La historia de los hombres que fingen ser feministas y estafan a mujeres que buscan abortar de manera ilegal

“Hola, bienvenida al grupo. Si necesitas acompañamiento u orientación, estoy aquí para apoyarte”. Este es el mensaje que reciben en redes sociales cientos de mujeres que buscan ayuda para abortar. Lo que no saben es que el grupo de Facebook “Ayuda & Orientación” es, en realidad, la fachada de una red de estafadores.

Este grupo, inicialmente, busca generar confianza en las mujeres. Para ello, crean perfiles con discursos feministas y proaborto. Además, toman testimonios reales de personas que se han realizado un aborto clandestino. Una vez que logran contactar a una eventual víctima, la orientan y guían para poder interrumpir el embarazo con medicamentos. Para ello solicitan una transferencia de dinero.

Como en muchas otras estafas, al recibir el pago, los administradores de esta página apuntan a problemas logísticos en el envío de las pastillas. Luego ignoran los mensajes y terminan bloqueando a las mujeres, quienes, según logró acreditar The Clinic, depositaron entre $35.000 y $200.000.

En la mayoría de los casos, las víctimas no se atreven a denunciar, ya que temen ser castigadas por buscar realizarse un aborto ilegal. Esto ha generado el escenario perfecto para que los estafadores actúen con total impunidad, logrando engañar, al menos, a 121 personas desde el año 2023 hasta junio del 2024. 

Un catastro de las estafas en abortos clandestinos 

El 23 de septiembre de 2017 se promulgó la Ley N° 21.030, que despenalizó el aborto en tres causales: riesgo para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación. Antes de la Ley, en una asesoría parlamentaria de 2021 realizada por la sicóloga María Lampert y el sociólogo Guillermo Fernández, se estimó que en 2016 se realizaron más de 60 mil abortos en Chile. Desde de la promulgación de la Ley, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), del Ministerio de Salud, ha registrado 4.290 interrupciones de embarazo legales, un promedio de 612 por año, cifra mucho menor a las estimaciones previas (revisar cifras del DEIS, del Ministerio de Salud). 

Fuera de las tres causales de despenalización, todo aborto es clandestino. Mujeres que buscan practicarse uno, suelen recurrir a Facebook con ese objetivo. Piensan que esta red social les otorga más privacidad.

Al no haber una discriminación para ingresar a estos grupos, se unen perfiles que, a simple vista, parecen ser de mujeres que apoyan la causa feminista y son proaborto. Sin embargo, detrás de ellos operan estafadores que solo buscan obtener dinero.

Al revisar algunas de estas páginas de Facebook, se puede observar que las denuncias de estafas no constituyen casos aislados, sino que conforman un patrón recurrente. Cientos de mujeres denunciaron estafas e intentos de engaños dirigidos a personas que buscaban interrumpir, ilegalmente, su embarazo.

Para determinar el número de casos, se analizó un periodo comprendido entre enero de 2023 y junio de 2024. Se seleccionaron las ocho páginas y grupos con mayor número de participantes y seguidores. La selección de los casos se basó en denuncias directas de personas estafadas, excluyendo aquellas denuncias realizadas por terceros no involucrados directamente.

Este análisis reveló 121 denuncias de estafas entre las páginas examinadas, de las que 82 se realizaron a través de perfiles públicos y 39 mediante el anonimato. De este universo de denuncias, se constató que en 64 de estas se compartieron y exhibieron datos de transferencia de dinero. 

A partir de los antecedentes proporcionados por las propias víctimas, se elaboró una lista de los perfiles de los estafadores, se identificaron los RUT asociados a las transferencias, así como las cuentas y los bancos utilizados. Este análisis permitió identificar a 14 RUT de personas vinculadas a los perfiles estafadores.

¿Quiénes son los involucrados? 

De las 14 personas involucradas en las estafas, siete se relacionan con una supuesta fundación identificada en las transferencias con el nombre de “Ayuda & Orientación”. 

Tres de estas personas también se han podido vincular con otras fachadas: “Aborto comunidad&acompañamiento”, “Aborto Mi Cuerpo es Mío” y “ProOrientación”. A “ProOrientación” se le asocia un individuo, Jaime Vera, quien se vincula con otra fachada dedicada a estafar bajo el nombre de “Aborto con las amigas en Chile”.

