Una nueva y mejor institucionalidad para la seguridad

Al terminar el 2024 se comienza a vislumbrar el profundo cambio que está teniendo la institucionalidad del Estado en materia de seguridad. Durante los últimos dos años el país ha presenciado una serie de debates legislativos, algunos concluidos y otros recién iniciándose, que son como los árboles que no dejan ver el bosque. Cada una de esas leyes representa cambios relevantes pero lo más sustantivo sucederá en la forma en que esos cambios se relacionarán entre sí. En su conjunto, esas legislaciones están fortaleciendo instituciones que existen y creando otras nuevas, pero especialmente están reconfigurando la forma en que éstas interactúan, y dando paso a una arquitectura institucional más articulada y moderna. 

En lo que se refiere al fortalecimiento de instituciones existentes, si terminamos de aprobar los proyectos comprometidos, al final del actual gobierno tendremos avances sustantivos respecto a la situación con que partió el mandato, varios de los cuales ya están vigentes. Los municipios, las policías, Gendarmería, la Fiscalía y las Fuerzas Armadas están siendo robustecidas en sus dotaciones, carreras y competencias. Ello se traduce en que tendremos más carabineros, policías de la PDI, fiscales, profesionales de apoyo para éstos y funcionarios de policía marítima. Los equipos municipales que trabajan en seguridad tendrán un régimen laboral y de competencias mejor definido. Existirá una especialidad en Gendarmería dedicada a la gestión de los penales de alta seguridad. Las Fuerzas Armadas tendrán competencias para apoyar el resguardo de las fronteras y la infraestructura crítica, y los conscriptos recibirán un mayor estipendio.

Existirá un incentivo al desempeño en Carabineros, un nuevo sistema de acceso en la PDI, facultades más amplias a ambas policías para realizar las primeras diligencias investigativas, nuevas competencias a los gendarmes para colaborar en las investigaciones penales, normas claras para todas las fuerzas de orden y seguridad pública en materia de reglas de uso de la fuerza y resguardo legal para los policías que hacen uso correcto de sus armas de fuego. Estos son sólo algunos ejemplos de una lista de cambios que sería mucho más amplia si sumáramos las nuevas competencias que entregan las leyes penales que se han impulsado, como las leyes Antiterrorista, de Crimen Organizado, de Narcotráfico, de Funerales Narco y de Usurpaciones, entra tantas otras. 

En cuanto a la nueva institucionalidad, ya tenemos aprobada la Agencia de Ciberseguridad, el Servicio de Reinserción Juvenil, la División de Seguridad Privada y el Ministerio de Seguridad. Muy avanzados en su tramitación están el Sistema de Inteligencia del Estado, el Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, así como la Fiscalía Supraterritorial. Un poco más atrás en su tramitación está el subsistema de Inteligencia Económica y la creación de las divisiones de prevención del delito en los gobiernos regionales. Por último, durante el año deberá presentarse el Sistema Integrado de Respuesta a las Emergencias Ciudadanas. 

En su conjunto esos proyectos están poniendo al día al Estado chileno en ámbitos donde presentaba vacíos y rezagos, mientras que en otros lo están poniendo en la vanguardia. Resulta significativo que la nueva institucionalidad cubre un variado espectro de materias que, en su conjunto, permiten una aproximación más amplia al problema de la seguridad, abordando temáticas como la prevención, el apoyo a las víctimas, la ciberseguridad, la inteligencia, la articulación institucional, la colaboración público-privada o la reinserción.  

Con todos estos cambios, no es fácil vislumbrar en toda su extensión la nueva realidad que surgirá como resultado de todas estas transformaciones casi simultáneas, especialmente en un campo donde estábamos acostumbrados a un cierto inmovilismo. Una clave fundamental para ello está en la ley que crea el Ministerio de Seguridad. Allí se mandata a los distintos actores institucionales que tienen algún rol en esta materia a conformar en conjunto un Sistema de Seguridad que opere bajo los lineamientos de la interinstitucionalidad y la interoperabilidad.

Estas palabras complicadas y bastante ajenas a nuestro lenguaje administrativo apuntan a objetivos bastante simples: primero, a entender que las distintas instituciones que tienen a la seguridad como misión no pueden completar su tarea si no operan conjuntamente con otras instituciones. Segundo, que los sistemas con que funcionan esas instituciones en materia de información, soportes digitales, equipamiento, personal, transporte, registro, planificación, etc. deben estar diseñados para poder conversar con los de las demás, no sólo ser compatibles sino complementarse y potenciarse. 

Estas ideas, aparentemente simples, son altamente desafiantes para instituciones que funcionan en el ambiente del derecho administrativo y de la tradición burocrática. No estamos ocupando estos términos en forma despectiva como suele hacerse, sino en su sentido sustantivo. En la historia ha habido muchos progresos asociados a ellos, pero los desafíos de las políticas públicas de nuestro tiempo, particularmente en materia de seguridad, exigen una evolución de esas definiciones hacia formas menos atomizadas y rígidas. 

El Ministerio de Seguridad, como cabeza de este Sistema, tendrá como una de sus tareas la construcción de esos espacios de colaboración institucional de nueva generación, pero los demás proyectos que tocan distintas instituciones también contienen definiciones que van en la misma dirección. Por ello, muchas de las legislaciones que se han trabajado dedican una parte relevante de su contenido a definir la forma de vincularse entre instituciones y de participar de procesos conjuntos de formulación y ejecución de políticas y programas. 

La nueva arquitectura del Estado para la seguridad es una oportunidad tremenda para Chile, pero plantea también grandes retos. No soltar la prioridad con que se han impulsado estos cambios y echarlos a andar correctamente es tan importante como haber construido los acuerdos que han permitido aprobarlos. Se necesitará mucho foco y voluntad política para que las cosas resulten correctamente.

Para el sector progresista, que ha conducido el gobierno en esta etapa, este legado representa un antes y un después en su relación con las temáticas de la seguridad, y en la centralidad que éstas tienen en su proyecto político. Ello constituye una fortaleza, pero también demanda un compromiso de consistencia hacia el futuro. Para la oposición, que muchas veces jugó en esta cancha suponiendo que no había contraparte, el nuevo cuadro pondrá a prueba su capacidad propositiva, asumiendo que ya no hay espacio para seguir girando a cuenta de la mera invalidación de los planteamientos progresistas. Tenemos seguridad para rato en la agenda del país, pero las temáticas y los roles de los distintos actores ya no podrán seguir siendo los mismos. Eso también es un avance.