Gobierno envió oficio al CNTV en medio de cobertura de la prensa del Caso Monsalve: señalan preocupación por “revictimización”

“Hemos oficiado al Consejo Nacional de Televisión (CNTV), por su intermedio, presidenta, a que se verifiquen las condiciones de la Ley Antonia“. Esa fue una de las frases que emitió esta tarde la ministra de la Mujer, Antonia Orellana (Frente Amplio), en su participación en la comisión de la Mujer de la Cámara de Diputados, a la cual fue invitada por motivo de conversar sobre la gestión de su cartera —y otras— respecto del Caso Monsalve.

La secretaria de Estado aprovechó la instancia para señalar varias cosas. Entre ellas, la gestión de su ministerio para ofrecer apoyo a la denunciante de Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior, además de ahondar en las gestiones administrativas para materializar atención psicosocial con la víctima.

Sin embargo, también el encuentro sirvió para notificar que el pasado 30 de octubre ella, junto a la ministra vocera, Camila Vallejo (PC), enviaron un oficio al CNTV con el “fin de expresar nuestra preocupación por las situaciones de revictimización que pueden provocar los tratamientos de delitos de connotación pública, en particular los referidos a delitos sexuales, que circulan por diferentes medios de comunicación“.

“Dentro de los objetivos esenciales del Gobierno se encuentra el promover, fomentar y garantizar la plena igualdad de derechos entre mujeres y hombres, así como la protección y resguardo de la dignidad de todas las personas”, continúa el escrito, que tiene como destinatario a Mauricio Muñoz, presidente del CNTV.

Además de citar algunas leyes relativas a la promoción de igualdad en el trato entre hombres y mujeres, en el escrito las ministras también enfatizan en que el CNTV “debe velar porque los servicios tanto de radiodifusión como de televisión adopten medidas para cumplir la ley“.

De hecho, resaltan que al tratarse delitos de violencia sexual “es fundamental que los medios de comunicación no entreguen información que permitan identificar a la víctima, pues esto atentaría con las obligaciones establecidas en la mencionada ley”.

Por último, también aluden a la Ley Antonia —ley 21.523, denominada así por Antonia Barra— en la que se establecieron medidas de protección ante la exposición que pudiesen sufrir las víctimas de delitos sexuales ante los medios de comunicación.

“Entre ellas, se indica una prohibición a los intervinientes de entregar información o formular
declaraciones a los medios de comunicación social relativas a las víctimas, u otras como prohibir el acceso de los medios a la sala de audiencia en caso de que la víctima lo solicite, todas ellas con el fin de prever la victimización secundaria”, mencionaron.

Por lo mismo, concluyeron el oficio esperando que Muñoz y el CNTV consideren “lo anterior con el propósito de poder adoptar los procedimientos que resulten menester, conforme la normativa legal, teniendo presenta también la dignidad y la protección de las mujeres.”