Considerando que estos siete RUT eran los más frecuentes entre las denuncias, y que compartían la fachada de “Ayuda & Orientación”, se investigó si existía alguna relación entre ellos. Así se pudo encontrar que Maximiliano Fernández y Camila Valdés -quienes recibieron depósitos- están casados desde septiembre de 2020. Además, se descubrió que Ximena Mardones tiene una relación de parentesco directa con Jaime Vera. 

Hasta la fecha, no se han podido establecer vínculos directos adicionales entre las personas involucradas en las estafas. Sin embargo, el testimonio de una de las víctimas, identificada con las iniciales T.A.G.M., revela una conexión con Camila Araneda. En su experiencia, el perfil que le estaba vendiendo las pastillas le indicó que realizara el depósito al RUT de Maximiliano desde cualquier cuenta que no fuera del Banco Estado. Dado que T.A.G.M. solo tenía una cuenta en este banco, al explicar su situación, le proporcionaron los datos para transferir a Camila Araneda.

Esta investigación ha revelado que parte de las personas involucradas en los actos fraudulentos tiene domicilio registrado en la zona sur del país, específicamente en la comuna de Valdivia. Además, se ha podido revisar el historial judicial de algunos implicados. Entre ellos, se encontró que, a Maximiliano Fernández, Camila Araneda y Jaime Vera les han abierto causas penales registradas.

Maximiliano tiene antecedentes por falsificación de documento público en el año 2021 y por lesiones leves en 2015. 

En cuanto a Camila Araneda, se encontró una lista de siete causas en las que ha estado involucrada, entre las cuales destaca una por lesiones leves.

Por último, Jaime Vera se ha visto involucrado en tres causas. La más reciente —que aún sigue en tramitación— es del año 2020 por amenazas simples en contra de personas.

“El Banco Estado es el Patriarcado”: cómo operan los estafadores a las mujeres que buscan abortar

Según información entregada en los 13 testimonios a las denunciantes, se logró determinar que los estafadores crean espacios y páginas cerradas que simulan ser agrupaciones feministas proaborto. Estas ofrecen orientación y asesoramientos sobre procedimientos clandestinos de interrupción del embarazo, específicamente del método de píldoras abortivas de Mifepristona y Misoprostol. 

Según los testimonios y las denuncias revisados para esta investigación, cuando las personas solicitan unirse a estos grupos son contactadas mediante el chat de Facebook (Messenger) por los perfiles falsos que administran los estafadores. Ellos, a través de mensajes amables, consultan si están en busca de orientación o pastillas abortivas. 

Una vez establecido el contacto con la persona, los estafadores indagan sobre las semanas de gestación y ofrecen las píldoras a bajo costo. Utilizan un discurso que genera confianza, que proporciona información detallada de la práctica, y propósito de cada pastilla y el modo de uso del “método combinado” —el cual contempla el uso de las pastillas Mifepristona y Misoprostol— que supuestamente utilizan. Además, suelen enviar recursos visuales como infografías o videos explicativos.

“En la desesperación del momento, de querer conseguirlo rápido… caí… ya que me habían mostrado todos estos vídeos, todos estos comprobantes, me habían hablado esas personas y se veía como algo consolidado”, señaló K.C., víctima de estafa.

“[…] Es un juego que hacen contigo, con tu mente, te hacen creer todo lo que te dicen para caer y depositar […]”, indicó F., víctima de estafa.

Para persuadir a la víctima de tomar una decisión rápida y transferir el dinero sin demora, los estafadores argumentan que la “oferta” a bajo costo tiene un plazo, y que después su precio va a aumentar. Los estafadores pueden ofrecer precios a partir de $35.000. Sin embargo, según organizaciones proaborto, el costo real se estima en alrededor de $100.000, y en muchos casos, los estafadores cobran aún más. Además, se presentan como una organización sin fines de lucro y solicitan una contribución adicional bajo el pretexto de ayudar a otros en circunstancias similares.

M.A., víctima de estafa, se encontró en esta situación al unirse a uno de estos grupos falsos de apoyo. Recibió un mensaje de un perfil que le ofrecía pastillas con una rebaja de $95.000 a $55.000 por cada dosis, con un plazo de compra hasta las 22:00 horas. Con el pasar de los días, M. A., comprendió que la oferta y la presión para que realizara la transferencia, eran señales de alerta “y hasta el día de hoy me pregunto. Ya era como una red flag”. 

