Marcela Cubillos y el sueldo de la discordia: la desconexión que erosiona la política

El reciente escándalo por la millonaria remuneración de Marcela Cubillos como profesora en una universidad no solo revela un cuestionable manejo de los recursos y una falta de criterio en la asignación de cargos académicos, sino que también da cuenta de las sospechas que se instalan acerca de lo que podría ser un mecanismo de la política para financiar a figuras de la elite políticas cuando ya no están en los gobiernos de turno. 

Pero hay una arista que parece estar pasando desapercibida en los análisis pero que entraña un daño mayor porque profundiza la actual crisis de legitimidad de la elite del poder. La danza de millones y si esto es poco o mucho muestra una desconexión profunda de ciertos miembros de la élite política con la realidad cotidiana de la mayoría de los chilenos. Una cifra tan elevada como los 17 millones de pesos mensuales no solo es incomprensible para el ciudadano promedio, que enfrenta sueldos que en la mayoría de los casos no superan los 500 mil pesos, sino que también es un reflejo de cómo el poder se desvincula de la base social que se supone debe representar y proteger.

Este caso se inscribe en un patrón más amplio de privilegios y beneficios que las élites políticas y económicas suelen disfrutar, muchas veces sin justificación clara ni rendición de cuentas. La percepción pública de que estos grupos operan bajo reglas distintas, en un circuito cerrado y autorreferente, contribuye a un clima de desconfianza que erosiona la legitimidad no solo de los individuos involucrados, sino también de las instituciones que deberían funcionar como pilar de la democracia y la equidad.

La desconexión de las élites políticas se refleja en diversos ámbitos: desde la asignación de sueldos exorbitantes, pasando por el acceso privilegiado a redes de influencia, hasta las posiciones de poder que parecen otorgarse más por pertenencia a un círculo cerrado que por mérito o competencia profesional. El caso de Marcela Cubillos es solo una manifestación mas de un fenómeno que se ha replicado en múltiples escenarios, donde lo inexplicable e injustificable se convierte en una normalidad para quienes están alejados de las preocupaciones reales de la ciudadanía.

Los efectos del desacompasamiento entre urgencias sociales y respuestas que se receta la política son devastadores. En primer lugar, profundiza la percepción de desigualdad, no solo económica, sino también en términos de acceso a oportunidades y de justicia en la rendición de cuentas. Los ciudadanos perciben que mientras ellos enfrentan un mercado laboral precario, con salarios estancados y poca movilidad social, la élite política disfruta de un bienestar que parece inmunizado ante la realidad nacional.

En segundo lugar, esta desconexión alimenta la desconfianza en las instituciones. Los ciudadanos se sienten ajenos y excluidos del poder, perciben que las decisiones se toman a puertas cerradas y que las necesidades populares son constantemente ignoradas. En un contexto donde la legitimidad de las instituciones es cada vez más cuestionada, la desconexión de la élite actúa como un acelerador del desgaste institucional. La política, en vez de ser vista como una herramienta para resolver problemas colectivos, se percibe como un espacio de privilegios reservado para unos pocos.

Por último, la desconexión contribuye a la erosión de la legitimidad democrática. La política debería ser el espacio de construcción de consensos y de solución de conflictos, pero cuando las élites se muestran incapaces de conectar con la realidad de la mayoría, la democracia misma se ve amenazada. La ciudadanía, desencantada y sin alternativas claras, puede optar por el abstencionismo, el populismo o incluso por rechazar el sistema en su conjunto.

La solución a este problema no es sencilla, pero pasa necesariamente por un ejercicio profundo de autocrítica de las élites políticas y una reconexión genuina con las necesidades y preocupaciones de la ciudadanía. Implica, entre otras cosas, revisar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, establecer criterios justos y razonables para la asignación de recursos públicos, y garantizar que el mérito y la competencia sean los factores determinantes en la asignación de responsabilidades, tanto en la esfera pública como en la privada.

La desconexión de la élite política, evidenciada tras darse a conocer el sueldo de Marcela Cubillos, no es solo un problema de percepción, es una realidad que está socavando la confianza en nuestro sistema democrático y en quienes lo representan.

El caso de Marcela Cubillo es una prueba palpable de avisos ignorados. Urge que las elites salgan del actual estilo anestesiado que parece caracterizarlas y reacciones tomando medidas urgentes para cerrar esta brecha y reconectar con las aspiraciones de la ciudadanía, porque de lo contrario, solo se seguirá erosionando la legitimidad de la política y contribuyendo al deterioro de nuestra convivencia democrática. Después no nos quejemos que “no lo vimos venir”.