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28 de Noviembre de 2024CUT y paro nacional de funcionarios públicos: “Buscamos que el Gobierno se haga cargo de la estabilidad laboral de los trabajadores”
Este jueves se desarrolla un paro nacional de los funcionarios del sector público y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el marco de la negociación por el reajuste salarial, movilización a la que el Ejecutivo no le ve respaldo, dado que las tratativas acaban de iniciar.
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Este jueves, a partir de las 11 de la mañana, se llevará a cabo un paro nacional de los funcionarios del sector público y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en el marco de las negociaciones por el reajuste salarial, una movilización a la que el Ejecutivo no le ve respaldo.
Y es que en medio del inicio de las tratativas sobre el reajuste del sector público, la oposición ya advirtió que va a rechazar el ajuste pretendido por los trabajadores, una de las razones que motivó el paro. Cabe recordar que los funcionarios piden un alza real de 3% y 7,5% nominal.
La idea de la movilización, en rigor, es presionar para viabilizar las demandas de los trabajadores del Estado y que el Gobierno “cumpla sus compromisos”, pero otro de los principales objetivos es también imponer su visión respecto a lo relacionado con los trabajadores a contrata.
Y es que el debate en esta materia surgió luego de que Contraloría soprendiera,a inicios de noviembre, con la dictación de una nueva jurisprudencia administrativa, que estableció que el principio de confianza legítima -es decir, de continuidad en el cargo- de los trabajadores a contrata del sector fiscal ya no será una materia de revisión del ente fiscalizador, sino de los tribunales de justicia.
Durante la gestión del ex contralor Jorge Bermúdez, se determinó por parte de la entidad que la confianza legítima se podía argumentar ante la Contraloría, luego de dos renovaciones sucesivas. Pero esto cambió en los últimos años en los casos judicializados que escalaron hasta la Cuarta Sala de la Corte Suprema: esta resolvió que dicho principio podía ser planteado recién tras cinco años.
Así, este nuevo criterio de la contralora Dorothy Pérez dejó en manos de los tribunales de justicia estas reclamaciones, lo que generó molestia entre los funcionarios públicos, quienes reclaman que esta medida los deja en la “indefensión” y urgen que el criterio se modifique.
El paro nacional y las demandas de los trabajadores fueron abordadas por David Acuña, presidente de la CUT, quien comentó, en conversación con The Clinic, que “como trabajadores y trabajadoras, tenemos el legítimo derecho a movilizarnos. La movilización social nos ha permitido generar avances en torno a las reformas laborales que hoy día benefician a los trabajadores y trabajadoras”.
“Creemos que la protección, y la defensa del empleo público es fundamental, por eso hemos hecho este llamado a paro. No solamente aquí hay un componente de la mesa del sector público, sino que son todos los trabajadores del Estado que hoy día ven vulnerados sus derechos ante el dictamente de la ContralorÍa. Estamos en alerta, los hemos planteado, y creemos que la movilización es una herramienta que nos permite avanzar”, añadió Acuña.
Tras ello, el dirigente sindical insistió en que “siempre hemos estado dispuestos a dialogar, y vemos que por parte de nuestra contraparte, el gobierno, hay disposición. Pero el paro y la movilización es legítima de los dirigentes sindicales, de las organizaciones sociales, y creemos que es fundamental poder conversar, poder dialogar, pero nadie nos va a quitar el derecho que tenemos a movilizarnos”.
En cuanto a las afectaciones que esta medida pueda generar en la ciudadanía, Acuña apuntó que “por parte de los gremios hay responsabilidad, y se tomarán las medidas necesarias para que esto no afecte a la ciudadanía. (…) Queremos hacer entender a la ciudadanía, que esto también es en defensa del fortalecimiento del empleo público, pero también el fortalecimiento de los servicios, el poder contar con las herramientas necesarias para poder entregar un mejor servicio como trabajadores públicos”.
E insistió en que “el paro nacional de este jueves 28 de noviembre apunta directamente a fortalecer el empleo público, buscamos que el Gobierno se haga cargo de la estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras. Ningún gobierno ha tomado esta responsabilidad, por eso esperamos que el gobierno se haga cargo de esto, y que no dependamos hoy día de los tribunales de justicia para poder contar con estabilidad laboral”.
“La contralora, con su dictamen, viene solamente a poner incertidumbre hacia los trabajadores y trabajadoras del Estado. Creemos que es fundamental que el Gobierno se haga cargo de esta situación”, sostuvo el presidente de la CUT, añadiendo que “estamos en estado de movilización, hoy tenemos nuestra primera movilización, y no descartamos seguir realizando acciones para poder resguardar el empleo público, y por sobre todo resguardar nuestros derechos laborales”.
La postura del Gobierno por paro nacional
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue consultado sobre el tema esta mañana en entrevista con Radio ADN.
“Creo que es difícil de entender. Uno puede entender que hay alguna movilización cuando fracasan las negociaciones, desgraciadamente en el sector público eso no está regulado, pero de todas maneras igual es como de sentido común, que es en esas circunstancias las cuales se pueden entender las movilizaciones de los trabajadores”, dijo el ministro Marcel para rechazar la idea de que exista una movilización sin que todavía no se desarrollen las negociaciones por el reajuste salarial.
En tanto, su par de la cartera de Trabajo y Previsión Social, la ministra Jeannette Jara, comentó ayer que “la convocatoria a un paro antes de sentarse a conversar no le encuentro mucho sentido, toda vez que estas conversaciones recién se van a empezar a producir”.
“Cada vez que se paraliza existe, por otro lado, una ciudadanía que no puede realizar sus trámites o recibir los servicios adecuados. Haría un llamado a que si hay una molestia por palabras de la derecha en torno a la solicitud de reajuste de los salarios públicos, ojalá se los hagan saber a ellos, pero que no sea la ciudadanía los que tengan que asumir este costo”, concluyó la ministra.