Ministro Jaime Gajardo y crítica del PC por caso Ojeda: “Si la tesis de la Fiscalía se confirma, no va a haber fuerza política con una opinión distinta”

Jaime Gajardo estaba en Chillán con directores del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil cuando recibió un llamado de La Moneda que le pidió volver a Santiago de inmediato. Era 17 de octubre y en la prensa nacional comenzaba a expandirse la noticia de que el exsubsecretario Manuel Monsalve (ex PS) estaba siendo investigado por la Fiscalía por una denuncia de violación y abuso sexual.

El entonces subsecretario de Justicia se trasladó a Concepción para tomar un vuelo que le devolviera a la capital. Fue entonces cuando el Presidente Gabriel Boric lo llamó. En ese intercambio el Mandatario le pidió ser el nuevo ministro de Justicia, ante el inminente nombramiento de Luis Cordero como el remplazante de Monsalve.

Hoy Gajardo lleva poco más de tres meses como titular de la cartera a la que llegó como subsecretario. Dice que el cargo lo ha asumido con un “gran sentido de responsabilidad“, pese a llegar de forma “intempestiva“.

En esta entrevista, el militante del Partido Comunista desde los 15 años, dice que tiene cuatro prioridades en su cartera: el Plan Nacional de Búsqueda, la reforma al sistema de nombramientos, la reforma al sistema notarial y la implementación del nuevo servicio de reinserción juvenil. Eso sumado a una “meta prioritaria”: el sistema penitenciario.

Además, transparenta su preocupación por los eventos que han ocurrido en el Poder Judicial, como las revelaciones que ha dado a conocer The Clinic en donde se explicitan vínculos estrechos entre jueces de tribunales —de la misma Corte Suprema— con Luis Hermosilla. “El sistema de justicia está en los niveles más bajos desde el retorno de la democracia. Eso nos preocupa mucho“, dice.

—¿Cómo describiría el momento por el que pasa el Poder Judicial?

—Nos preocupan varias cosas. El Poder Judicial es clave para nuestra democracia. La independencia judicial y la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia es un aspecto central de cualquier democracia en el mundo. Que nosotros logremos tener jueces independientes que resuelven los conflictos que se someten a su conocimiento de forma imparcial, objetiva, transparente, oportuna y conforme a derecho, son cuestiones esenciales para cualquier democracia.

“Uno de los aspectos que consideran las personas en encuestas dice relación con que los jueces no necesariamente resuelven los conflictos en base a criterios objetivos, sino que están utilizando otros factores que determinan la resolución del conflicto. Por eso nuestro Gobierno presentó una reforma a la Constitución para el sistema de nombramiento de jueces, que es un aspecto que la ciudadanía dice que hay perfeccionar“, dice. 

Gajardo menciona que en dicha reforma pone al centro el mérito de los jueces para poder acceder a esos cargos, mediante un ascenso natural en el escalafón judicial. “Que no haya ninguna duda de las personas que están en esos cargos son personas que están ahí por sus capacidades“, enfatiza.

—¿Contempla el mérito el actual sistema de nombramientos?

—Hay que perfeccionarlo. En el actual sistema no queda claro cómo el juez o jueza llegó a la terna propuesta. Tampoco queda claro cuáles son los criterios por parte del Ejecutivo para resolver este juez o jueza. Hay un amplio acuerdo de que es fundamental que el Poder Judicial se dedique a lo jurisdiccional. Y que lo que tiene que ver con nombramientos y con la administración del Poder Judicial se entregue a dos órganos diferentes que realicen estas funciones.

—El subsecretario Cordero dijo que el caso de la jueza Verónica Sabaj era una “infracción brutal a los deberes jurisdiccionales”. ¿Qué debiera resolver la Corte Suprema sobre ella?

—Es un caso grave. El pleno de la Corte Suprema apenas supo tomó conocimiento de este caso de manera muy rápida y oportuna. Abrió un cuaderno de remoción y esperemos que los antecedentes de conocimiento público los valore la Corte Suprema y determine lo que ellos estimen pertinente sobre la gravedad del caso.

