Ministra Marcela Sandoval sobre restitución de tierras en Rapa Nui: “Es uno de los casos más complejos que hemos tenido que ver”

La ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval (FA), regresó anoche de Rapa Nui. Durante los tres días de su visita, realizó diversas actividades con organizaciones locales, como la entrega de un dron a Conaf para monitorear incendios forestales. Sin embargo, el propósito principal de su viaje fue la firma de 15 actas de radicación con familias originarias de la isla. En esta entrevista, Sandoval detalla los acuerdos alcanzados.

La ministra se reunió con The Clinic en el Patio de Los Naranjos, al el interior de La Moneda, tras salir del consejo de gabinete. En medio de una agenda apretada, se tomó un momento para hablar sobre el acuerdo de restitución con la familia Roe y las críticas por el nombramiento de Sebastián Artiaga, el nuevo seremi del Frente Amplio que, con 26 años, asumió la dirección de Bienes Nacionales en el Biobío.

Sandoval explica que el caso de la familia Roe fue particularmente complejo, ya que era el único en el que una familia había demandado al Estado por usurpación de tierras. Estas tierras son donde actualmente se encuentra el único aeropuerto de la isla, el Aeropuerto Mataveri.

Este caso es muy conocido entre las familias de Rapa Nui, ya que, en 2019, cuando el aeropuerto estaba cerrado debido a la pandemia, miembros de la familia se tomaron el terreno. Según la ministra, el acuerdo alcanzado busca, entre otras cosas, “poner paños fríos” a la situación.

—¿Qué significa esto en términos simbólicos y prácticos?

—En primer lugar, en términos simbólicos, dar por finalizado un conflicto que se arrastra por años. Es una demanda contra el Estado de Chile que esta familia venía haciendo, estaban pidiendo el reconocimiento legítimo de la propiedad sobre estas tierras que corresponden al aeropuerto. Hubo varias tomas del aeropuerto durante varios gobiernos, lo que evidentemente ponía en riesgo la operación portuaria y ponía en riesgo el turismo, el desarrollo local, en fin, tenía varias consecuencias. Y también enfrentamiento obviamente con la comunidad.

Fue un proceso largo de negociación desde que yo asumí hasta ahora. Porque el Presidente se comprometió con un memorándum de acuerdo en varios términos, hay varios ministerios involucrados, pero lo más importante era la restitución de tierra y logramos firmar en la isla después de todo un día conversaciones con la familia.

Veníamos ya realizando un protocolo de acuerdo la restitución de dos sectores del aeropuerto, uno que es el conocido como La Resistencia (2.980 m2), que era el lugar que ellos se tomaban, y el otro es el sector conocido como El Gomero (4.700 m2). Va a quedar pendiente un saldo y eso está condicionado al traslado del aeropuerto a la terminal provisoria”.

En total se deben restituir 3,9 hectáreas, ahora ya entregamos 7.700 m2 sumando los dos sitios (El Gomero y La Resistencia) y la superficie restante, la familia sabe que queda pendiente por el traslado del terminal provisorio.

Es un avance, sin duda es un avance en restitución de derechos territoriales, pero también es un avance en términos de un conflicto en que tenía tensionada la relación, no de la comunidad Rapa Nui propiamente tal, sino de una familia, de cuatro ramas familiares. Allá en la isla es importante culturalmente la relevancia de las familias y esto de alguna manera viene a poner paños fríos.

—¿Cuáles fueron las condiciones que se dieron para este acuerdo?

—Acá hay un organismo que los representa a los Rapa Nui, que es la Comisión de Desarrollo de la Isla (CODEIPA), y ellos han sido garantes en todo este proceso. No exentos de conflictos, pero logramos que un comisionado fuera garante, que las familias lo reconocieran. Entonces también eso fue importante porque teníamos como a todas las partes sentadas en la mesa y por eso también logramos la firma del acuerdo de todas las familias.

Hay algunos puntos pendientes que no corresponden a nuestro ministerio, nosotros vamos a seguir trabajando por el tema de las 3,9 hectáreas y yo creo que esto es un buen precedente de cómo avanzamos también en este trato con la comunidad Rapa Nui y el Estado de Chile.

