Compraventa de óvulos: el explosivo crecimiento de un mercado sin reglas

Cuando una mujer va a donar sus óvulos, debe firmar un consentimiento para que la futura madre que los reciba pueda conocer sus características físicas. Los datos que se entregan: tono de piel, estatura, color de pelo y de ojos, tipo de cabello. La mujer que recibe los óvulos puede elegir las características físicas de su probable futuro hijo.

Esto es solo una etapa de la ovodonación, proceso en al cual una mujer recibe una compensación económica por donar óvulos para que, posteriormente, un centro de fertilidad ocupe esos gametos en una mujer que quiera ser madre. Pero no es solo eso. En Chile, la ovodonación es un mercado que va al alza y que no tiene ni leyes ni regulación. 

“Cuando las actividades no están reguladas, el mercado puede eventualmente actuar de manera desleal con las pacientes, y por lo tanto se requeriría una regulación que resguarde sobre todo los derechos y deberes de las donantes, además de asegurar que esto se haga de manera legal y bajo las condiciones sanitarias adecuadas”, sostiene el abogado Juan César Kehr, experto en responsabilidad médica y bioética.

Cuando decidió donar parte de sus óvulos, Grays Sepúlveda (22) lo imaginó como un proceso fácil y una forma rápida de ganar dinero. El consentimiento informado que firmó en la Clínica Las Condes (CLC) -centro donde finalmente donó, luego de ser descartada por otro al que postuló antes- era sencillo: ella donaba sus óvulos y a cambio la clínica le pagaría 30 UF (cerca de un millón de pesos) como “compensación”. El documento dice eso: “compensación”. Si dijera “pago” o “transferencia”, la clínica podría exponerse a conflictos judiciales. En Chile no se puede comprar óvulos, pero sí compensar a quien los dona. 

“(En la clínica) hacían énfasis en que no es que una esté vendiendo los óvulos, sino que te dan una compensación por el tiempo que uno invierte, el desgaste físico al que uno se expone en el proceso”, asegura Grays. 

Pero el dinero no llegó en la fecha prometida. Las 30 UF que le debía pagar la clínica -a más tardar en noviembre de 2023, dos meses después de la donación-, no aparecieron. Sepúlveda se hizo notar. Mandó correos, llamó, insistió en las oficinas del lugar. Nada. El reclamo formal que hizo ante la Superintendencia de Salud en diciembre del año pasado tampoco funcionó. 

Cuando llegó el pago, a principios de junio pasado, fue porque la afectada contactó a unos abogados que enviaron una carta formal a la CLC. La clínica desembolsó el monto comprometido, nueve meses tarde. Un mes después, asegura Grays, el centro de salud se contactó de nuevo con ella: le cobraban más de $3 millones por la hospitalización del día en que donó 19 de sus óvulos. 

Juan César Kehr, abogado de la fundación Pro Bono con el que se contactó Grays, se refiere a la falta de legislación de la ovodonación: “Al no haber una regulación de fondo, queda todo a libre albedrío de las partes. Y específicamente de la parte que impone el contrato, que es la clínica”.

El desorden es patente en la Clínica Las Condes. Contactado por The Clinic, el centro de salud aseguró que ya no están ni recibiendo donantes de óvulos ni realizando tratamientos de recepción de óvulos. A pesar de que un día antes, un integrante del equipo periodístico de este medio fue informado sobre dichos aranceles y servicios en la Oficina de Presupuestos de la clínica.

En Chile, los centros de salud que aceptan donación de óvulos han aumentado exponencialmente en los últimos años. Al no existir una regulación sobre el tema, el Estado no posee información sobre la cantidad de mujeres que hoy están vendiendo sus óvulos en Chile. Esta posibilidad de conseguir dinero rápido y relativamente fácil se ha transformado en un dato que pasa de boca en boca, especialmente entre mujeres jóvenes, y que incluso tiene campañas de difusión en redes sociales. 

Según constató The Clinic, el precio de “compensación” por donar óvulos apenas supera el millón de pesos. En la Clínica Las Condes, por ejemplo, si al finalizar el proceso solo se logran extraer menos de ocho óvulos, el pago es de diez UF, un tercio del total. Para recibir el 100%, la donación debe ser de ocho óvulos o más. Sobre los requisitos para donar, la mayoría de los centros de reproducción que reciben óvulos exigen que las mujeres sean jóvenes, entre 20 y 29 años, sin indicios de obesidad, sin enfermedades hereditarias ni psiquiátricas. Otros centros solicitan, además, que las donantes tengan estudios superiores. 