—¿Por qué estos casos se conocen antes por la prensa que a través sumarios o investigaciones internas?

—Usted sabe la relevancia que tienen los medios de comunicación social y la prensa para la sanidad de cualquier democracia. A nosotros nos parece que la prensa juega un papel fundamental en cualquier democracia moderna y están jugando un papel y están dando a conocer estos casos. Lo importante es que cuando se den a conocer estos casos las instituciones actúen conforme a la gravedad de lo que se ha presentado en la opinión pública.

—¿No resulta preocupante que este caso, que data desde hace cuatro años, probablemente no se hubiera conocido si no fuera por la filtración de un audio?

—Vuelvo a reiterar lo mismo. Las democracias sanas tienen distintos espacios de control. La libertad de prensa permite que los medios de comunicación jueguen un rol público denunciando casos que fallan en otros niveles. Más que preguntarnos respecto a eso, tenemos que valorar que la prensa está jugando un rol significativo en una democracia como la nuestra, que tiene que perfeccionarse y que tenemos que cuidarla. 

—¿El caso de la ministra Sabaj es peor que el de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco?

—Ambos denotan una forma de actuar que impacta en la opinión pública, porque pareciera ser que los jueces tienen que mantener una conducta en la forma de ejercer en la que debieran tener poco o ningún contacto con causas que se tramitan en sus mismos tribunales. Son casos que han impactado en la opinión pública. Por eso es relevante que la Corte Suprema esté abordando esto. 

—¿Alcanza para ponderarse con el caso de Vivanco?

—Los dos son graves. En un caso la Corte Suprema actuó y tomó una resolución. También el Congreso Nacional. En este segundo caso, la Corte Suprema está actuando rápidamente. Más que calificar qué caso es más grave, lo que corresponde es que las instituciones funcionen a través de los mecanismos institucionales que tienen. Valoramos profundamente lo que hizo la Corte en el caso de la exministra Vivanco como lo hace ahora.

“El gobierno anterior no puede prever la forma en que se van a comportar los ministros (del Poder Judicial) el día de mañana”

—En el caso de Sabaj, la investigada es ella, pero, ¿quién se hace responsable de su nombramiento? 

—La pregunta supone algo que siempre ocurre en los casos judiciales. Uno trata de ver la raíz de un problema con una inconducta que uno no tenía cómo prever. Uno nombra alguien porque tenía muchos antecedentes respecto a esa persona, porque ha cumplido parámetros, pero uno no puede asegurar que esa persona el día de mañana no cometa un acto ilícito. No hay cómo preverlo, porque sería adelantarse a algo que uno no sabe si va a ocurrir o no. O que va a estar bien, que va a estar en el ámbito de sus facultades, o que actuará de manera arbitraria. Cuando uno realiza estos nombramientos tiene relación con los aspectos que tienen la víctima, no de lo que ocurrió el día de mañana. 

—Pero Luis Hermosilla habla con Andrés Chadwick, quien le sugiere, a su vez, el nombre de Verónica Sabaj a Hernán Larraín, entonces ministro de Justicia. ¿No hay responsabilidad del gobierno anterior?

—No creo que nos corresponda a nosotros decir la responsabilidad de cómo actúa un ministro (del Poder Judicial) después de ser nombrado, lo que corresponde es si el ministro comete una falta o realiza una inconducta o realiza un acto ilegal, una vez que eso ocurra, las instituciones funcionen. Porque también uno lo podría decir al revés: el gobierno anterior nombró a un número de ministros que se han comportado conforme a derecho. 

El gobierno anterior no puede prever la forma en que se van a comportar los ministros el día de mañana. No me parece justo atribuir responsabilidades cuando no sabemos bien si es que efectivamente había un hecho ilícito en el nombramiento. Tenemos que ser cautelosos al momento de emitir juicios. Una vez que tengamos determinados la claridad de los hechos podemos emitir juicios, además, por quienes corresponde que emitan juicios. 

—Es el Ministerio de Justicia quien asesora al Presidente en las designaciones de ministros del Poder Judicial.

