Matar a los 12 años: la historia del homicidio que remeció a la población Bonilla de Antofagasta

Las hileras de casas en la población Bonilla, que agrupa varias villas alrededor de la avenida con el mismo nombre en el sector norte alto de Antofagasta exhiben frontis de tres metros. Casas pegadas con patios pegados, como si fuera un tren de pasajeros. 

Allí, el vecino de la casa cinco se entera de lo que sucede en la casa uno. Se huele lo que fuma el de la casa tres. Se puede intuir lo que cocinan en la casa dos. No hay mucha intimidad. Hay hacinamiento. Algunos hogares se toman los terrenos de las veredas, y las casas se expanden hacia arriba en ampliaciones con materiales ligeros que parecieran nunca acabar.

Más arriba por una loma, la tierra espesa se corta por una avenida que se llama Los Pumas, donde a cada tanto pasan dos líneas de micros. El decorado opaco de la población lo cierran una decena de rucos ubicados en la falda del cerro amarillo. 

Pese a lo hostil del lugar, el pasaje de nombre Esperanza tiene ojos. Allí todo se graba. Todo se registra. A cada tanto hay un robo de celular. La madre de una escolar que asaltaron de la casa cuatro, le solicita a la cámara a la vecina de más allá. Casi siempre está todo registrado. La cámara acusa. 

Así mismo ocurrió en los hechos que rodearon al asesinato de Jonathan Alvarado Astorga, de 40 años. Un caso que probablemente hubiera pasado desapercibido a nivel nacional, salvo por una excepción: la persona acusada de matarlo tiene 12 años.

Un crimen prematuro

La historia del menor, de algún modo, predecía la posibilidad de un desenlace como el que sucedió. Las referencias son claras: carencias afectivas que halló en su vida, la vulneración de sus derechos y las soluciones que entregó el sistema, las cuales no fueron cumplidas a cabalidad. 

Desde los tres años su situación está registrada judicialmente. A la fecha mantenía ocho causas y sus requerimientos habían sido la intervención especializada de parte de un psiquiatra infanto juvenil, por un problema específico de trastorno de personalidad. 

El fiscal Gary Estay, quien integra la Fiscalía de Análisis de Criminalidad Compleja de Antofagasta, hizo hincapié -posterior a la detención del menor- que los eventuales antecedentes psiquiátricos del menor se originaron en antecedentes de que recibía atención en un Centro Comunitario de Salud Mental (Cosam). La pregunta que se hizo el fiscal en ese momento es si eventualmente el menor estaba medicado, o si estaba siendo medicado.  

La vida del menor fue dura desde el comienzo. Su padre mantenía antecedentes y era conocido por el nombre de “Roler”. Se crió en los alrededores de la calle Cerro Pedregal, que, si bien es larga, es tristemente célebre en el sector Bonilla, por mantener puntos de microtráfico.

Quienes lo ubicaban en el sector, evidencia que el “Roler” era una persona violenta.  La madre del menor sufrió Violencia Intrafamiliar (VIF) y maltrato por parte de su pareja en el breve período que estuvieron juntos. La mujer tenía problemas con drogas. En medio de todo el drama estaba el chico de 12 años. Fue la abuela materna la que, por medio del tribunal, a través de una medida de protección, se hizo cargo del niño, la misma con quien vivía al momento del homicidio del adulto. 

Parte de la vida escolar del menor la desarrolló en la escuela Padre Patricio Cariola, donde el tema es manejado con bastante hermetismo. Dada la repercusión del caso, apoderados consultados coincidieron que el menor había desertado del sistema y que tenía problemas de control de impulsos. Más allá del caso específico denuncian que hay muchos asaltos escolares en los alrededores de los establecimientos educacionales, tanto a la hora de entrada y salida.

Un encuentro fatal

Víctima y victimario se conocían. El nexo era el hijo Jonathan. Según vecinos el victimario estuvo alguna vez en el cumpleaños del hijo del hombre asesinado, en su casa. Por esta razón en el vecindario descartan la versión que dio Carabineros, que se trató de una riña territorial, esto pese a que Jonathan registra al menos 22 procesos judiciales, entre ellos por los delitos de lesiones y daños en contexto de violencia intrafamilliar, consumo, porte de arma blanca y robo con intimidación.

Pese a su largo historial, su último proceso data desde el 2015, según los vecinos el adulto de 40 años era respetado en el barrio y considerado uno de los rudos de la población y él, asumiendo esa posición, comenzó “a velar por la seguridad” de su barrio organizado contra la creciente delincuencia, especialmente proveniente de menores de edad. Un antiguo código de choros: la gente del barrio no se mete con la gente del barrio. 

Según el relato de los vecinos, minutos antes de su muerte el hombre había impedido un asalto a una persona por parte del grupo de menores que estaba “carreteando”, desde temprano en una corta escalera, que conecta con una plaza denominada “del ruco”, y que es célebre por los problemas que suceden ahí -consumo de drogas y asaltos-. 

