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Vivanco

Política

14 de Septiembre de 2024

Ángela Vivanco recurre a Contraloría para evitar su remoción de la Corte Suprema tras chats con Hermosilla en caso Audio

La magistrada pidió en su escrito que el ente "dictamine que es ilegal el decreto presidencial que da cumplimiento a la remoción de un juez (...) si omite dar satisfacción a la garantía del debido proceso, en cuanto a dar acceso a todo el expediente y prueba al juez inculpado".

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La jueza Ángela Vivanco recurrió hasta la Contraloría General de la República para impugnar el proceso de remoción en su contra a raíz del caso Audio y los chats que mantuvo con el abogado Luis Hermosilla.

Según consigna La Tercera, la magistrada pidió en su escrito que el ente “dictamine que es ilegal el decreto presidencial que da cumplimiento a la remoción de un juez (…) si omite dar satisfacción a la garantía del debido proceso, en cuanto a dar acceso a todo el expediente y prueba al juez inculpado”.

La jugada de Vivanco llega luego de que el Congreso le diera un portazo en dos oportunidades a su petición.

Dicho deseo de la magistrada Vivanco apunta a poder preparar su defensa.

Frente a esto, dijo que “el 9 de septiembre, a fin de elaborar el informe solicitado en el cuaderno de remoción y poder preparar debidamente mi defensa en dicha sede, solicité copia de los antecedentes de las dos anteriores Comisiones de Ética, documentos que me fueron rechazados según resolución de fecha 11 de septiembre de 2024″.

Vivanco advierte que proceso podría “incurrir en un acto ilegal y arbitrario”

Añadió que esa negativa se suma a otra oportunidad “cuando se rechazó igualmente por el Pleno de la Excma. Corte Suprema una solicitud de copia de antecedentes para los mismos objetivos anteriormente expuestos”.

El recurso de Vivanco, dice, tiene base en que “el debido proceso es el conjunto de garantías y derechos que debe considerar un procedimiento judicial, disciplinario o administrativo, con el objeto de resguardar la libertad y autonomía de las personas y como límite al ejercicio de las actuaciones del poder público, exigiendo su sujeción al derecho y la interdicción de la arbitrariedad”.

“No cabe duda de que, el procedimiento de remoción de un juez y el decreto supremo que lo afine por parte del Presidente de la República debe hacer constar todas y cada una de estas circunstancias, so pena de incurrir en un acto ilegal y arbitrario”, cerró.

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