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8 de Octubre de 2024

¿Impuesto a graduados? ¿y el impacto fiscal?: Las dudas entre economistas por el nuevo proyecto del gobierno de educación superior

El Presidente Gabriel Boric delineó la propuesta que pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), y crea un nuevo sistema, que denominó como Financiamiento de la Educación Superior (FES).

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Anoche el Presidente Gabriel Boric delineó la propuesta que pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE)- y crea un nuevo sistema, que denominó como Financiamiento de la Educación Superior (FES)-, la que se presentará que hoy a la Cámara de Diputadas y Diputados. Según adelantó el Mandatario, la iniciativa se centra en tres grandes componentes, siendo uno de ellos la condonación de la deuda.

Pero esta no será universal, como se difundió en tiempos de campaña, pues se estableció un criterio basado en la justicia y mérito que perdonará “parte de las deudas educativas”, como explicó Boric.

Afirmó que quienes se adhieran al nuevo sistema -que pone fin al CAE-, “tendrán una condonación del porcentaje de su deuda, que se va a definir según si la persona egresó o no de su carrera, si tiene o no su deuda al día, y de acuerdo al número de cuotas que haya pagado a la fecha”.

Ahora bien, si tras la condonación aún queda deuda, el proyecto propone dos alternativas: la primera sería pagar el 75% del saldo restante y poner fin a la deuda.

De lo contrario, el proyecto apunta a reprogramar con cuotas proporcionales a sus ingresos. Con un tramo exento de pago y cuotas “mucho más bajas que las que actualmente pagan”, explicó el Presidente sin detallar el número. Además, quienes ya pagaron el CAE obtendrán beneficios tributarios una vez entrada en vigencia la ley.

Con los dos primeros puntos, el Ejecutivo busca dejar sin deuda universitaria por el CAE a más de 75 mil personas en un inicio, y otras miles quedarán protegidas por el tramo exento de pago.

Mientras que quienes tengan ingresos menores al salario mínimo “no tendrán la obligación de retribuir en el futuro”, en palabras del Mandatario.

¿Qué es el FES?

La propuesta que pone fin al CAE incluyó un instrumento para financiar la educación superior que se llama Financiamiento Público para la Educación Superior (FES). ¿Y en qué consiste? Quienes comiencen a estudiar con este nuevo sistema lo harán sin pagar aranceles y sólo podrá existir un copago para aquellos que estén en el 10% de mayores ingresos.

Para pagar la carrera, un año después de ingresar al mundo laboral, el beneficiario hará una retribución que permitirá a otros estudiar en el futuro. Este monto no deberá superar el 8% de sus ingresos y se extenderá por un periodo proporcional al tiempo de estudio. De acuerdo a Boric, este nuevo instrumento implicará un gasto fiscal “significativamente inferior” al que significa hoy en día el CAE.

Las dudas entre los expertos

El economista y ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, reaccionó al anuncio del proyecto a través de su cuenta de X, aseverando que “aunque falta ver detalles, anuncio sugiere creación de un impuesto a graduados, una vieja pésima idea del FA“, considerando que se propone que, quienes estén adscritos al FES, un año después de ingresar al mundo laboral deberán hacer retribución para financiar los estudios de otros permitirá a otros estudiar.

Este monto no deberá superar el 8% de sus ingresos y se extenderá por un periodo proporcional al tiempo de estudio.

Asimismo, Briones manifestó que la iniciativa “desincentiva la formación avanzada, es injusta y menos solidaria que un buen crédito contingente”.

Por otro lado, se refirió a la idea del Ejecutivo de que los pagos que realicen los estudiantes ya no dependerán de la deuda acumulada, sino que del largo de los estudios. Sobre esto, sostuvo que “esto significa que mientras algunos estudiantes no aportarán suficientes recursos para cubrir el costo de sus estudios, otros terminarán pagando bastante más. Es importante pensar en como se dará legitimidad a este sistema de subsidios cruzados. En cierto sentido, este sistema de financiamiento crea un nuevo impuesto al trabajo, y por lo mismo, debiésemos pensar también en los efectos que tendrá en el mercado laboral”.

Andrés Barrios, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Los Andes, plantea que “un objetivo central del sistema de financiamiento estudiantil es que la falta de recursos no se convierta en una barrera para acceder a la educación superior. Desde ese punto de vista, me parece que generar un sistema que no implique un desembolso al momento de ingresar a la educación superior, y que luego considere pagos contingentes al ingreso, es adecuado”.

Y agregó que “el elemento que más preocupación genera de este proyecto es la eliminación de la posibilidad de cobrar un copago a estudiantes provenientes de hogares del 90% de menores ingresos. Me parece delicado fijar aranceles. La gratuidad, que hizo algo similar con estudiantes provenientes del 60% de menores ingresos, generó una gran presión financiera en muchas instituciones de educación superior que hasta el día de hoy siguen pasándolo mal”.

“Una disminución de recursos en la educación superior, además de afectar la calidad del sistema, podría afectar también la sustentabilidad de muchas instituciones e incluso impactar la oferta. Lo paradójico es que fijar aranceles para el 90% de menores ingresos del país podría resultar en un sistema de educación superior más polarizado en el que surjan instituciones especializadas en estudiantes del 10% de mayores ingresos y otras para el resto”, apuntó Barrios.

Con todo, el académico de la Universidad de Los Andes celebró que la condonación no sea universal. “Eso hubiese sido demasiado costoso, y nos hubiese obligado a postergar otras áreas tanto o más relevantes que el financiamiento de la educación superior. En ese sentido, me parece bien que la condonación sea focalizada, contemple incentivos para regularizar y repagar parte de la deuda y reconozca el esfuerzo de quienes han sido responsables con sus pagos”, declaró.

Para Juan Ortiz, economista senior del OCEC-UDP, los anuncios relativos al CAE “conllevan diversas dudas en su implementación. Por una parte, el diseño institucional tanto para los deudores actuales, como para los beneficiarios que se encuentran al día y de aquellos que en mora. Asimismo, para el nuevo mecanismo para los nuevos beneficiarios”.

Respecto de la condonación parcial, en base a “justicia y mérito”, Ortiz señala que “la pregunta que surge es el costo fiscal de esta política, toda vez dicha obligación por parte del Estado presiona el uso de recursos, de por sí limitados. Hay que indicar que la trayectoria fiscal de mediano plazo implica niveles mínimos de holgura fiscal. Mientras que las transacciones por debajo de la línea que conlleve a un alza de los otros requerimientos de capital, presiona la deuda bruta. Por lo tanto, creo que parte de la discusión debe centrarse en los efectos fiscales, y la forma como dicho costo fiscal será financiado”.

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