La irrupción molestó especialmente a un dúo de menores de edad, donde se encontraba el victimario de 12 años y otro adolescente de 17 años, que también es rostro familiar para la población porque vive en un sector aledaño.

 Eran alrededor de las 19.30 horas, con medio barrio en las ramadas ubicadas varias cuadras más abajo, cuando la discusión se tornó intensa y desencadenó finalmente la agresión del menor de 12 años con el cuchillo que portaba hacia el adulto.

“Hay una persona de 40 años que es apuñalada por este menor de 12 años, que estaba acompañado por otro adolescente de 17″, indicó el general jefe de la Zona de Carabineros Antofagasta tras el hecho.

Testigos que vieron el incidente afirman que por lo menos la diferencia era de diez centímetros y al menos unos 15 kilos entre el adulto y el menor. Por esa relación de tamaño y edad, lucubran, que el adulto se sintió seguro de decirles a los menores que se fueran, que, si no los iba a denunciar a “los pacos”, con una actitud agresiva. “No tenía miedo. Para él, los menores iban a entender que debían irse. Otras veces le habían hecho caso. Sentía que su presencia generaba respeto”, afirman cerca del lugar donde se produjo el suceso, justo donde hay unos juegos infantiles que parecen resortes de colores ensartados en la tierra. 

Tras el episodio, que fue bastante rápido, los menores de edad arrancaron por el tejido de pasajes de la población hasta perderse, sin tener muy claro el desenlace.

Patricia Labra, presidenta de la junta de vecinos Cardenal Zamoré, cuya vivienda, en la calle Parinacota, mantiene una cámara de seguridad en la puerta, colinda al lado del pasaje Esperanza, rememora que llegó al lugar cuando el vecino estaba en el suelo, “justa a la vuelta de mi casa” -indica el punto donde sucedió el homicidio-. “Había recibido dos puñaladas, una el tórax y otra en el abdomen, ambas por un costado, y donde se notaba la intención de provocar la muerte. No eran puñaladas a ojos cerrados. Al principio el vecino no estaba mal, pero con el paso de los minutos entró un proceso de paro respiratorio hasta que se fue”, asegura Patricia, con la vista en los cerros desérticos semi cubiertos por la camanchaca. 

Fue la pareja de Patricia, bombero, quien asistió al herido en primera instancia. Afirma que le llegaron a avisar, y salió de la casa de inmediato. Estuvieron varios minutos con la víctima, esperando el arribo de la atención. Asegura que la demora, por parte de la ambulancia y el trato que recibió el herido (con una caída de la camilla de por medio cuando era trasladado) agravaron más el estado de Jonathan. 

“Lo que también puede ser considerado como una negligencia en mi opinión. Diría que fue 50% y 50%. Las puñaladas no fueron un lugar tan letal como el corazón, por esta razón hubo un margen de tiempo donde el vecino se pudo salvar. Fue clave la demora por parte del personal de ambulancia, incluso Carabineros apuró el procedimiento ante la gravedad de la situación”, afirma el hombre.

Según su ficha de defunción Jonathan murió a las 00:57 del domingo 22 de septiembre en el Hospital Regional de Antofagasta, por una Hipovolemia Aguda (desangramiento) y Herida Penetrante Aguda por Arma Blanca.

Cuando supo de lo que sucedió a su padre, el hijo de Jonathan sólo quiso salir e ir a buscar a su antiguo conocido. La familia lo contuvo. No era necesario el riesgo de la venganza a esas alturas. 

Después del asesinato, el menor fue detenido por parte del OS9 de Carabineros, tras la investigación donde se revisaron las cámaras de seguridad. Por la edad, de inmediato se entendió que el menor resultaba inimputable. 

The Clinic consultó al Poder Judicial para verificar si este caso podría tratarse del homicidio cometido por la persona más joven desde la reforma procesal penal. Aunque señalaron que no disponen de estadísticas consolidadas sobre la edad de los procesados, indicaron que, hasta donde tienen registro, este sería uno de los homicidas más jóvenes en un caso de dominio público.

Menores y armas 

La magistrada Mae Valdebenito, vocera del Tribunal de Familia de Antofagasta, explica que en este caso el niño cuenta con historial proteccional, “en que se ha intentado abordar las diversas problemáticas del grupo familiar del joven, para disminuir las consecuencias perniciosas que pueden darse ante vulneraciones graves de derechos de infancia”. 

Sostuvo que se ha movilizado la red proteccional del servicio, a través de Programa Especializado y se ha requerido la participación de la red de salud y educación. De esta manera dijo, el viernes 27, se realizó una audiencia urgente para revisar las medidas de protección adoptadas para debatir las mejoras necesarias, disponiéndose también vías para garantizar la seguridad personal del niño y lograr mejorar su estabilidad.

Por su parte, Anuar Quesille, Defensor de la Niñez, afirma que cada caso es muy particular y no se puede entregar una conclusión apresurada respecto a éste, sin analizar todos los antecedentes. “Pero sí podemos señalar que, a partir de otros que hemos conocido, existe una respuesta tardía desde las instituciones y poco acordes a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes (NNA). Los programas de protección cuentan con listas de espera que impiden el ingreso oportuno, al igual que las derivaciones a programas especializados de salud mental. Sumado a ello, la frecuencia de las atenciones y la cantidad de prestaciones que se entregan muchas veces son insuficientes para las problemáticas psicosociales que presentan los niños, niñas y adolescentes”, afirmó. 