Cuando llega la hora de la transferencia, los estafadores proporcionan los datos y solicitan que los pagos se realicen desde cualquier banco, excepto el Banco Estado. “Lo que también me decían era que no se podía depositar en el Banco Estado porque, supuestamente, era ‘el patriarcado’. Y yo después decía ¿cómo no me di cuenta de que era una estafa con esa tontera que me decían?”, recuerda T.A.G.M., víctima de estos engaños. El verdadero motivo para no transferir a Banco Estado es que, al ingresar un RUT para las transacciones, arroja automáticamente el nombre de la persona, quedando expuesta su verdadera identidad.

Tras efectuar el pago, los estafadores prometen enviar las pastillas en un plazo de dos a tres días hábiles. Cuando ese tiempo transcurre, justifican los retrasos atribuyéndolos a problemas logísticos u otros inconvenientes y postergando la entrega de las píldoras. En ocasiones, incitan a realizar otra transferencia con la promesa de un envío más rápido. Con el paso de los días y sin que las píldoras lleguen a sus destinatarias, los estafadores bloquean a estas personas. En otros casos, cuando las afectadas los confrontan, argumentan que no pueden ser denunciados, ya que quienes los contactaron buscan realizar una actividad ilegal. En algunas situaciones, esta confrontación lleva al bloqueo de las personas engañadas.

Entre ilegalidades: la protección de los fraudes en el ámbito del aborto clandestino

En Chile, el aborto está tipificado como delito por los artículos 342, 343, 344 y 345 del Código Penal. Siendo el 344 el que castiga a “la mujer que, fuera de los casos permitidos por la ley, causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause” con una pena de presidio menor en su grado máximo. Esto implica que arriesga una pena que va desde los tres años y un día hasta cinco años de prisión. 

Según las cifras del Ministerio Público, obtenidas a través de Ley de Transparencia, entre septiembre de 2017 —mes en que se promulgó la Ley IVE— y diciembre de 2023, se ingresaron 893 causas por delitos de aborto. De estas, 425 corresponden a abortos realizados con el consentimiento de la persona gestante, de las cuales solo ocho concluyeron con sentencias condenatorias definitivas, lo que se traduce en la aplicación de penas para los imputados — las cuales no están especificadas en la respuesta del Ministerio Público —. 

Al analizar por qué los números de condenas no se aproximan a la cantidad de causas abiertas, la abogada y docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, María Magdalena Ossandón, explicó que esto se debe a que “[…] normalmente no hay condenas para las mujeres o son poquísimas. La Fiscalía no pretende perseguir […], si aquí lo que hay que perseguir es a los que hacen el negocio con el aborto, la mujer es una víctima más de todo esto […]”.

Al hablar con las mujeres que han sido estafadas, muchas expresaron su deseo de denunciar el fraude, pero no lo hacen porque están conscientes de que las prácticas involucradas son ilegales

Al consultar con Ossandón si esta situación se puede calificar como delito de estafa, la abogada detalla que no es tan claro, pero que “[…] si el fiscal conoce de esta situación, al sujeto que vendía las pastillas y que engañó podría imputarle un delito de estafa […], porque en el fondo a esa persona se le puede imputar que está dañando el patrimonio de otros con engaños”.

Marisa Navarrete, abogada penalista y exfiscal adjunto del Ministerio Público, reafirma lo señalado por Ossandón y explica que en estos casos las víctimas, en teoría, “pueden denunciar porque el delito de aborto se comete cuando se da principio a la ejecución y comprar un medicamento es algo muy previo […] todo lo previo se llama actos preparatorios, y los actos preparatorios en derecho penal son impunes, o sea, no son castigados”. Además, recalcó que una estafa está constituida de cuatro elementos: el primero es el engaño, lo segundo es el error, lo tercero alude a la disposición patrimonial (cuando se transfiere el dinero, en este caso) y, por último, el perjuicio, que es cuando no se recupera el patrimonio. 

Adicionalmente, se le preguntó si en estos casos se podría configurar un delito por la venta ilícita de medicamentos.  Aclaró que es posible calificarlo como delito sólo “si es que fuera real la venta de esos medicamentos. Yo tengo esos medicamentos y los estoy vendiendo. Eso es lo que se castiga, no puedo castigar algo que es irreal”.

Este reportaje fue realizado por Valentina Romero y Constanza Pérez en la sección del profesor Pedro Ramírez del curso Taller de Periodismo Avanzado, de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile.