La culpa no es de los árboles

Una vez que se les reponga el servicio a la totalidad de los clientes que han sufrido días y días sin suministro eléctrico en sectores urbanos y rurales, habrá que ver si, efectivamente, avanzan a ritmo decente las compensaciones exigidas a las compañías distribuidoras. Veremos si el anuncio, o amenaza, de cese de concesión de Enel hecho por el ministro de Energía, Diego Pardow, sigue su curso, se entibia o se desvanece como una líquida promesa de campaña.

Mientras, lo único que sabemos es que las eléctricas tendrán que hacer milagros para recuperar su reputación, un millón y más de ciudadanos tendrán que saber sacudirse del estrés, y muchos quedarán empobrecidos de energía vital, tiempo, paciencia y plata debido a la pérdida de alimentos, medicamentos e ingresos. También quedarán los árboles, sindicalizados como los otros responsables.

2.598 árboles colapsaron en la Región Metropolitana, muchos de ellos sobre el tendido eléctrico, como consecuencia de los vientos de hasta 125 km/h que nos sacudieron la noche del jueves 1 de agosto. Una cifra equivalente a un tercio del Parque Forestal, donde no hubo grandes problemas.

Cuatro días después, con Santiago a medio funcionar, el gerente general de Enel Distribución, Víctor Tavera, reveló lo que todos ya sabíamos: se había tratado de “un evento absolutamente inédito” y recordaba que “el último evento de esta magnitud fue en 1970, que tenía (vientos de) 70 k/h, esto es casi el doble”.

Cierto, pero aplicamos memoria. No hace tanto, en julio de 2017, una parte de Santiago se fue a negro por varios días luego de la caída de árboles y ramas en el tendido eléctrico tras las fuertes precipitaciones y vientos de 50 km/h.

Esa fue la explicación de la compañía. Furia ciudadana, reuniones en La Moneda, alcaldes ofuscados, el Sernac haciendo patria. Contenido el caos, la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) dio un plazo de tres días a ENEL y GCE para que entregaran sus aviones de acción.

“Tras los últimos eventos climáticos que se han desarrollado en la región, con familias que estuvieron hasta más de 100 horas sin energía, queda en evidencia que las empresas eléctricas no han cumplido con estas obligaciones, razón por la cual hemos iniciado los procesos administrativos correspondientes, los que podrían concluir en importantes multas para estas dos empresas, si es que se comprueban incumplimientos a la normativa vigente”, decía el comunicado de la SEC.

Los árboles.

Cinco años después de esa crisis, en 2022, Enel tuvo en sus manos el estudio que solicitó a la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Universidad Católica de Chile, elaborado por tres reconocidos profesionales.

Titulado “Arbolado urbano, desafíos y propuestas para la Región Metropolitana” (disponible en www.enel.cl ), allí se lee que “Enel Distribución busca abordar los desafíos que impone el arbolado urbano, fomentando el análisis y discusión de los temas relacionados con los desafíos que implica forestar la ciudad. Por lo anterior, la empresa ha contribuido a exponer información que permita a autoridades, empresas y privados obtener datos, recomendaciones y directrices para el establecimiento, mantención e intervención de los árboles urbanos, con el objetivo de proyectar ciudades con más y mejores árboles que contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos”.

El documento da cuenta de la crisis climática e hídrica que enfrenta la Región Metropolitana y avanza hacia los criterios que deberán marcar la selección de especies en un contexto de climas semi áridos. Se detiene en el marco legal y responsabilidades de las partes que deben velar por el arbolado urbano, incluidas las municipalidades y explícitamente que “los concesionarios de servicios públicos eléctricos tienen la obligación de mantener las instalaciones, entre ellas, el cableado, transformadores, estructuras de soportes y demases, en buen estado para evitar el peligro para las personas y las cosas. De acuerdo con la SEC dicha obligación se extiende también a árboles vecinos o próximos que por sus características puedan constituir una amenaza o riesgo para las instalaciones”.

Un par de párrafos más adelante se lee que de acuerdo con el marco legal “los operadores de instalaciones eléctricas también deberán incluir en sus programas de mantenimiento la poda o corte de árboles que puedan afectar la seguridad de sus instalaciones, utilizando técnicas adecuadas para preservar especies arbóreas”. Respecto del último punto, se entrega información respecto de aspectos fitosanitarios de los árboles que podrían poner en peligro su estabilidad.

Un informe claro y contundente, al parecer guardado en el cajón de las buenas intenciones. Nada muy distinto al proyecto de Ley de Arbolado Urbano e Infraestructura Verde que descansa plácidamente y cuyo objetivo es entregar un marco legal que permita garantizar, entre otras cosas, la gestión integral de la infraestructura verde en las ciudades y que también vela por la correcta convivencia entre árboles y sistema eléctrico. Una ley que fue liderada por el exministro de Agricultura del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Antonio Walker, que no entró al Congreso hasta que la tomó en 2021 un grupo de senadores encabezados por Isabel Allende.

El texto, como explica uno de sus redactores originales, el arquitecto Yves Besancon, “permite una plantación de árboles de forma ordenada, con distintas especies controladas, con el adecuado desarrollo de las raíces, con podas autorizadas y hecha de la manera correcta para no desestructurar los árboles, ya que al quitarle ramas de un lado y no de otro puedes quitarle su equilibrio normal y hacerlo caer con el viento sobre el alumbrado”. El proyecto de ley posibilitaría, además, hacer un catastro de todo el arbolado urbano de las ciudades del país para conocer su estado y comprobar cuáles deberían ser retirados porque cumplieron su ciclo de vida”.

Raya para la suma: municipalidades, Senado y distribuidores saben perfectamente cuáles son sus respectivas responsabilidades y cuentas pendientes frente al arbolado urbano y más de los dos mil árboles que se desplomaron a principios de agosto. Sabe también que no nos podemos quedar sin árboles, todo lo contrario, y que en un abrir y cerrar de ojos estaremos hablando de la premura de plantar más para protegernos de los calores extremos que se vienen.

Mientras no exista, entonces, la determinación de inyectar recursos para soterrar el cableado e invertir como se debe en tecnología de resiliencia energética a la altura, lo urgente, a corto y mediano plazo, debe ser trabajar por un arbolado adecuado y cuidado por las instancias pertinentes, con estrategias preventivas y no reactivas. Sabemos que lo barato sale caro.

Como señaló en El Mercurio Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades, “sería un profundo error que, a raíz de los estragos generados por la caída de árboles sobre el tendido eléctrico, se opta por ‘cortar por lo sano’ y arrasar con las especies arbóreas o sus ramas más grandes”. Similar preocupación ha manifestado Martín del Río, fundador de Ladera Sur, que, en las mismas páginas, advirtió sobre los riesgos de las malas podas y de “masacrar los árboles para darles cabida a los cables y postes”.

Tanto que les gusta a algunos hablar de ciudades inteligentes como si se tratase únicamente de ciudades híper tecnologizadas. Tal vez deberíamos revisar el diccionario donde inteligencia está definida como la “capacidad de entender o comprender” y la “capacidad de resolver problemas”. Para eso, la información existe, basta ser menos porfiados e indolentes.

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