Entre la larga lista de centros privados que se dedican al negocio, hay dos instituciones públicas que actualmente reciben donantes de óvulos: el Instituto de Investigación Materno Infantil (IDIMI) de la Universidad de Chile y el Centro de Reproducción Humana de la Universidad de Valparaíso. Ambos centros entregan una compensación a cambio de la donación. 

El especialista en ginecología y obstetricia, Fernando Zegers, fundador de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida (Redlara) y pionero de la ovodonación en Chile, aseguró a The Clinic que, ante la falta de regulación de los procesos de reproducción asistida, “los gobiernos no pueden simplemente pasar estas cosas por alto”, porque la “regulación permite la protección del donante, de las personas nacidas y también de la receptora”.

Zegers -director del Programa de Ética y Políticas Públicas en Reproducción Humana de la Universidad Diego Portales- dice algo más: que en 2022 envió al Ministerio de Salud la propuesta de un proyecto de ley que regula los tratamientos de reproducción asistida, incluida la donación y recepción de óvulos. Pero que hasta la fecha, dice, sigue esperando una reunión que las autoridades postergaron muchas veces. 

The Clinic le consultó al Ministerio de Salud por esa propuesta, pero hasta el cierre de este reportaje, no obtuvimos respuesta.

El proceso para donar

Grays Sepúlveda (22), además del rédito económico, tuvo otra motivación para asistir a la clínica. Como estudiante de obstetricia, vio esta oportunidad como una buena forma de aprender sobre la ovodonación y todo lo que implica: “Gano por todos lados. Voy a ganar plata y voy a entender más el proceso desde adentro”, sostiene en entrevista con The Clinic. 

En la Clínica Las Condes, Grays tuvo que pasar por una serie de requisitos para ser ovodonante: Índice de Masa Corporal máximo de 27, tener entre 21 y 29 años y no tener antecedentes personales ni familiares de enfermedades heredables, entre otros. 

Ya en la siguiente etapa, le hicieron una serie de mediciones, desde la estatura y peso, hasta una fotografía de su cara para tener registro del color de ojos y patrón del cabello. Después se sometió a una estimulación ovárica mediante uso de fármacos inyectables. Esto con el objetivo de que sus ovarios produjeran la mayor cantidad de óvulos posible. 

Además, debió someterse a una serie de ecografías transvaginales, sumado a varios exámenes de sangre, examen cromosómico y el consumo de pastillas anticonceptivas -para que desde la clínica pudieran regular su ciclo ovárico-. “La frecuencia promedio con la que fui las últimas dos semanas (a la clínica) habrá sido cada dos días, más o menos. Hasta que los óvulos crecieron lo que tenían que crecer”, recuerda Grays.

Este proceso, según el consentimiento informado que firmó Grays, puede traer una serie de riesgos que, a pesar de ser poco frecuentes, existen: síndrome de hiperestimulación ovárica, hemorragias, torsión ovárica, infecciones, entre otros. 

Grays entró a pabellón el 4 de septiembre del 2023, para concretar la extracción de sus óvulos. La sedaron, le sacaron 19 óvulos y despertó cerca de una hora y media después. “Tuve que ir una semana después de la extracción para que vieran cómo habían disminuido su tamaño mis ovarios y me daban el alta”, recuerda la joven. En ese momento, dice, le solicitaron sus datos bancarios y le dijeron que en un plazo de dos meses le harían el pago: “Un plazo que claramente nunca se respetó”, sentencia. Pasó noviembre, y Grays asegura que perdió la cuenta de las veces que reclamó a la clínica por distintas vías, sin conseguir una respuesta. 

Comprar óvulos

Después de agotar opciones para conseguir el pago de la clínica por su cuenta, Grays ingresó un requerimiento ante la Superintendencia de Salud. La respuesta fue desalentadora: “Me dijeron que la superintendencia no veía eso, que no se encarga de esas cosas. Y que al ser un servicio prestado por mí hacia la clínica, tenía que acudir al Sernac (Servicio Nacional del Consumidor). Y ahí yo dije ya, no sé qué hacer. De verdad me sentía atada de manos. Y ahí empecé a buscar abogados”, cuenta la joven. 

Ese camino tampoco fue fácil. “Me puse a buscar si es que había alguien que se especializara en esta área y no encontré a nadie. Quizás porque es un tema relativamente nuevo, por así decirlo. Hay mucha gente que no cacha esto (…) me comuniqué con varios abogados y todos me decían que no podía hacer nada, porque era una donación, y si yo estoy haciendo una donación, no podía esperar algo a cambio”, recuerda Grays. Pero no se convencía. 

