Sin mayor alarma y con miras a la oposición dialogante: el análisis de La Moneda ante la Acusación Constitucional contra Tohá

Luego de que el ex General Director de Carabineros de Chile, Ricardo Yáñez, renunciara a su cargo en el Palacio de La Moneda, el Partido Republicano exigió que el Presidente de la Republica removiera al equipo del Ministerio del Interior en un plazo de 72 horas o acusaría constitucionalmente a la ministra de la cartera Carolina Tohá. “No funcionamos con amenazas“, respondió secretaria de Estado y, los diputados Republicanos cumplieron.

A las 16 horas de hoy lunes era el plazo establecido por los parlamentarios del partido de José Antonio Kast para ingresar el libelo acusatorio. Si bien hubo dudas en un momento, respecto a si llegarían con el documento a la hora, terminaron presentando la acusación a eso de las 16:40 horas acusando que la ministra es la principal responsable de la crisis de seguridad y la crisis migratoria.

El jefe de la bancada republicana, Luis Sánchez, explicó en el Congreso que la acusación “incorpora parte de las discusiones jurídicas y los planteamientos políticos de la acusación que ya hicimos en contra de la exministra (Izkia) Siches” y también “elementos de la acusación que el Frente Amplio, incluyendo el Presidente Boric, presentó en contra del exministro (Andrés) Chadwick, aunque claramente por hechos y visiones distintas”.

Las causales particulares que motivaron la acusación, explicó Sánchez, son el “haber comprometido gravemente la seguridad de la nación, infracciones a la Constitución y la Ley, y la inejecución de las mismas”.

Es más funcional el anuncio de la acusación que la ejecución

Desde el Ejecutivo, el subsecretario del interior Manuel Monsalve (PS) respondió al entonces anuncio de Acusación Constitucional. Sobre el documento, advirtió: “No creo que tenga fundamentos”. Sobre el discurso que hay detrás de la acción, recomendó, en aras de contribuir a la la agenda de seguridad, “no buscar la utilización política de las policías. Las policías no necesitan un partido político que las represente. Son instituciones permanentes del Estado”, sostuvo Monsalve.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, previo a la presentación de la acusación, advirtió que no se referiría a la acción en particular hasta que fuese anunciada. Sin embargo, comentó en términos generales que “independientemente de este caso en particular, es de Perogrullo que frente a momentos electorales se acrecienten cierto tipo de acciones o críticas de lado y lado”.

Ahora bien, sí marcó la respuesta de La Moneda respecto al caso que otras fuentes del Palacio confirman: “El llamado del Presidente, el de nuestra ministra del Interior e incluso de distintos sectores de la política nacional ha sido poner el foco en los acuerdos, en el trabajo conjunto, en el trabajo colaborativo, en la coordinación de todas las instituciones en materia de seguridad“.

En este contexto de crisis de seguridad, la ministra agregó que “para combatir un crimen que está siendo organizado y que busca evidentemente las debilidades institucionales, los desacuerdos o las diferencias, es que requerimos, con mayor razón, más acuerdo, más coordinación entre las instituciones del Estado para enfrentarlo y no las divisiones”.

Fuentes al interior del Palacio de La Moneda afirman que se ha evaluado el tema sobre la Acusación Constitucional contra la ministra del Interior. En ese análisis, afirman que la respuesta del Gobierno se enfocará en que las expectativas están puestas en tener a una oposición constructiva.

Además, analizan que el paso que dio Republicanos es complejo porque, en un contexto en donde el componente electoral es ineludible, la apuesta de acusar constitucionalmente a la jefa de gabinete es riesgosa. Primero, porque advierten divisiones entre Chile Vamos y Republicanos; y, segundo, porque un fracaso le podría significar un duro golpe a la oposición con las elecciones a la vuelta de la esquina.

A propósito de esos factores, al interior del Palacio no ven con mayor proyección el éxito de la acción contra la ministra Tohá. Bajo reserva, comentaron a The Clinic que en este contexto electoral es más funcional hablar de una Acusación Constitucional que ejecutar una.

Republicanos con calculadora en mano

Esa misma sanación es la que impera en el Frente Amplio al interior del Congreso. Fuentes del partido sostienen que es evidente que el libelo acusatorio es una forma de desviar la atención por el Caso Cubillos y de la Universidad San Sebastián que pone el foco en la derecha.

Además, ven que en la oposición no hay una relación tan aceitada para llevar adelante la acción contra Tohá. Bajo reserva, y sin perder el estado de alerta, dicen están tranquilos.

La matemática es la siguiente. Para que se apruebe la acusación en la Cámara, el documento necesita de 78 votos a favor y, contando los escaños que ocupa la oposición desde el Partido Nacional Libertario hasta los independientes y el PDG, suman 79.

Desde la DC y el oficialismo no van a conseguir ningún voto. Alberto Undurraga, diputado y presidente de la Democracia Cristiana ya advirtió que su partido no está disponible. Previo a una reunión con el ministro Álvaro Elizalde en La Moneda, el parlamentario sostuvo que “más allá de que no hay ningún merito, esta no es la forma de resolver los graves problemas de inseguridad y de delincuencia que tenemos en el país”.

Carlos Bianchi, parlamentario del PPD, previo a una reunión con el ministro de Hacienda Mario Marcel, también comentó el anuncio de acusación: “Dejemos de hacer ciencia ficción, seamos serios, seamos responsables. Ya hay tres acusaciones a ministros de la Corte Suprema por lo tanto tenemos que avanzar en lo que tiene que ver con la ley de presupuestos“.

El diputado además se preguntó: “¿Qué pretenden con eso? ¿retrasar la discusión? ¿generar un conflicto  a través de la gobernabilidad que tiene que existir en estas próximas semanas?”. Bianchi resumió que esta acción le parecía algo “poco serio, que es mucha ciencia ficción y que nada aporta a lo que el país necesita hoy día”.  

El fantasma de la Acusación Constitucional

Esta es la quinta Acusación Constitucional que presenta la derecha durante este periodo presidencial y nunca han conseguido los 78 votos. A penas se anunció este libelo, el diputado Francisco Undurraga se desmarcó nuevamente. “Distraer el combate a la delincuencia con una Acusación Constitucional a los encargados de la seguridad en este minuto me parece que no es lo apropiado”, indicó el parlamentario. Dicho eso, sentenció: “Como diputado de la República yo no respaldo esta acusación”.

Los parlamentarios independientes y por parte de quienes se sitúan a la izquierda de Evópoli, sostienen que evaluarán el documento en su mérito, pero también comentan que no creen que es un buen momento para presentar la acusación a propósito de la crisis y además comentan que republicanos no concedió conversaciones previas para ver los potenciales votos disponibles.

Otro panorama que acompleja el éxito del libelo acusatorio es que la comisión encargada de realizar el informe previo de la acusación contará con mayoría oficialista. Así se integra la comisión electa por sorteo: Boris Barrera (PC), Ana María Gazmuri (Partido Acción Humanista), Guillermo Ramírez (UDI), Jaime Araya (independiente -PPD) y Marta González (PPD).