Septiembre (en) deuda

“Lo vemos después del 18”. Las celebraciones de Fiestas Patrias comienzan clásicamente con esa deuda de tiempo, con un compromiso postergado. Un “chuteo de pelota” si aprovechamos de usar los chilenismos. Y ya que estamos hablando de símbolos patrios como el lenguaje, algo propio de Chile es el nivel de endeudamiento. Según las últimas cifras del Banco Central, el 57% de los hogares en Chile cuenta con algún nivel de deuda. 

Por lo mismo, no es de sorprender que uno de los elementos favoritos para financiar las celebraciones del 18 sea, justamente, la deuda. Según un reporte de ChileDeudas, el 30% de los chilenos se habrá endeudado para celebrar Fiestas Patrias. Se trata del fin de semana más largo del año y uno de los más extensos de septiembre en la historia. Pero no nos olvidemos de que habrá que pagar los compromisos. Y tenemos que estar preparados. No estarlo puede ser tremendamente complejo. Miremos lo que le pasa actualmente al Gobierno con una deuda de campaña: la condonación universal del Crédito con Aval del Estado (CAE). 

El mismo Presidente Gabriel Boric recordó su deuda en la última Cuenta Pública. Aunque el lenguaje cambió: “En septiembre ingresaremos el proyecto de ley que crea un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y dará una solución progresiva y justa a los deudores” (aunque luego se anunció un retraso de esa fecha). La palabra condonación no fue utilizada. Porque la verdad es que es prácticamente imposible realizar un borrón universal. Según un informe de 2023 de Horizontal, el centro de estudios asociado a Evópoli, realizar esto le costaría al fisco US$11.270 millones. Es decir, alrededor del 4% de lo que producimos como país al año. O poco más de la mitad de lo que fue el presupuesto total asignado a educación en 2024. 

¿Correspondía hacerlo en septiembre? Es una pregunta política. Por el lado numérico, el diseño evidentemente tiene falencias. Una de las menos discutidas a nivel masivo no tiene que ver con la población beneficiaria ni la tasa de interés, sino el mecanismo de recompra de créditos que realiza el Estado de parte de la cartera de créditos con aval del Estado. Esto, como un incentivo para que las instituciones otorguen este tipo de financiamiento. Aunque esto no es consolidado como un gasto para el fisco, sino como la  “adquisición de un activo financiero”, el riesgo y el trabajo de gestión de cobro sí pasan a ser responsabilidad del ejecutivo. Al cierre de 2021, el Estado era acreedor del 57% de los créditos, y había transferido más de US$ 6.300 millones en compras a la banca. Y la transacción no ha sido eficiente, porque según cifras del Gobierno, se han pagado sobreprecios que alcanzan aproximadamente el 25% de los préstamos cursados. 

No hay dicho más cierto que el que nos recuerda que no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. En el caso del CAE, no hay balance que aguante un pago total. Pero no podemos seguir postergando nuestros compromisos. Menos cuando se trata de la educación. 

La historia se repite con el tema previsional. Llevamos diez años discutiendo una reforma. Han existido avances, como la implementación de una Pensión Garantizada Universal. Pero todavía falta una solución para elevar las jubilaciones para la clase media. Desde el Gobierno han acusado a la oposición de obstaculizar el debate. Pero de este mismo sector hay voces que alertan sobre los riesgos de seguir postergando la aprobación de una reforma. El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, nos lo comentó hace algunas semanas en Radio Pauta: “La cuenta la va a tener que pagar papá fisco, es decir todos los chilenos, sí o sí, en 10 o 15 años más, cuando las pensiones no sean suficientes. ¿Queremos eso, de verdad?”. La respuesta es no.

No sigamos chuteando la pelota. Aunque recién lo hagamos después del 18.