Opinión
12 de Octubre de 2024La política en los tribunales: el creciente uso de la justicia como campo de batalla
El reciente anuncio del exministro Andrés Chadwick de presentar una querella contra 10 diputados oficialistas y solicitar su desafuero pone en evidencia una creciente tendencia en la política chilena: la judicialización de los conflictos políticos. En su columna, Marco Moreno analiza este fenómeno, el que desde su perspectiva afecta la legitimidad del debate democrático y amenaza el rol de las instituciones. "Lo más preocupante de la judicialización de la política es que transforma los desacuerdos legítimos en enfrentamientos legales que dificultan la búsqueda de soluciones políticas. Las querellas por injurias o calumnias pueden tener una justificación jurídica, pero su uso en el contexto político genera una espiral de confrontación", escribe.
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El reciente anuncio del exministro Andrés Chadwick de interponer una querella por injurias y calumnias contra 10 diputados oficialistas, acompañada de la solicitud de su desafuero, instala una práctica que ha ido creciendo en Chile: la judicialización de la política. Este fenómeno, que implica trasladar disputas políticas al ámbito judicial, no solo genera tensiones entre los distintos actores, sino que también pone en riesgo la legitimidad del debate democrático y el rol que deben desempeñar las instituciones políticas.
La querella de Chadwick no es un hecho aislado. En los últimos años, hemos visto cómo distintos conflictos entre actores políticos terminan en los tribunales en lugar de resolverse en el ámbito propio del debate público o institucional. Las acusaciones constitucionales, demandas por injurias y otros tipos de procesos legales se han vuelto cada vez más frecuentes, y esto refleja una tendencia preocupante: la incapacidad de los políticos para encontrar soluciones a través de procesos democráticos y no judiciales.
En una democracia sana, los conflictos políticos deben resolverse en los espacios que el sistema ha diseñado para ello: el Congreso, los partidos políticos, los medios de comunicación y la sociedad civil. Sin embargo, el creciente uso del sistema judicial para resolver disputas políticas sugiere que esos espacios están siendo deslegitimados o ignorados. En lugar de utilizar los mecanismos democráticos de discusión, se opta por judicializar las diferencias, llevando los desacuerdos a un campo donde las lógicas políticas no tienen cabida y se aplican reglas ajenas al juego democrático.
Una tendencia peligrosa en la política que debilita el debate democrático
El caso de Chadwick pone de relieve esta problemática. La acción judicial contra los diputados oficialistas no solo busca reparación legal, sino que tiene una carga política evidente. Al solicitar el desafuero de los parlamentarios, no se está simplemente apelando a la justicia, sino que se intenta afectar la composición y el funcionamiento del Congreso, debilitando la capacidad de esos diputados para ejercer su rol legislativo. Esta estrategia no solo judicializa la política, sino que también debilita la institucionalidad democrática al socavar el equilibrio de poderes.
Lo más preocupante de la judicialización de la política es que transforma los desacuerdos legítimos en enfrentamientos legales que dificultan la búsqueda de soluciones políticas. Las querellas por injurias o calumnias pueden tener una justificación jurídica, pero su uso en el contexto político genera una espiral de confrontación en la que el diálogo y la negociación son reemplazados por acusaciones judiciales. Este proceso genera una atmósfera de desconfianza entre los actores, erosionando las posibilidades de alcanzar acuerdos y generando una mayor polarización.
La judicialización de la política también tiene efectos profundos en la percepción ciudadana de las instituciones. Cuando los conflictos políticos se resuelven en tribunales y no en los espacios democráticos, los ciudadanos pueden comenzar a percibir que las instituciones políticas son incapaces de resolver los problemas del país. Esta percepción de ineficacia refuerza la desafección hacia la política y contribuye a una creciente desconfianza en la democracia, un fenómeno que ya ha comenzado a manifestarse en Chile desde el estallido social de 2019.
Este fenómeno afecta tanto a la derecha como a la izquierda
Es fundamental entender que la política y el derecho funcionan bajo lógicas distintas. Mientras que la política se basa en el diálogo, el disenso y la construcción de acuerdos, el derecho se enfoca en la aplicación de normas y la resolución de conflictos mediante principios legales. Al trasladar los conflictos políticos al ámbito judicial, se corre el riesgo de que las decisiones sobre cuestiones políticas no sean tomadas en función de intereses públicos y acuerdos, sino bajo el prisma estrecho de la legalidad. En otras palabras, se despolitiza el conflicto, pero al costo de distanciarlo aún más de las necesidades y demandas ciudadanas.
El proceso de judicialización de la política en Chile no es exclusivo del caso Chadwick. En los últimos años hemos visto acusaciones constitucionales presentadas contra ministros (en lo que va de la actual administración 6 ministros/a han sido acusados constitucionalmente siendo Carolina Toha la última) demandas entre parlamentarios y otras acciones legales que parecen más estrategias políticas que verdaderas búsquedas de justicia. Este fenómeno afecta tanto a la derecha como a la izquierda, y refleja una profunda crisis en la manera en que los actores políticos se relacionan y resuelven sus diferencias.
Es necesario que los políticos en Chile asuman su responsabilidad en la preservación de las instituciones democráticas y frenen la judicialización de la política. El uso excesivo de los tribunales para resolver conflictos políticos no solo deslegitima el proceso democrático, sino que también impide la construcción de consensos y acuerdos que son esenciales para la gobernabilidad. Las querellas, acusaciones y desafueros deben ser la excepción, no la norma, en una democracia que pretende ser robusta y representativa.
La judicialización de la política, ejemplificada en la querella de Andrés Chadwick, es una tendencia peligrosa que debilita el debate democrático en Chile. Si no se revierten estas prácticas, corremos el riesgo de ver cómo la política se desintegra en una sucesión de batallas legales que no resuelven los problemas de fondo, sino que agravan la desconfianza y polarización.