Le habrían fracturado una pierna a un ciudadano venezolano: INDH presenta querella por tortura e investigan a funcionarios de la PDI por la agresión

El 8 de enero del 2024, un ciudadano venezolano esperaba salir en libertad desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina II. Esto, luego de cumplir una condena por el delito de robo con violencia e intimidación, ocurrido cinco años antes.

Pero su salida de la cárcel no se concretó como debía. De acuerdo a una querella, interpuesta por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el sujeto fue entregado ese día, cerca de las 02:30 horas, a tres funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI). Los dependientes del departamento de Migraciones y Policía Internacional, lo llevaron a un cuartel policial de la misma sección, ubicado en la calle San Francisco 253, Santiago.

Allí, el venezolano habría sido víctima de agresiones. Uno de los hechos, narrado en el libelo, apunta que recibió golpes en el suelo en distintas partes en el cuerpo. Cuando intentó pararse, un funcionario le hizo “una especie de llave de combate, tomándolo del cuello y poniendo su pie en la rodilla derecha de la víctima, haciendo presión por varios minutos, provocándole una evidente fractura”.

Querella detalla las presuntas agresiones por parte de los funcionarios de la PDI

Según consignó T13, la querella de 23 páginas es en contra de quienes resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores del delito consumado de tortura.

Otra parte el documento indica que al hombre extranjero “lo subieron a una camilla dejándolo caer en varias oportunidades siendo objeto de burlas y grabaciones con un celular, para luego tomarlo entre dos funcionarios de cada brazo, así como arrastrarlo y subirlo por las escaleras, pidiendo la víctima mediante llanto que le permitieran inmovilizar su pierna dado el intenso dolor que la aquejaba”.

Durante la mañana, los funcionarios de la PDI trasladaron al individuo a un centro asistencial, donde le constataron la lesión en su rodilla. Según la acción penal, de acuerdo al relato de la víctima, al conocerse el diagnóstico, uno de los funcionarios exclamó: Va a quedar la zorra (sic)”. El día posterior a lo ocurrido, habrían sido llamados a la oficina de asuntos internos de la institución para declarar.

La PDI, a través de una declaración al medio de comunicación, indicó que no comentan acciones judiciales en contra de funcionarios. Lo que sí mencionaron es que están disponibles a cooperar, y destacaron “el compromiso inquebrantable con la ética, probidad y respeto a los derechos humanos, como ejes transversales”.