Las leguleyadas de Angela Vivanco y Andrés Chadwick

En Chile, el doble estándar que permea muchas esferas de la vida pública ha alcanzado una de sus manifestaciones más críticas en los delitos asociados al tráfico de influencias conocidos a partir de las divulgaciones de los chats de wasaps del Luis Hermosilla y que han provocado la suspensión y apertura de un cuaderno de remoción de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y las sospechas de gestiones del exministro Andrés Chadwick ante la CMF en beneficio de los corredores de STF Capital CB.

La estrategia tanto de Vivanco como de Chadwick en relación con los posibles delitos asociados a tráfico de influencias (resultado de prácticas informales) busca salvarse con argumentos técnicos, legales y formales lo que parece estar dando de una leguleyada.

Es en esta línea que la defensa de la suspendida ministra Ángela Vivanco, presentó dos escritos. En uno se busca evitar que los chats que mantenía con el abogado Hermosilla lleguen hasta la Corte Suprema. El otro escrito fue enviado al fiscal nacional Ángel Valencia, para que rechace la solitud del presidente del máximo tribunal. La defensa le advirtió al fiscal nacional que si entrega copia de los chats a la Suprema arriesga pagar “indemnización”, tener que borrarlos y cometer “delito”.

A su turno el exministro Chadwick aseguró que “las consultas sobre procedimientos administrativos no están sujetas a ley de lobby” y que no tuvo “ningún contacto, ni antes, ni después, con ninguna persona relacionada con STF”. En esa fecha, señalo Chadwick, “no me encontraba ejerciendo cargo público alguno”.

A todas luces ambas estrategias de defensa son lo que en buen chileno llamamos “leguleyadas” esto es según la RAE aquellas maniobras o recursos fraudulentos con apariencia de legalidad. De este modo cuando prácticas informales (como la cadena de favores que involucraba entre otros a Ángela Vivanco y Andrés Chadwick con Luis Hermosilla) salen a la luz y son objeto de investigación judicial, se pone en marcha un proceso de “formalización legal” que intenta, mediante tecnicismos y argumentos jurídicos, minimizar o eludir las consecuencias reales de actos que, aunque socialmente condenables, se maquillan como “ajustes administrativos” o “errores de procedimiento”. Este fenómeno representa una contradicción evidente que afecta gravemente la confianza en el poder judicial chileno.

Doble estándar en los casos de Vivanco y Chadwick

El tráfico de influencias es una de las formas más claras de corrupción, que se manifiesta cuando individuos o grupos con poder acceden a recursos y beneficios de manera informal, basándose en redes de contactos personales o acuerdos ocultos. El problema no radica solo en la existencia de estas redes, sino en la capacidad de sus actores para eludir la justicia usando recursos legales formales. Es decir, en vez de someterse a un juicio claro y transparente, muchos recurren a mecanismos jurídicos que permiten reinterpretar o justificar sus acciones bajo el amparo de la ley.

Esta estrategia no solo afecta la percepción pública de los involucrados, sino que daña profundamente la legitimidad de las instituciones judiciales. La ciudadanía observa cómo aquellos que están en posiciones de poder parecen operar bajo reglas distintas a las de la mayoría, donde la justicia se convierte en una cuestión de interpretación y no de aplicación imparcial. En este sentido, los “vacíos legales”, “errores técnicos” o la “falta de pruebas contundentes” se transforman en escudos que protegen a los responsables de actos reprobables.

Este doble estándar no solo compromete la percepción de justicia en Chile, sino que impacta directamente en la confianza en el Estado de derecho. La contradicción es evidente: mientras los sectores de poder buscan salvarse con argumentos legales formales, lo hacen partiendo de prácticas informalmente aceptadas que se apartan de los principios de transparencia y equidad. Este choque entre la legalidad y la informalidad debilita las bases de la convivencia democrática, donde el principio de igualdad ante la ley queda relegado a un mero formalismo.

La informalidad en la toma de decisiones públicas no es nueva, pero su normalización y la habilidad de formalizarla legalmente para evitar sanciones representa una amenaza seria a la legitimidad del sistema judicial. La capacidad de ciertos actores en Chile para salvarse mediante argumentos legales formales, pese a estar involucrados en prácticas informales claramente corruptas, es uno de los factores que más erosiona la confianza en el poder judicial. Este doble estándar, que permite la coexistencia de la ilegalidad disfrazada de legalidad, debe ser enfrentado con firmeza. Solo una justicia que opere bajo principios de igualdad, imparcialidad y transparencia podrá restaurar la confianza ciudadana y fortalecer el Estado de derecho.