—¿Qué va a pasar con el aeropuerto? O sea, hay 3,9 hectáreas que están destinadas para un aeropuerto provisorio, pero también hay que preocuparse porque a parte de los vuelos de Santiago hay vuelos de Tahití que llegan a Rapa Nui. ¿Cómo se va a gestionar eso? ¿Se va a ver afectado el flujo?

—Hay un proyecto de la Dirección Aeronáutica Civil (DGAC) y del Ministerio de Obras Públicas ya en diseño, en desarrollo. La familia sabe que mientras no haya traslado el terminal provisorio, esas 3,9 hectáreas no pueden ser traspasadas, tiene que ser todo paulatino. Justamente el acuerdo lo que busca garantizar es la normalidad del aeropuerto, de la operación aérea, porque obviamente afecta el turismo y todo, que perjudica a otras familias de la isla.

Entonces, mientras eso no ocurra, no podemos avanzar. Pero ya las instituciones competentes, la DGAC y el MOP, están avanzando también en la implementación de este terminal provisorio.

No podía decir plazo. Es algo que ellos tienen que decir, pero esperamos que avance en este gobierno o sea ese es la parte de los compromisos. El provisorio, no el definitivo, porque se espera que al 2030 o algo haya un nuevo aeropuerto en Rapa Nui que tenga estándares internacionales en el fondo por la cantidad de gente. Claro hay dos vuelos diarios en este periodo más de vacaciones, pero la isla podría tener mucho más flujo de gente.

—¿Por qué aquí se pudo restituir las tierras y en otros casos es más complejo?

—En este fue muy complejo. Yo te diría que es uno de los casos más complejos que hemos tenido que ver. Ahora, este es un caso de connotación pública. Pero hay otros. Fuimos a hacer actas de radicación, que en el fondo es reconocimiento de propiedad de tierra, de ocupación, a 14 familias más de Rapa Nui. Pero claro, eso no tiene… porque esas familias no demandaron al Estado, no se manifestaron, hicieron todo como…

—¿Por una vía más institucional?

—Exactamente. Y lo hicimos en paralelo. Esta, claro, es una reivindicación propiamente tal, y en los otros casos ha sido como un trámite administrativo y que hemos avanzado, pero también después de décadas.

Ahora, claro, cada comunidad indígena, o sea, pensando en las restituciones que hemos hecho grandes en el norte, por ejemplo, la Aimara, que es la tercera más grande que se ha hecho en la historia de Chile, de 14.000 hectáreas, que lo hicimos hace unos meses, también tuvo elementos que, no sé, por redefinir planos, abrir pasos de servidumbre, porque eran terrenos ocupados.

Cada comunidad tiene una particularidad, cada comunidad indígena tiene sus propios términos de negociación. Y yo te diría que la experiencia por lo menos de Bienes Nacionales, este ha sido uno de los casos más complejos, pero eso lo vemos como con una lectura positiva de haber logrado la firma porque estábamos siempre como en un equilibrio muy precario.

—¿Y hay más planes de restitución de tierra a corto plazo? ¿Dónde? ¿A qué comunidades va a afectar?

Bueno, tenemos varios temas que se cruzan también con la administración de parques nacionales, comunidades que, sobre todo en el sur de Chile, que habitan cerca de instancias de conservación. Ahí tenemos planes en la región de la Araucanía, en la región de Los Lagos, sobre todo por el tema del plan Buen Vivir. Ahí tenemos varios compromisos asociados.

No podemos adelantar dónde exactamente, pero te digo que en esas regiones y en el norte de Chile también con las comunidades al mar hemos estado trabajando también en compromisos que son demandas algunas internacionales y otras son compromisos del gobierno.

—Sobre el anuncio del seremi de Biobío Sebastián Arteaga. Desde la oposición y parlamentarios critican el nombramiento debido respecto a su poca experiencia y corta edad. ¿Qué tiene que decir del caso?

Bueno, la propuesta de los seremi la hacen los delegados presidenciales. Esa es una facultad que tienen en base como al conocimiento de la región y a la propuesta también que hacen los partidos políticos. En este caso fue una propuesta del Frente Amplio y ratificada por el delegado.

Hemos estado conversando también para justamente dar respuestas a esas críticas, pero efectivamente era una persona que contaba con las credenciales, digamos, y sobre todo política, que avalaron su nombramiento.