso en términos del daño causado. La privación de un derecho ciudadano básico como es la expresión de una preferencia, y las restricciones al ejercicio de las libertades, constituyen brutales hechos violentos más allá de lo físico.

Segundo, la agresión del Concejal Felipe Cruz a la Secretaria General de Renovación Nacional, Andrea Balladares. Este caso tiene particular importancia porque aun siendo infrecuente observar ataques físicos, refleja la enorme distorsión para la convivencia que se vive en el mundo político, donde es usual el trato rudo, las ironías, las burlas, los gritos y las actitudes poco amables. Bajo premisas falsas, irresponsables e ignorantes, como “esto es sin llorar”, o “se necesita cuero duro”, se perpetúan los abusos de autoridad, las descalificaciones y en definitiva, los malos tratos. Aun peor, no sintonizar con esa dinámica, se lee como debilidad. Y para profundizarlo, afecta más a las mujeres. Nada puede ser menos adecuado para un entorno en que se busca crear y fortalecer las condiciones para el diálogo y para una discusión pública desapasionada, objetiva, centrada en el bien común. No se trata sólo de cambiar el sistema político. Se trata también de resguardar la dignidad de las contrapartes, y promover mejores formas.

La entrada en vigencia de la Ley Karin, que exige contar con protocolos para promover el buen trato en las organizaciones, es un avance justamente en la dirección de corregir la ruta destructiva por la que avanzamos. A pesar el beneficio de dicha normativa, resulta triste comprobar que el buen trato deba ser regulado por ley, y no sea parte natural de nuestro comportamiento. Las próximas elecciones nos dan una oportunidad para instalar el desafío de vivir mejor y tratarnos bien, como parte integral de las propuestas.