Sostuvo que otro elemento que es importante destacar es la necesidad de reforzar las instancias preventivas y promocionales de derechos, lo que debiese comenzar a cambiar paulatinamente con la implementación del Sistema de Garantías y Protección Integral para niños, niñas y adolescentes, “que contempla acciones dirigidas no solo a aquellos con riesgo de sufrir vulneraciones o que ya las han sufrido, sino que también, acciones de promoción de derechos y prevención de posibles vulneraciones, desde una mirada más amplia”.

Ciertos puntos del sector Bonilla, han sobrellevado históricamente el prejuicio de ser peligrosos. El lugar donde se produjo el hecho, entre el pasaje Esperanza y la calle Parinacota, en la Villa Cardenal Zamoré, ha registrado diversos hechos policiales en los últimos cinco años. El último homicidio había sido el de otro vecino, a las seis de la mañana, cuando aguardaba un bus para irse a su trabajo. 

Dado esta incertidumbre, la organización de los vecinos se agrupó para solicitar el levantamiento de pequeñas áreas verdes, conseguir proyectos de juegos infantiles y otros de instalación de cámaras de televigilancia. Algunos han optado por armarse, dice Patricia, quien recuerda un incidente donde un delincuente la amenazó con un cuchillo afuera de su casa

Patricia Labra, vecina, asegura que en el barrio tienen claras ciertas cosas: no salir de las casas desde las 19 horas, en una suerte de encierro voluntario y especialmente evitar a los grupos de menores que rondan porque siempre están armados. “No salimos porque andan los cabros chicos armados en las plazas, donde asaltan o pelean entre ellos. Es una cuestión que se acrecienta los fines de semana. Se sienten los balazos”. 

Según datos del Ministerio Público sobre delitos referentes a responsabilidad adolescente, entre enero y junio pasado en la Región de Antofagasta se registraron 493 ilícitos con participación de menores en 4 y 17 años. Un alza, comparado a los 453 casos en el mismo periodo del año pasado.

Desbordados

Desde el Tribunal de Familia, evidencian que el principal problema que afecta a los menores son el acceso a las drogas (pasta base, cocaína y Tusi, entre otras) y la VIF a la que están expuestos. De ahí comienza las derivaciones, en un camino donde los servicios de protección muchas veces están sobrepasados y donde hace mella la escasez de psiquiatras infanto juveniles en cuanto al tratamiento. A esto hay que sumar la alta demanda que tiene los tribunales en la Región de Antofagasta. 

Para el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, existen diversos factores que inciden en la vulnerabilidad de los NNA de la región, dentro de ellos se destaca el acceso a la vivienda. En la Región de Antofagasta existe un déficit cuantitativo importante de viviendas (se ubica solo bajo la región Metropolitana y de Valparaíso, según la Encuesta CASEN 2022). “Esto conlleva que muchos NNA vivan en condición de hacinamiento o en campamentos, situación que aumenta el riesgo psicosocial. Otro factor a considerar es la pobreza, ya que en la región de Antofagasta las cifras, tanto de la pobreza por ingresos como de la pobreza multidimensional, superan la media nacional, escenario que impacta directamente a los NNA (Encuesta CASEN, 2022)”, precisa. 

A su vez, indica que se observa un aumento en la inseguridad alimentaria a nivel país específicamente un aumento en el porcentaje de hogares con niños, niñas y adolescentes en los cuales algún miembro tuvo que dejar de comer, no pudo comer alimentos saludables y nutritivos o dejó de comer todo un día por falta de dinero. “Estos niveles son mayores en hogares con jefaturas que se encuentran en la Región de Antofagasta. En otra dimensión que les afecta es la falta de espacios públicos para el esparcimiento y recreación de los NNA en la región, lo que puede transformarse en un factor de vulnerabilidad”, afirma.

Junto a lo anterior dice que es particularmente preocupante la existencia de entornos altamente contaminados en los que habitan niños, niñas y adolescentes y una de las regiones más afectadas es Antofagasta, la cual registra altas tasas de contaminación en diferentes aspectos. El reporte levantado por el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez y el Observatorio de Infancia y Juventudes de la Universidad de Antofagasta identifica una falta de coordinación intersectorial frente a esta temática, así como una invisibilización en los procesos de planificación de políticas de niñez y adolescencia.

Un último punto que añade es la cantidad de causas proteccionales ingresadas al sistema judicial en comparación a la capacidad instalada para atenderlas. “Esto se transforma en otro factor que podría incidir en la vulnerabilidad de los NNA usuarios del sistema judicial, quienes frecuentemente deben ingresar a extensas listas de espera para acceder a programas de intervención, lo que podría exponerlos a la mantención de las conductas de vulneración de las que son víctimas”, asevera Quesille.