Otra vez Miguel Crispi y Carlos Durán en la mira: cómo la compra fallida de la casa de Allende pone el foco en los asesores del Presidente

Mientras el Presidente Gabriel Boric emprendía su travesía el Polo Sur —convirtiéndose en el primer mandatario latinoamericano y el tercero en el mundo en visitar dicho punto— en Santiago estalló el polémico intento de compra de la casa del ex Presidente Salvador Allende. Eso fue el viernes y hoy lunes el mismo Jefe de Estado le solicitó la renuncia a quien estaba a cargo de esa gestión, la ministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval.

Los primeros focos se posaron en la responsabilidad que tuvo la ahora exministra Sandoval en el caso. La encargada de la cartera del Interior, Carolina Tohá, reconoció que “claramente esto es algo que no debió haber sucedido. Por eso el Presidente ha tomado la decisión que se ha conocido en las últimas horas”.

Sobre la solicitud de renuncia a Sandoval, explicó que efectivamente respondía a “responsabilidades políticas”.

Sin embargo, si bien hay parlamentarios que valoran la determinación del Presidente Boric, hay quienes apuntan también a su equipo de asesores, entre los que se encuentran el jefe del Segundo Piso, Miguel Crispi, y a su jefe de gabinete, Carlos Durán.

Parlamentarios volvieron a poner el foco en los colaboradores más cercanos al mandatario, a quienes ya se les ha cuestionado por el diseño en el marco del Caso Monsalve, al ser parte de los primeros en enterarse de la denuncia de violación y tener un diseño cuestionado dentro del oficialismo. A Crispi, además, se le ha criticado su rol en el marco del Caso Convenios.

La jefa de la bancada de los diputados independientes-PPD, Camila Musante, valoró “de mala manera” el rol de los asesores del presidente “y no solamente por este caso en particular”. La legisladora, en esa línea, dijo que es “impresentable que los asesores jurídicos no hayan puesto las alertas en el momento que corresponde para evitar que avanzara la compra de la casa del expresidente Allende, siendo que a todas luces era inconstitucional”.

Para la parlamentaria, este tipo de actos “exponen al Presidente y al Gobierno, a una cuestión que es bastante vergonzosa porque denota finalmente falta de profesionalismo”.

No es la única vez que Musante apunta a los asesores del Presidente. Según la diputada el rol que jugó Crispi en la Comisión Especial Investigadora del Caso Monsalve y en el Caso Convenios también fueron negativos.

“La verdad es que esto viene siendo una constante”, dice, manifestando que “hay que hacer cambios y evaluar cambios desde ahí”.

El diputado Jaime Araya, también independiente – PPD, comentó a The Clinic que “es muy grave que nuevamente se exponga al Presidente, pareciera que se terminaron de traspasar los límites de lo razonable, debieran dar un paso al costado, y admitir que lo que ya no aprendieron, no lo van a hacer”.

Araya sostiene que con el rol que juegan los asesores del Presidente “deben entender que le están pavimentando el camino a la derecha o a la extrema derecha” y espera que “tengan algo de generosidad y sentido común”.

No obstante, el diputado socialista Leonardo Soto manifiesta otro punto de vista ya que subraya que el tema se ha encapsulado en el papel que jugó el Ministerio de Bienes Nacionales.

Soto sostiene que el proceso de compra de la casa de Allende “estaba radicado en lo administrativo y jurídico exclusivamente en el ministerio de Bienes Nacionales”. Es por eso que “si hubo un estudio desprolijo y descuidado en lo legal, el o los responsables son de ese Ministerio y nos parece adecuado que la Ministra deba responder políticamente por sus subalternos”.

Desde la derecha también hubo dardos contra el equipo de asesores del Presidente Boric. El diputado Frank Sauerbaum (RN) acusó que en este caso existe una mezcla de “ineptitud, de voluntarismo del Presidente y de desidia”. Pero también agregó que hay un “desconocimiento técnico de parte de quienes están cerca del Presidente de la Republica”.

Eso sí, en RN también han apuntado al rol que pudo jugar la ministra de Defensa, Maya Fernández, y a la senadora, Isabel Allende, su tía, al no advertir de la incompatibilidad establecida en la Constitución que prohíbe a parlamentarios y a ministros de celebrar contratos con el Estado.

Es por eso que el RN cree que este intento de compra “se trató de hacer rápidamente tratando de hacer una idea del Presidente pero fue denunciado debidamente por los medios de comunicación”.