—Por cierto el Gobierno que nombra a un juez es el que lleva adelante ese proceso. En el caso de los ministros de la Corte Suprema, como en el caso de la ministra Vivanco, es un proceso en el que participaron los tres poderes del Estado. En el caso de la ministra Sabaj, fue una quina que elaboró la Corte Suprema que se la presentó al Ejecutivo y el mismo resolvió con uno de los nombres de esa quina. Es el Gobierno el que resolvió ese proceso y el que llevó adelante ese nombramiento.

—¿Hay garantía de que en esta administración no hay casos de nombramientos de jueces como se han dado con la exministra Vivanco o la ministra Sabaj?

—Lo que puedo garantizar es que realizamos los nombramientos en base a los criterios objetivos que tratamos de imprimir en nuestra gestión. Mantenemos relaciones completamente institucionales con los jueces y con el Poder Judicial. Son institucionales. Son con el presidente de la Corte Suprema, con el pleno… Nuestro Gobierno está preocupado de cuidar nuestras instituciones.

—Nancy Yáñez fue promovida como ministra del Tribunal Constitucional cuando era cercana a Matías Meza-Lopehandía, exjefe de gabinete del Presidente.

—El Tribunal Constitucional tiene diez ministros: cuatro nombrados por el Congreso; tres por el Presidente y tres por la Corte Suprema. Los ministros designados por el Presidente son personas de confianza. No es el mismo ejemplo con Vivanco o Sabaj. Ahora bien, quizás debiéramos tener un proceso en el cual los requisitos que están dentro de la Constitución para designar a un ministro sean más exigentes. Los presidentes de la República están ejerciendo una atribución otorgada por la Constitución.

Ministro Jaime Gajardo sobre Capitán Yáber: “No es un anexo que cuente con condiciones mucho más diferentes que otros recintos”

En el último año, si hubo un recinto penitenciario que captó la atención de los medios de comunicación, fue el Anexo Capitán Yáber. Por ahí pasó Hermosilla, Daniel Jadue, Daniel Sauer y Ariel Sauer —involucrados en el caso Factop— y el exsubsecretario Monsalve.

Ello levantó el debate respecto de los penales para mujeres. Sobre todo luego de que Leonarda Villalobos, “compañera” de delitos de los Sauer, apelara a la ausencia de un penal como ese para el sexo femenino, y del cual Gajardo tiene otra impresión.

—¿No le parece injusto que Hermosilla cumpla su medida cautelar en un recinto que cuenta con más privilegios que una cárcel convencional de mujeres, como en el caso Villalobos?

—Primero, hay que decir que en nuestro sistema judicial todas las personas que cumplen una medida cautelar o una condena se encuentran en un recinto penitenciario. Todos tienen un sistema similar de visita, de régimen interno, de ingresar ciertas encomiendas autorizadas. El anexo Capitán Yáber no tiene un régimen distinto al de cualquier otro recinto penitenciario.

¿Cuál es la diferencia de Capitán Yáber? Que es mucho más pequeño y que está ahí para una capacidad de 12 o 13 personas principalmente por razones de seguridad de esas personas. No es un anexo que cuente con condiciones mucho más diferentes de las que tienen en general los recintos penitenciarios. De hecho, uno podría decir que no tienen la infraestructura que tienen otros más grandes para recibir visitas o para realizar labores de reinserción.

Lo que quiero decir con esto es que está mal comprendido el hecho de que sea un anexo para personas de alta connotación pública. Sirve para asegurar que esas personas no corra riesgo su integridad física. Ese es el único objetivo de Capitán Yáber. Sólo en razón del caso de Leonarda Villalobos se empezó a discutir en la opinión pública la necesidad de que exista un anexo similar para mujeres imputadas o condenadas por delitos con actividades económicas.

Nosotros venimos con un plan de condiciones penitenciarias para mujeres que presentamos en el año 2023 y que pone el foco en otra situación que tenemos en mujeres privadas de libertad que es mucho más compleja en términos de la cantidad de población, pero también por las persona que involucra: mujeres privadas de libertad que se encuentran o embarazas o con hijos menores de dos años.

