Defensores Penales Públicos apuntan a la Dipres por atraso en pagos y entidad afirma: “Se han entregado todos los recursos que corresponden por ley”

Una nueva polémica financiera recae sobre la Dirección de Presupuestos (Dipres), esta vez protagonizada por la Asociación de Defensores Penales Públicos Licitados de Chile (ADEFEL). La organización publicó ayer un comunicado a través de sus redes sociales denunciando que no recibirán sus sueldos de noviembre de manera regular debido a “problemas de la Dipres”.

Según el comunicado de la ADEFEL, se les informó, a través de la Defensoría Penal Pública de cada región, que “los pagos correspondientes a los servicios de defensa penal prestados durante noviembre de 2024 no serán realizados como regularmente ocurre, es decir, durante los primeros días del mes siguiente. Nos indicaron escuetamente que, por problemas de la Dipres, no hay fondos públicos”.

Los defensores penales públicos están sujetos a un sistema mixto de financiamiento. Por un lado, están los defensores contratados directamente por el Estado, quienes reciben un sueldo mensual asociado a un grado. Por otro lado, hay abogados que prestan servicios a través de licitaciones, ya sea como particulares o mediante empresas privadas, bajo contratos que tienen una duración de cuatro años.

Este sistema, según la ADEFEL, “evidencia las diferencias existentes entre un defensor ‘institucional’ y uno ‘licitado’, pese al discurso institucional de considerarnos iguales”. Estas diferencias, explican, se manifiestan en aspectos como remuneraciones, estabilidad laboral, feriados legales y licencias médicas.

La situación actual, señalan, se ha “tornado dramática”, ya que los defensores licitados no recibirán el pago de noviembre. Además, denuncian que solo han recibido “excusas institucionales y llamados a recurrir a un plan de contingencia para cubrir los costos de sueldos de abogados, asistentes, cotizaciones y arriendos, sin que se comprometa una fecha para que el Estado cumpla con su obligación de pagar por los servicios otorgados”.

En el comunicado, advierten: “Se nos insta a seguir trabajando en las mismas condiciones precarias y, hoy por hoy, gratis, recurriendo a recursos propios para cumplir con una labor estatal”.

En su última cuenta pública, el defensor nacional, Osvaldo Pizarro, afirmó: “Somos personas que defendemos a personas, y lo hacemos con la absoluta convicción de que sin defensa no hay justicia”. Por su parte, la ADEFEL enfatiza que “todas las personas que prestamos servicios para la institución necesitamos recibir nuestros sueldos de manera oportuna”. Además, no descartan “iniciar una movilización a nivel nacional” si la situación persiste.

El comunicado concluye con una advertencia: “¡Sin defensores licitados, no hay defensa ni justicia!”.

Cabe recordar que durante la semana pasada, los gobiernos regionales se desplegaron reclamando que el gobierno, y en específico, la Dirección de Presupuestos (Dipres) no le estaba traspasando recursos lo que estaba afectando la autonomía financiera y el pago a sus proveedores. La falta de recursos lo atribuyeron a los menores ingresos que iba a tener el Fisco.

La versión de la Dipres

Al ser consultados por el tema, desde la Dirección de Presupuestos (Dipres) indicaron a The Clinic que “el ajuste fiscal implementado durante este año no incluye el gasto en servicios de defensa penal licitados de la Defensoría Penal Pública, por lo que no hay relación entre el tema y lo señalado por la asociación de funcionarios en su declaración”.

En segundo lugar, la entidad que lidera Javiera Martínez sostuvo que “no es correcto afirmar que la institución no tiene recursos por ‘problemas’ de la Dipres, dado que se han entregado todos los recursos que corresponden por ley (y de acuerdo al gasto que llevan ejecutado a la fecha). Sin embargo, los temas sectoriales deben ser consultados con los respectivos ministerios y/o servicios públicos”.