Día clave para Catalina Pérez: los escenarios que enfrenta la diputada al borde del desafuero por su presunta vinculación con Democracia Viva

A las 9.00 horas de este lunes está citada la diputada Catalina Pérez (exFA), quien deberá acudir a la Corte de Apelaciones de Antofagasta para enfrentar la solicitud de desafuero en su contra, en el marco de la investigación por el denominado caso Democracia Viva y su presunta responsabilidad como cómplice de fraude al Fisco.

De confirmarse el desafuero, Pérez podrá apelar a la decisión.

La investigación, que fue iniciada por la Fiscalía Regional de Antofagasta, se enfoca en los acuerdos establecidos entre la Seremi de Vivienda y la Fundación Democracia Viva, dirigida por Daniel Andrade, expareja de la legisladora. En ese sentido, Pérez es acusada por el Ministerio Público de tres delitos de fraude al Fisco.

Cuando estalló la polémica por los contratos firmados en 2022 entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta por $426 millones, Pérez aseguró desconocer tanto los antecedentes de los acuerdos como el funcionamiento de la discusión, cuyo representante legal era, por esas fechas, Daniel Andrade.

Asimismo, el seremi con quien se suscribieron los convenios fue su jefe de gabinete, Carlos Contreras, y los tres eran militantes de Revolución Democrática. Actualmente, Contreras se encuentra en prisión preventiva.

Cabe señalar que, hace unas semanas, se hizo pública la filtración de chats de la carpeta investigativa de Pérez por el caso que la vincula a la firma de millonarios convenios hacia Democracia Viva. En dichas conversaciones quedaría demostrado que Pérez habría estado al tanto de la entrega de los convenios a la fundación.

En ellas también se confirmaría que la parlamentaria mantuvo una conversación con el jefe del Segundo Piso, Miguel Crispi, sobre el tema antes de que el caso saliera a la luz, hecho que habría sido negado por Pérez en ocasiones anteriores.

En una de sus primeras declaraciones, en julio del 2023, la diputada indicó a través de sus redes sociales que “jamás he faltado a la probidad, nunca he ocupado mi cargo para favorecer a nadie, no he infringido norma alguna, ni he tenido conductas que traicionen los principios que han guiado mi actuar personal y político desde que empecé a militar”.

En los últimos días, aunque sigue sosteniendo que no influyó en los contratos, el mes pasado declaró a CNN Chile, en relación con los chats conocidos hasta entonces entre ella y Andrade, que, “no son mensajes que den cuenta de un tráfico de influencias o de un fraude al fisco, sí dan cuenta de un descrédito”. Y hace solo unos días, en entrevista con La Tercera, planteó que “equivocarse políticamente no puede implicar una consecuencia penal”.

Los escenarios que se abren para Pérez

El Artículo 61 de la Constitución, señala que “ningún diputado o senador (…) puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante”, por lo que las autoridades del Congreso cuentan con un fuero que solo se puede romper luego de la autorización del tribunal de alzada de la jurisdicción respectiva.

Esta instancia puede decidir si es que el proceso judicial en contra de la parlamentaria puede continuar. En caso de aprobarse la solicitud de desafuero, según la normativa, la diputada quedará “suspendida de su cargo y sujeta al juez competente”. Esto implica que la Fiscalía podría pedir medidas cautelares en su contra.

Un eventual desafuero implica que la parlamentaria no podrá emitir votos ni opiniones en el hemiciclo de la Cámara, por lo que los quórums se ajustarán para compensar la falta del legislador desaforado. No obstante, el pago de la dieta parlamentaria se mantendrá intacto.

De todas maneras, ante este escenario la defensa de Pérez puede recurrir a la Corte Suprema para intentar revertir la decisión.

Ahora bien, en el caso opuesto, si los ministros de la Corte de Apelaciones de Antofagasta descartan la solicitud de desafuero de Pérez, la parlamentaria podrá seguir ejerciendo el cargo sin mayores restricciones y el efecto procesal es que se decreta el sobreseimiento definitivo de su causa.

En ese momento podría desatarse un conflicto judicial que corre el riesgo de escalar incluso hasta el Tribunal Constitucional (TC). Lo anterior, ya que cuando las cortes de apelaciones rechazan el desafuero de algún parlamentario, la Fiscalía ha insistido apelando ante la Corte Suprema.

Sin embargo, en todos esos casos los parlamentarios han llevado el asunto ante el TC a través del recurso de inaplicabilidad.