—La exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, por su figura y lo que representa como exalcaldesa, puede tener vulneraciones de seguridad. 

—Tanto Leonarda Villalobos como Cathy Barriga se encuentran en la cárcel de San Miguel, en un módulo que ha dado plena seguridad para su situación de medida cautelar. No hemos conocido de algún reclamo de parte de su situación de seguridad.

—Pero sí por parte de Villalobos sobre el penal en el que cumple su condena.

—La crítica es en relación de que ella no se encuentra en un anexo similar al de Capitán Yáber. Pero ella no ha puesto ningún reclamo sobre su situación de seguridad.

—Pero en lo que se afirma ella es que quienes son investigados por un mismo delito están en un recinto penitenciario mucho más cómodo que una cárcel convencional. 

—Lo que es relevante en el sistema penitenciario es que la segregación que uno hace cumpla un objetivo. La segregación que uno hace no es agrupar a las personas por el tipo de delito que han cometido. Lo que uno hace es que personas con cierto perfil, que no necesariamente tienen que ver con el delito, sino que con un perfil se les pueda agrupar en un mismo lugar. En ese sentido, Villalobos está en con personas de bajo compromiso delictual por el perfil que tienen. Por lo mismo no ha tenido ningún inconveniente en su medida cautelar. Lo otro son sólo elucubraciones de personas que no entienden cómo funciona el sistema penitenciario. 

—Hay una paradoja respecto al abuso de la prisión preventiva, colapsando las cárceles, y a su vez que ocurra un delito y que el detenido tenga varios antecedentes sin pena. ¿Cómo se resuelve ese asunto?

—Hemos planteado de manera insistente que la prisión preventiva tiene que ser excepcional. No lo decimos nosotros sobre la base de un deseo, sino en razón de lo que establece nuestro ordenamiento jurídico. Lo que alertamos es que nuestro sistema penal, en las personas privadas de libertad, casi un 40% del total es por personas en prisión preventiva. Eso nos tiene que alertar como sociedad, porque significa que la prisión preventiva no está siendo lo excepcional que debería ser. 

Cuando uno tiene a una persona con una medida cautelar, la tiene sin su vínculo laboral, familiar, complejiza las labores de reinserción y además corre el riesgo de que durante lo que dura la investigación, esa persona el día de mañana salga absuelta, sea declarada inocente. La pregunta que no se tiene que hacer es por qué estamos con un sistema en el que casi el 40% de las personas se encuentra con una medida cautelar que es excepcional. Eso es un problema de cómo está funcionando nuestro sistema judicial, y en parte tiene que ver con la sensación de inseguridad y los problemas de seguridad que hemos tenido en nuestro país.

—Se da la paradoja de que si la persona llegase a delinquir, eventualmente, queda la idea de por qué no está en prisión preventiva…

—Y también se da la paradoja de las personas que están en prisión preventiva y salen absueltas. ¿Qué pasó con su vida durante los ocho meses que estuvo en prisión preventiva por un delito que no cometió? ¿Cómo resolvemos eso?

Militancia en el PC: “Como ministro de Estado no me tengo que ver representado en la postura del partido”

A los 15 años fue cuando el Gajardo ingresó a las Juventudes Comunistas. Desde entonces pertenece a las filas de ese partido, en el cual ha podido compatibilizar sus distintas labores en materia personal y profesional.

Eso sí, explicita que es “colaborador del Presidente“, en el sentido de que “como ministros de Estado tenemos que actuar conforme el conjunto de lo que requiere el país, y nunca anteponer nuestras prioridades o perspectivas políticas”. Sobre la polémica que protagonizó su padre —histórico dirigente— con una queja pública hacia la directiva del PC, Gajardo prefiere no profundizar: “No me correspondería como ministro comentar los dichos de mi padre y tampoco en términos político lo que él señala en términos internos del partido”.

