La millonaria querella por estafa contra AIEP: acusan irregularidades en venta de cartera de 12 mil estudiantes endeudados

Era un negocio millonario. Así también fue el proceso en septiembre 2023, cuando AIEP, a través de un correo electrónico, invitó a Comercial Remesa a participar de una nueva licitación. Eran 12 mil estudiantes endeudados, con un promedio de $1 millón de deuda por cada estudiante: un total de $13.900 millones en deudas vencidas. Comercial Remesa hizo una oferta y AIEP aceptó. Desde ahí, todo se enredó.

La relación de casi diez años entre ambas entidades terminó mal. AIEP demandó a la empresa por no pago de cuotas. Comercial Remesa se defendió indicando que estos no pagos se debieron a un incumplimiento de contrato por parte de AIEP, que fueron advertidos antes de la acción civil. Estas irregularidades acusadas por Comercial Remesa se materializaron en una querella penal por estafa, apropiación indebida y lavado de activos en contra del establecimiento educacional.

La magnitud de la disputa judicial no es menor: en todos los años de trabajo el Instituto AIEP le vendió a Comercial Remesa carteras que corresponden a 87.233 alumnos morosos, con un promedio de deuda de casi un millón de pesos cada uno. Eso hace un total de $83.453.364.156 en carteras vencidas adquiridas, lo que no significa que la empresa haya recibido todos los pagaré que respaldan cada crédito, por tanto no les fue posible efectuar las acciones de cobranza judicial. Es necesario destacar que la mayoría de los estudiantes de los listados no contestan los llamados ni son ubicables.

El Instituto es actualmente uno de los establecimientos educacionales más grandes en Chile y pertenece al conglomerado más poderoso en la educación superior: la Fundación Educación y Cultura, que es sostenedora de la Universidad Andrés Bello; la Universidad de las Américas (27 mil estudiantes en Chile); la Universidad de Viña del Mar (nueve mil estudiantes); la Escuela Moderna de Música; y AIEP (95 mil estudiantes distribuidos en las 25 sedes del Instituto). Es decir, más de 200 mil estudiantes a lo largo del país. Además, son propietarios desde el año pasado de la Post University, ubicada en Waterbury Estados Unidos y comprada en US$124,5 millones.

AIEP -que tiene más de 60 años de historia-, tiene una diferencia con respecto a las universidades chilenas: al ser un Instituto Profesional puede tener fines de lucro. Solo en 2023 tuvo ganancias por $25 mil millones, descontando impuestos. Eso le permite utilizar distintas fórmulas para acceder a recursos, como los negocios con empresas de cobranza, algo que antes era usual con entidades universitarias, y también le permite repartir dividendos.

Detrás de la Fundación Educación y Cultura hay nombres conocidos: el presidente, Jorge Selume Zaror, exdirector de Presupuestos durante la dictadura; y Juan Antonio Guzmán Molinari, exministro de Educación de Augusto Pinochet. Ambos son integrantes de la mayoría de los directorios, incluido el de AIEP, que es presidido por José Pedro Undurraga. Este 7 de abril el 12º Juzgado Civil de Santiago tomó la decisión de citar a todo el directorio, incluidos los tres mencionados, de manera presencial para testificar en el caso de la demanda civil contra Comercial Remesa.

La trama judicial

Los problemas de Comercial Remesa con AIEP comenzaron en la licitación del 21 de septiembre de 2023, luego de que recibieran un correo con la invitación a participar por parte de Paola Fernández, jefa de compras del Instituto Profesional. 

Comercial Remesa respondió de inmediato a la invitación. Ocho días después ofertaron por el 100% de la cartera que correspondía a un total aproximado de deuda de $13 mil 900 millones de pesos. Ese precio era por un total de 12 mil estudiantes. ¿El valor de la operación? $1.112 millones, repartidos en un abono de $170 millones y 12 cuotas.

La respuesta fue positiva. Paola Fernández escribió el 6 de octubre de 2023 que aceptaba la oferta, según la querella por estafa, apropiación indebida y lavado de activos que fue declarada admisible, a la que accedió The Clinic, a través del Poder Judicial. La acción fue interpuesta por el abogado penalista Rodrigo Lazo el 8 de noviembre de 2024 a nombre de Comercial Remesa, por una serie de irregularidades detectadas en la cartera de estudiantes por parte de una mesa técnica, que se creó precisamente para detectar esos vicios, e informadas a AIEP en más de 10 reuniones.

