La primera funcionaria en salir por las desprolijidades en los indultos vuelve a La Moneda y llega al Ministerio de Desarrollo Social

El 30 de diciembre de 2022, el presidente Gabriel Boric abrió uno de los capítulos más complejos de su administración: la crisis de los indultos. La primera en caer tras ese episodio fue la encargada de comunicaciones del Ministerio de Justicia, Alejandra Lazo, luego de enviar al equipo de Presidencia una lista que tenía errores en la asignación del beneficio presidencial.

Dos años después de esa fuerte controversia, Lazo regresó esta semana a La Moneda como encargada de comunicaciones del Ministerio de Desarrollo Social. Se trata de una funcionaria a quien se le ha vinculado al Frente Amplio y cercana a los cuadros importantes de la colectividad.

El error que costó el cargo

Inicialmente, a fines de 2022, el Gobierno informó una lista de 12 indultados por el presidente Boric: 11 personas correspondían a imputados y condenadas en el marco de delitos ocurridos durante el estallido social, mientras que el otro era el exfrentista Jorge Mateluna, condenado a 16 años de prisión tras ser acusado de participar en un asalto a una sucursal del Banco Santander en Pudahuel, ocurrido en junio de 2013.

En esa nómina estaban incluidos los nombres de Luis Castillo y Sebastián Montenegro. Desde el Ministerio de Justicia, sin embargo, advirtieron a los pocos minutos que su inclusión fue un error y que ellos no eran parte del grupo de los beneficiados. De hecho, en ese momento precisaron que los nombres que sí debían figurar en la lista, pero que no estaban en la nómina, eran los de Alejandro Carvajal y Matías Rojas Marambio.

De ese modo, dos horas y media después de la notificación del error, el Ejecutivo comunicó que, debido a una equivocación del Ministerio de Justicia, Carvajal y Rojas se debían incorporar a la lista de indultados, manteniendo de igual forma el beneficio a Castillo y Montenegro.

Más tarde, Justicia envió un comunicado reconociendo la equivocación, explicando que esta se originó en la Unidad de Comunicaciones del Ministerio, que había enviado una nómina incompleta a Presidencia. Con ello, se confirmó también la salida de Lazo del equipo, siendo, de ese modo, la primera funcionaria de Gobierno en dejar su puesto a cargo de los indultos.

Periodista que antes trabajó con Giorgio Jackson y Beatriz Sánchez

Alejandra Lazo se desempeñó en 2013 como directora de comunicaciones de la diputación del entonces parlamentario Giorgio Jackson, militante entonces de Revolución Democrática.

En 2017, en tanto, fue jefa de prensa de la campaña presidencial de Beatriz Sánchez, a quien se reconoce como muy cercana, mientras que en 2018 se convirtió en la jefa de comunicaciones de la extinta colectividad recientemente reconvertida en el Frente Amplio.

Según aseguran fuentes de esa colectividad, la llegada de Alejandra Lazo en parte se debió al vínculo de ella con el equipo de la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro (Frente Amplio).

The Clinic solicitó una versión a ese ministerio sobre la incorporación de Lazo al equipo de comunicaciones. Sin embargo, optaron por no pronunciarse.

Indultos: un complejo compromiso de campaña

El jefe de Estado llegó al poder con el compromiso de campaña de indultar a manifestantes que, tras su participación en el estallido social, terminaron imputados o condenados.

Una vez ganada la segunda vuelta presidencial frente al candidato republicano José Antonio Kast, el mandatario postergó la ejecución de los indultos debido a que se estaba desarrollando la Convención Constitucional y no quería interferir políticamente en ese proceso.

Concluido dicho proceso, sin embargo, el amplio rechazo a la propuesta constitucional complicó la idea de llevar adelante los indultos.

Los indultos finalmente se llevaron a cabo el 30 de diciembre. Sin embargo, a propósito de las “desprolijidades” —palabra que utilizaron autoridades de Gobierno para referirse a esa controversia— cometidas durante el proceso, la entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos, y el jefe de gabinete del presidente, Matías Meza-Lopehandía, tuvieron que asumir los costos de la crisis y salir del Gobierno.

Antes que ellos, sin embargo, Alejandra Lazo había sido la primera funcionaria La Moneda por esta crisis. Dejó el cargo de encargada de la unidad de comunicaciones en donde recibió, en enero del 2022, una remuneración bruta de $5.873.756.