Ella todavía tenía en su poder el consentimiento informado que le entregaron en la clínica y ahí se estipulaba el pago: “Yo tengo ahí un documento como de ocho hojas en el que dice compensación. Existe una compensación, pero muchos abogados me dijeron que no podía hacer nada”, sostiene (vea aquí ese documento completo). 

A inicios de 2024, Grays llegó a la Fundación Pro Bono, una organización sin fines de lucro que asesora legalmente a través de voluntarios. Allí los abogados Josefa Giesen y Juan César Kehr decidieron tomar el caso: “Nos interesó mucho la asesoría. Los dos tenemos un máster en responsabilidad médica y bioética (…) además porque sabíamos que si no era mediante una intervención Pro Bono este caso probablemente se quedaría sin una solución”, explica la abogada Giesen. 

El 9 de mayo de 2024, los abogados de Pro Bono enviaron una carta formal a la Clínica Las Condes informando que estaban representando a Grays, exigiendo el cumplimiento del pago por los óvulos donados, y que en caso de que éste no se realizara, iniciarían acciones legales. Después de eso, la clínica reaccionó y en menos de un mes concretó el pago acordado en 2023. 

Para los abogados que llevaron el caso, el problema de fondo es que no existe una regulación para este mercado de donaciones y la legislación actual, en estricto rigor, prohíbe que se pague por un óvulo. El decreto 240, elaborado por el Ministerio de Salud en 1983 para regular la donación de órganos, tejidos o partes del cuerpo, es claro en su artículo 17: “Las disposiciones de este reglamento no se aplicarán a las donaciones de espermios, óvulos, sangre, médula ósea, huesos, piel, fanereos, así como a todo producto de la concepción que no llegue a nacer vivo”.

Los óvulos, explica el abogado Juan César Kehr, al quedar fuera de esa regulación se consideran objetos ilícitos y por ende no se pueden transar. Kehr basa su análisis en las disposiciones del Código Civil, en su artículo 1464: “Aquí lo dice directamente, dice que ‘hay objeto ilícito en la enajenación’, es decir, en la transferencia, ‘de las cosas que no están en el comercio’. Justamente este tipo de cosas no están en el comercio, no son un bien mercantil comercial”.

Esta es la razón, según los abogados del caso, de que sea tan importante presentar el pago a las donantes como una compensación. Una fórmula que se habría importado a Chile desde el extranjero: “En Estados Unidos o en Reino Unido también está prohibido el pago por el tema de los óvulos, pero también existe esta forma de compensación, que es una forma de esconder, por así decirlo, el pago que se le está realizando a la persona que dona sus óvulos”, explica Giesen.

Ganancias de la industria

La fórmula ha funcionado hasta ahora, generando millonarias ganancias para los centros que reciben a las donantes. En el caso particular de la Clínica Las Condes, The Clinic pudo constatar lo que cobra ese centro de salud por los servicios que ofrecen a partir de los óvulos donados.

Una persona de nuestro equipo fue a la Clínica Las Condes e hizo el ejercicio de cotizar dichos servicios. En el área de Medicina Reproductiva se le exigió pagar una consulta con alguno de los especialistas para obtener el presupuesto, ya que, según explicaron, dicha información solo se entregaba a partir de una orden médica. Tras insistir, el integrante de nuestra redacción fue derivado a la Oficina de Presupuestos, donde una de las ejecutivas expuso el listado y los detalles de las prestaciones. 

El costo de un solo intento de fertilización con óvulos donados es de $7 millones. La cifra se compone por los insumos médicos, que tienen un valor de $2,8 millones y los honorarios del médico, por $424 mil. Ahí la ejecutiva de la clínica aclara que la paciente debe pagar por los gastos en los que incurre el centro de salud para conseguir los óvulos, lo que se cifra en casi $4 millones. Es decir, el millón de pesos que recibió Grays y todo lo que costó ese proceso, debe ser pagado por la paciente que luego usará dichos óvulos en su tratamiento. 

Si el proceso no es exitoso en el primer intento, para probar suerte otra vez -si es que quedaron óvulos disponibles- la paciente puede volver a probar suerte pagando alrededor de $1,5 millón por cada nuevo intento.

La ejecutiva también aclara que estas cifras no incluyen el costo de las consultas médicas que sean necesarias para el tratamiento, tampoco los exámenes previos ni los posteriores para evaluar el éxito del intento.

Otro servicio disponible es el de realizar un estudio genético al embrión -óvulo ya fecundado- para conocer su carga genética y ver la posibilidad de aparición de ciertas enfermedades. Ese estudio tiene un valor de $530 mil por cada embrión. 

