Salvar la estantería: el dilema del oficialismo en el último año del Presidente Boric

En política, la metáfora de “salvar la estantería” alude a la necesidad de preservar lo esencial cuando todo parece tambalear. Se trata de evitar un colapso mayor, aunque sea a costa de concesiones, distanciamientos y reacomodos internos. Esta idea cobra especial relevancia en el último año de la administración del Presidente Gabriel Boric, donde las tensiones dentro del oficialismo comienzan a hacerse más evidentes ante la proximidad de las elecciones parlamentarias de noviembre de 2025.

La coalición de gobierno compuesta por el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Socialismo Democrático —PS, PPD, PR y Liberales— ha debido sortear desde el inicio complejas diferencias programáticas y estratégicas. Si bien en los primeros tres años la necesidad de cohesión primó sobre las discrepancias, la proximidad del ciclo electoral está reconfigurando el comportamiento de los distintos sectores del oficialismo. El Socialismo Democrático, consciente de la necesidad de diferenciarse de sus socios, comienza a marcar distancias, priorizando su propia viabilidad electoral sobre la disciplina gubernamental.

Un botón de muestra: en los últimos días los ministros Jeannette Jara y Mario Marcel se han desplegado para reunirse con parlamentarios del bloque oficialista para intentar alinear a diputados del PC y PS tras desacuerdos por la negociación con la oposición de la reforma de pensiones. Entre los socialistas, el diputado Marcos Ilabaca, uno de los diputados más críticos con la postura del Gobierno, no asistió a la reunión con el ministro de Hacienda. En el PPD, en tanto, cancelaron la reunión que estaba programada para el jueves de la semana que termina. 

Este fenómeno no es nuevo en la política chilena, pero sí adquiere una dimensión especial en un contexto donde el gobierno enfrenta bajos niveles de aprobación y una oposición fortalecida por encuestas y una cierta idea que se impone desde Bachelet I de la inevitabilidad de alternancia. Para parlamentarios oficialistas, el dilema es claro: seguir alineados con un Ejecutivo debilitado o comenzar a desmarcarse para sobrevivir electoralmente. Esta última opción, aunque políticamente comprensible, representa un serio problema para La Moneda, pues incrementará el “discolaje” en las filas del oficialismo, dificultando la tramitación de proyectos clave en el Congreso.

El incremento del discolaje y la fragmentación del oficialismo

Como sabemos, el término “discolaje” hace referencia al comportamiento de parlamentarios que, aunque formalmente pertenecen a un bloque, actúan con autonomía o incluso en contradicción con la línea oficial. Este fenómeno fue característico en gobiernos anteriores, particularmente en la segunda administración de Michelle Bachelet y en la de Sebastián Piñera, donde las disputas internas y el cálculo electoral individual minaron la capacidad del Ejecutivo para imponer su agenda legislativa.

En este último año de gobierno de Boric, el discolaje se verá incentivado por varios factores:

1. Desgaste del Gobierno: con una aprobación presidencial estancada, algunos parlamentarios del oficialismo buscarán desmarcarse de las decisiones más impopulares.
2. Necesidad de marcar identidad propia: el Socialismo Democrático intentará consolidar un perfil diferenciado del FA y el PC, que han sido más intransigentes en ciertas reformas.
3. Estrategias de reelección: diputados y senadores que buscan un nuevo periodo deberán conectar con sus electorados, muchos de los cuales pueden no estar alineados con el curso que ha seguido el gobierno.

El resultado de este proceso será un Congreso aún más fragmentado y una agenda legislativa que enfrentará crecientes dificultades para avanzar. Las negociaciones con la oposición se tornarán más necesarias, pero también más complejas, pues el oficialismo no podrá garantizar disciplina interna en la votación de sus propios proyectos.

Un desafío sin solución clara

Para La Moneda, este escenario plantea un dilema sin soluciones fáciles. Intentar disciplinar a los parlamentarios disidentes puede agravar la fractura interna, pero ceder demasiado podría traducirse en una pérdida total de control sobre la agenda legislativa. En términos prácticos, el Gobierno deberá escoger sus batallas con extrema cautela, priorizando aquellas reformas en las que pueda asegurar acuerdos internos y externos.

En el caso de la reforma de pensiones, para algunos el dilema ya no se trataría de subir el tono o “golpear la mesa” en relación con la negociación sobre pensiones, sino de “tirar el mantel” dado, por una parte, el escenario de bloqueo opositor pero más importante aún por la desnaturalización del proyecto de reforma durante esta última etapa de negociaciones. Sería más razonable no aprobar una mala solución y trasladar el costo a la oposición durante la próxima campaña presidencial.

Mientras tanto, el Socialismo Democrático enfrentará su propio desafío: si bien marcar diferencias con el FA y el PC puede ser electoralmente rentable, también corre el riesgo de ser percibido como oportunista o inconsistente. La línea entre la diferenciación legítima y el quiebre irresponsable será difícil de gestionar.

A medida que avance el 2025, veremos un oficialismo cada vez más fragmentado y una oposición dispuesta a capitalizar estos desencuentros. En este contexto, la metáfora de “salvar la estantería” refleja la prioridad de ciertos sectores del gobierno: evitar un colapso total que los arrastre en la debacle, aunque para ello deban renunciar a la cohesión interna. La gran incógnita es si este esfuerzo será suficiente para sostener la estabilidad mínima que requiere el último año de la administración Boric o si, por el contrario, veremos un oficialismo paralizado por sus propias contradicciones.

La política chilena ya ha sido testigo de episodios similares en otros gobiernos. Lo que resta por ver es si esta vez la estantería se sostiene con parches y ajustes o si, finalmente, se derrumba ante el peso de las disputas internas y los intereses electorales de sus propios miembros.