Hay que “entrar a picar” y “cuesta caro”: expertos cuestionan “permisología” en Chile tras anuncio de caso Colbún

Fue ayer que la compañía eléctrica Colbún, controlada por el grupo Matte, decidió suspender el desarrollo de su proyecto de almacenamiento de energía renovable Central Bombeo Paposo que se emplazaría en la comuna de Taltal, y que involucraría una inversión de US$1.400 millones.

Esto, con el fin de ponderar debidamente los eventuales cursos de acción, luego de que la semana pasada el Servicio Nacional Ambiental (SEA) de Antofagasta acogiera parcialmente el recurso de reposición presentado por la empresa, manteniendo el término anticipado al procedimiento que fue decretada el 12 de agosto en primera instancia por “falta de información relevante y/o esencial”.

El proyecto de Colbún consistía en una central de bombeo que integraría la generación de energías renovables con capacidad de almacenamiento, así como también el desarrollo de infraestructura de desalación para proveer de agua a la comunidad de Paposo. Asimismo, incluía un programa de vinculación laboral para la contratación de mano de obra local y regional, remarcó la firma generadora, ayer a través de un comunicado de prensa donde lamentaba la resolución del organismo.

“Lamentamos profundamente la resolución de la autoridad ambiental, pues, tal como se argumentó en el recurso de reposición, consideramos que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Central de Bombeo Paposo sí contiene la información relevante y esencial para una adecuada ponderación de sus impactos ambientales. En ese sentido, Colbún mantiene que no existían brechas de información que no pudieran ser debidamente subsanadas mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones dentro del mismo proceso de evaluación del EIA”, señaló Colbún a través del escrito.

Por otro lado, aseguró que teniendo en consideración el contexto en que se desarrolló la evaluación ambiental y el resultado de la reposición, decidió “suspender el desarrollo del proyecto y así ponderar debidamente los posibles cursos de acción”.

Según consignó El Mercurio, frente a esta situación el SEA manifestó en una breve declaración que “es importante precisar que, en contra de la resolución que pone término anticipado a la evaluación de una iniciativa, la ley solo dispone la procedencia del recurso de reposición ante la misma dirección regional, por lo cual al no existir un recurso jerárquico esta es una decisión que se toma exclusivamente en Antofagasta”.

De esta manera, la determinación de la autoridad ambiental sobre el proyecto de Colbún volvió a poner sobre la mesa una problemática crucial para el desarrollo económico y la eficiencia en el país: el exceso de “permisología” que enfrenta la apertura de negocios y la implementación de proyectos inversión en Chile.

“Entrar a picar donde duele”

Al ser consultado por el tema, el ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, indicó a The Clinic que se requiere un cambio cultural a fin de estimular la inversión en el país. Sobre esto, el economista plantea que “lo que falta es una actitud país, una política de Estado que entre a picar, porque una cosa es cambiar la norma y simplificar ciertas cosas, pero tenemos un problema mucho más de fondo de mindset, de cambio cultural. Una cosa es que acortes los plazos en la ley, pero otra es que se cumplan esos nuevos plazos. Hoy día no se cumplen”.  

Junto con ello, sostuvo que “hay que pasar del dicho al hecho, tiene que ser prioridad fundamental en este gobierno, en los que sigan, y entrar a picar donde duele, porque si no no vamos a tener resultados muy distintos”.  

“Estos casos vienen a conformar el diagnóstico que tenemos, y que esto nos está costando caro, y nos va a seguir costando caro mientras no tomemos una actitud decididas, tomemos el toro por las astas y hagamos las cosas pasen, cumpliendo con el estándar ambiental”, añadió Briones.

De acuerdo a un análisis sobre la materia que elaboró la comisión de expertos por Pacto Fiscal que encabezó Manuel Marfán -y de la que Briones formó parte-, “la reducción de un tercio en el plazo de permisos implicaría un aumento del PIB de 2,4% en 10 años o de 0,24% anual, mientras que la mayor recaudación anual promedio ascendería a 0,32% del PIB, US$1.339 millones, y la de las holguras a 0,21% del PIB, US$885 millones“.