Sobre lo que sí comenta es respecto a las diferencias que tiene el PC respecto de la tesis que maneja la Fiscalía sobre el crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda, en donde el ente persecutor afirma que hubo involucramiento del gobierno de Nicolás Maduro en el delito. Dicha tesis ha sido respaldada en el Ejecutivo. Es ahí donde el ministro no flaquea con la versión del Gobierno.

—Esta semana se hicieron notables, nuevamente, las diferencias entre el Gobierno y el PC sobre Venezuela. ¿Usted valida la tesis de la Fiscalía?

—Es el Presidente, como jefe de Estado, quien lleva las relaciones internacionales de nuestro país. El Presidente ha manifestado con total claridad cuál es nuestra posición como país respecto a Venezuela y yo no tengo más que agregar al respecto, aparte de compartirlo. En segundo lugar, en el caso de las investigaciones, nuestra institucionalidad establece que es el Ministerio Público, constitucionalmente, el que tiene la labor de investigar de manera objetiva los delitos que se cometen en nuestro país. En el ejercicio de la acción penal y la persecución penal el Ministerio Público desarrolla tesis respecto de quiénes pueden ser los autores, cuál es el motivo, cómo sucedieron los hechos.

Nosotros como Gobierno no podemos presentar tesis opuestas porque nuestra función es entregarles las herramientas al sistema judicial para que cumpla sus funciones. El Ministerio Público presentó una tesis. Son ellos los que presentarán aquello a los tribunales de justicia, y los tribunales son los que determinarán cuán efectivo es lo que el Ministerio Público está señalando. Si hay hechos como los que señala el Ministerio Público, son hechos gravísimos y que para nosotros como país va a implicar tomar decisiones como las que ha anunciado la ministra del Interior.

—¿No le genera ruido que el PC tenga diferencias sobre la tesis que plantea la Fiscalía?

—Nos parece que los partidos políticos tienen la libertad de plantear aquello que estimen pertinente en razón de los antecedentes que tengan. Lo que puedo decir como ministro de Estado es que como Gobierno y yo como ministro, considero que el único órgano que corresponde que tenga una tesis, que es la oficial del Estado, es el Ministerio Público. En ese sentido, no tenemos otra cosa que respaldar la labor administrativa del Ministerio Público.

—En dictadura, probablemente uno de los hechos más severos que ocurrieron, pasando por alto lo contenido en el informe Rettig y la comisión Valech, tuvo que ver respecto a los asesinatos de chilenos en el extranjero. La tesis que maneja la Fiscalía sería lo mismo, pero en el caso de Venezuela. ¿No le hace ruido la postura del PC?

—Esto es gravísimo de confirmarse la tesis del Ministerio Público. De nuevo, ojo: el Ministerio Público es quien lleva la acción penal. Quien determina cuál va a ser la verdad jurídica en esto es el Poder Judicial. De confirmarse por el Poder Judicial, este es un hecho gravísimo. Y como tal, nosotros como país y como Estado vamos a tener que ejercer todas las acciones para que esto no ocurra en nuestro país.

—¿No le sorprende que el PC tenga la impresión que tiene? Figuras como Daniel Jadue pidieron al Gobierno que fueran “serios“.

—Primero que todo, no me corresponde a mí estar entregando opiniones respecto a otros dirigentes del partido. Lo que le puedo decir es que nosotros, en el caso de que esta tesis se confirme, nos parece gravísimo. Y nos parece que si esta se confirma con los órganos que corresponde, esperamos que todas las fuerzas políticas hagan valer que las soberanía de nuestro país no se puede pasar o avasallar de esa forma. No tengo duda de que, en caso de que la tesis se confirme, no va a haber fuerza política con una opinión distinta a la que establezcan los tribunales de justicia. 

—¿Le representa la postura de su partido?

—Como ministro de Estado no me tengo que ver representado en la postura del partido. En esto lo importante es que quien fija la política internacional de nuestra República es el Presidente. Yo soy ministro del gobierno del Presidente de la República. Con quién me tengo que ver representado es con la política que está fijando nuestro Presidente. Y con eso me siento completamente representado.