Exguardia de seguridad, viudo y exigió $12 millones: lo que se sabe del hombre que tomó como rehén a una trabajadora de AFP en Las Condes

Marco Antonio Solís entró a la sucursal de la AFP Provida, ubicada en Las Condes, alrededor de las 12:20 horas del lunes. Según los videos de las cámaras de seguridad, se dirigió al sector de los módulos de atención y le pidió a una trabajadora que le entregara la totalidad de los ahorros previsionales de su mujer, quien había fallecido en 2019.

Solís quería la totalidad de los ahorros previsionales de su esposa fallecida, los cuales ascendían a un millón de pesos. Sin embargo, le correspondía recibirlos en cuotas de 5 mil pesos, algo que la trabajadora de la AFP le informó. Esto generó la molestia de Solís, quien sacó uno de los dos cuchillos que llevaba en una bolsa, amenazó a la mujer y la tomó de rehén, situación que se extendió por seis horas.

Estos son algunos de los antecedentes que se dieron a conocer durante la audiencia de formalización de Solís, la cual concluyó con el hombre de 55 años en prisión preventiva. El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago determinó esta medida cautelar debido al peligro que representa el imputado para la sociedad, pese a contar con irreprochable conducta anterior.

Solís tiene residencia en la comuna de Conchalí, donde sus vecinos lo describían como una persona tranquila y reservada. Durante 14 años, se desempeñó como guardia de seguridad, hasta que fue despedido. Los problemas económicos y la muerte de su esposa pueden haber sido los motores del secuestro, según quienes lo conocían contaron a CHV.

Según relató el fiscal durante la audiencia de formalización, Solís no soltó el cuchillo durante todo el secuestro y le dijo a Carabineros que solo la liberaría si le entregaban un millón de pesos. Luego de una hora, se le entregó ese monto; sin embargo, exigió 12 millones de pesos adicionales, los cuales aparecieron luego de seis horas.

Según Las Últimas Noticias, cuando Solís comenzó a contar el nuevo monto, un funcionario del GOPE le lanzó una bomba de ruido. Al producir el efecto deseado, el funcionario aprovechó para reducirlo.

En la audiencia, el tribunal dio por acreditado lo presentado por la Fiscalía Metropolitana Oriente y estableció que se trató de un secuestro. Se fijó un plazo de 90 días para la investigación, periodo en el cual el imputado deberá cumplir la medida cautelar más gravosa.

Entre las razones para dejar al sujeto en prisión preventiva está la premeditación con la que actuó, al llevar dos cuchillos y una cortapluma para consumar el ataque a la trabajadora.