Briones también puso énfasis en que “la reforma de fondo, difícil pero clave, para que las cosas pasen es la de un nuevo estatuto administrativo para los funcionarios públicos. Con el actual, camisa de fuerza heredada de la dictadura y defendido por la Anef, es muy difícil gestionar y tener incentivos adecuados, para que las cosas pasen. En materia de permisos, una cosa es lo que dice la ley y otra, cumpliendo con el estándar definido, es que las cosas pasen”.

A juicio de Michèle Labbe, académica de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, “es urgentísimo” modificar el sistema de evaluación actual. “Una cosa es que te demores mucho, pero que tengas certidumbre de que si cumples con las condiciones, vas a poder aprobar el proyecto. En el caso de Chile hay dos factores. Uno que se demoran mucho, eso es como que pusieras un impuesto adicional, y lo segundo es que no existe certidumbre, porque primero hay instancias que no son técnicas que, en el fondo pueden decidir que no les gusta el proyecto. Y además, aún cuando apruebes todas las instancias técnicas, después alguien puede decidir judicializar tu proyecto”, dijo.

En la misma línea, Labbe explicó que “el gran problema de esto es que lo que genera empleo en el mundo es la inversión privada, no es la inversión pública. Lo que te genera empleo de verdad es la inversión privada, y si no hay crecimiento de la inversión privada no hay empleo, si no hay empleo no hay ingreso familiar, si no hay ingreso familiar no hay plata para consumir”.

Tomás Izquierdo, socio de Gemines Consultores, manifestó que “lo más frustrante es que, la arbitrariedad y desorden regulatorio, no permite que se desarrollen proyectos que apuntan, precisamente, a “limpiar” la producción. Se llega al absurdo que los requerimientos medioambientales frenan proyectos que favorecen la contención del calentamiento global”.

Desde el mundo empresarial, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, manifestó su preocupación respecto a lo ocurrido con el proyecto de Colbún. “Nos preocupa profundamente que proyectos como la Central de Bombeo Paposo, que implica US$1.400 millones en inversión sostenible aportando a la transición energética, se vean impedidos de seguir avanzando por enfrentarse a trabas que redundan en incerteza jurídica”, señaló.

“Lamentamos que la empresa se haya visto obligada a tomar esta decisión, ante una resolución de la autoridad ambiental poco clara. Chile necesita una institucionalidad que funcione con criterios objetivos y transparentes, que permita concretar más proyectos de este tipo, aportando al crecimiento económico en equilibrio con la protección del medioambiente”, aseveró Mewes.

Para Hermann González, coordinador macroeconómico en Clapes UC, “el caso de Colbún es un ejemplo más de un problema que tenemos en Chile y que debería ser una prioridad resolver”.

“El problema en Chile es la falta de certeza que genera una demora excesiva en la tramitación, lo que implica grandes costos para las empresas y lo que finalmente termina impactando el atractivo de invertir en Chile. Esta burocracia nos está haciendo perder oportunidades, está frenando el desarrollo y nos hace menos competitivos frente a otros países. Todo ello debería ser suficiente como para que el Gobierno lo considere una urgencia y tome acciones concretas para resolverlo, más allá de las palabras”, advierte González.

Carlos Smith, docente del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, en tanto, abordó el tema de mejorar la permisología no en términos de hacerla más laxa, sino que para que los plazos se acorten.

En ese sentido, Smith menciona que “si uno mira estudios que se han hecho particularmente en Chile, se ve claramente el retraso que hay en los proyectos que hoy día alcanza niveles bastante altos, o sea el retraso proyecto sobre el tiempo legal alcanza el 65 o 66% y eso en uno de los estudios hechos hace poco que calculó el costo económico de la permisología alcanza casi los US$1.900 millones que nos cuesta, US$1.900 millones que son alrededor de 0,7 puntos del PIB. Es mucho dinero que podría estar siendo invertido y generando más crecimiento, mayores salarios, mayor bienestar finalmente y ese es el gran problema y por eso tenemos que analizarlo urgente”.

Cabe mencionar que esta semana la comisión de Hacienda de la Cámara dio luz verde al proyecto de ley del Ejecutivo que busca reducir los tiempos de tramitación de los proyectos de inversión en lo que respecta a los permisos sectoriales, quedando en condiciones de ser revisado por la Sala.