A pesar de que en el caso de la Clínica Las Condes todas las donaciones son anónimas, las pacientes que buscan ser madres sí tienen acceso a las características físicas de las donantes para elegir a discreción. En algunos casos, explica la ejecutiva de Presupuesto, las pacientes eligen entre los óvulos que están congelados en el banco que administra la clínica. Otras veces, se busca a la donante específica para la paciente, como sucedió en el caso de Grays.

The Clinic solicitó formalmente las cifras de los aranceles a la Clínica Las Condes para contrastar la información recabada en la cotización. Sin embargo, desde la clínica afirmaron que ya no prestan estos servicios -ovodonación ni fertilización con óvulos donados- desde septiembre de 2023. La respuesta no coincide con los datos entregados por la Oficina de Presupuestos el día 4 de diciembre recién pasado. 

Tampoco coincide con la respuesta que le entregó, a través de un correo electrónico, la coordinadora del Programa de Ovodonación de la Unidad de Medicina Reproductiva de la misma Clínica Las Condes, a otro miembro de nuestro equipo periodístico que consultó el presupuesto para acceder a un proceso de fertilización asistida con óvulos donados.

“Para poder entregarles el presupuesto primero deben venir a una consulta con un médico especialista en medicina reproductiva, para saber qué indicación les da según cada caso y con esa orden podemos realizar un presupuesto”, indicó la coordinadora del programa el miércoles 4 de diciembre. 

En el caso del Centro de Reproducción Asistida y Especialidades de la Mujer (CRAM), ubicado en Concepción, es posible conocer los aranceles a través de su página web. Allí el tratamiento de fertilización con óvulos donados tiene un costo que dependerá de la cantidad de ovocitos -óvulos no maduros- utilizados en el tratamiento, que parte en los $3,7 millones por cinco ovocitos, hasta los $5,9 millones por diez.

Crecimiento explosivo

Ser madre joven es algo cada vez más lejano en la sociedad chilena. Viajar, estudiar o tener estabilidad económica son algunos de los factores que han retrasado la edad en que las mujeres toman esta decisión. En 2023, el Registro Civil registró 177.306 nacimientos, la menor cantidad en la última década. Es por esto que la ovodonación surge como una alternativa para quienes quieren ser madres teniendo una edad posterior a los 40. Según el doctor Fernando Zegers, actualmente en Chile nacen entre 350 y 400 personas con este método.  

The Clinic conversó con diversas mujeres jóvenes que han donado sus óvulos en distintos centros donde realizan el procedimiento. La principal razón para someterse a este proceso, concuerdan todas, fue el dinero. 

En 2021, La Tercera constató en un reportaje que existían nueve clínicas de fertilidad -casi todas privadas- a lo largo del país. Según pudo averiguar The Clinic, actualmente hay al menos 21 centros en los que se realiza este procedimiento.

De estos, solo 13 están acreditados por la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida. De los 21 centros, cuatro se encuentran en la zona norte del país -Antofagasta y Coquimbo-, 13 en la zona centro -Santiago, Viña del Mar y Valparaíso- y cuatro en la zona sur -Región de Los Lagos y Biobío-.

Según datos del Registro Latinoamericano de Reproducción Asistida (RLA) -dependiente de Redlara- en 2021 hubo 1.269 procesos de recepción de óvulos por parte de mujeres mayores de 40 años, la mayor cantidad desde 1990, año que se comenzaron a registrar estos datos. Pero no hay ningún registro de las donantes. 

El médico y fundador de Redlara, Fernando Zegers, sostiene que la mayor parte de las mujeres que donan lo hacen de forma anónima y son estudiantes del área de la salud, al igual que Grays: “La mayor parte, si no la totalidad de las donantes en Chile son anónimas. Son mujeres jóvenes. La gran mayoría son reclutadas de universidades o de centros académicos. La media de edad es alrededor de 25 años. Hay mayor prevalencia de donantes que provienen de carreras relacionadas con salud. Y en gran parte del mundo, las donantes son gente de niveles socioeconómicos medios para abajo”. 

Redlara cuenta con un registro de cuántas mujeres han recibido óvulos en el país, pero no existe un conteo de cuántas han donado sus óvulos en estos distintos centros.

En cuanto a la deuda de más de tres millones que la Clínica Las Condes le estaba cobrando a Grays por su hospitalización para donar óvulos, la versión oficial del centro de salud es que fue un error administrativo cuyo cobro no procedía, y que estaría “solucionado”.

A Grays, dice ella, nadie le ha notificado nada. Ni el error de una deuda, ni el cierre de un proceso. Para ella, toda esta situación ha sido un bucle indeseado: “Cuando me pagaron, yo dije ya finalmente, la guerra acabó. Pero hasta el día de hoy me siguen llamando de la clínica, cobrándome por la hospitalización de ese día”.