Posterior a dichas advertencias, el Instituto Profesional interpuso una demanda civil contra la empresa donde exigían embargos por el no pago de las cuotas por una suma de $927.911.114 (Comercial Remesa sí pagó el abono y la primera cuota, pero suspendió los pagos ante los incumplimientos). Lo que según explica la empresa de cobranza en la querella se debió, precisamente, a que “la mora purga la mora”. Es decir, que habrían dejado de pagar ante los diferentes irregularidades de parte del establecimiento educacional, entre los que se encontraban la no entrega de pagarés en físico y el hallazgo de nombres repetidos o con el pago al día en los listados de deudores. Incluso, detallaron que crearon una mesa técnica para evidenciarle al establecimiento los errores de esa cartola y de otras antiguas, entre otros incumplimientos al contrato .

En la querella, la empresa de cobranza reclama que hasta antes de la licitación de 2023 el proceso funcionaba bien: que una vez aceptada la oferta el contacto era fluido para coordinar detalles del contrato y también AIEP abonaba a Comercial Remesa si es que un estudiante se ponía al día con su deuda, porcentaje que “no es menor”, según el documento, es decir, antes de que inicie el proceso extrajudicial. También, el mismo día que se firmaba el contrato se enviaba el listado de deudores, documento al que se le llama “Anexos”.

Comercial Remesa también planteó que en sus 25 años en el mercado de la cobranza y compras de cartera nunca ha tenido una relación que implique algún conflicto con las empresas.

En todo caso, la cobranza de esos listados de miles de estudiantes no es simple, por lo que la empresa reclama que una vez sellado el contrato, contrataba personal para poder dar abasto con los procesos correspondientes. Y, por lo mismo, hasta antes de la licitación de 2023 los pagarés eran entregados rápidamente, para que no prescribieran. 

Pero esta vez el proceso fue lento y mucho más engorroso, según la empresa querellante. Recién en diciembre, dos meses después, AIEP solicitó los estados financieros de Comercial Remesa. En enero hubo una nueva solicitud: firmar un pagaré por el total del monto involucrado en la compra y también le exigieron que otra empresa, en este caso Inversiones Remesa, fuera el aval de la compra, junto al dueño de la empresa de cobranza, quien fue contactado por The Clinic, a través de sus abogados Rodrigo Lazo y Felipe Duhalde, pero declinó a responder, a la espera del curso judicial. 

Según la querella pública “este último requerimiento nos generó a esas alturas, la certeza que se estaba intentando por todos los medios, que me desistiera de la compra por los numerosos obstáculos que se estaban produciendo”. Pese a todo, se decidieron por firmar. Finalmente, el contrato se cerró el 12 de marzo de 2024, lo que según Comercial Remesa generó un perjuicio en la cobranza debido a que la adjudicación fue en octubre de 2023.

AIEP fue consultado formalmente por The Clinic sobre la demora en el proceso. Respondió: “La compra de cartera pasa por un proceso de licitación privado. En septiembre de 2023 se adjudicó el contrato a Comercial Remesa. Para preparar la firma del mismo, AIEP activó el proceso de verificación documental regular. Fue entonces cuando se tuvo conocimiento de una situación financiera compleja de la empresa, que entre otras cosas, tenía a Comercial Remesa en Dicom y con problema con el pago a sus trabajadores. En ese momento AIEP manifestó su preocupación a Comercial Remesa, cuestionando su capacidad para responder los pagos establecidos en el contrato ad portas de firmarse. Pese a lo anterior, AIEP respetó la adjudicación debido a que la empresa de cobranza pagó lo observado. Se celebró entonces el contrato en marzo de 2024″.

Desde Comercial Remesa, en todo caso, desmintieron haber tenido problemas económicos hasta el atraso en la licitación de septiembre de 2023, por lo que en la fecha del contrato Comercial Remesa –aseguran desde la empresa– no estaba en Dicom.

Mientras que el Instituto Profesional agregó: “Remesa solo realizó el pago de dos cuotas. Inicialmente solicitaron el aplazamiento en el pago de tres cuotas, lo cual se aceptó, esperando que con ello Remesa pudiese retomar el cumplimiento de sus obligaciones. Sin embargo, una vez cumplidos los plazos acordados, manifestaron su incapacidad para respetar estos compromisos, solicitando un nuevo acuerdo. En este, se pidió a nuestra institución refinanciar la deuda vigente, así como la nueva deuda generada de un nuevo proceso de adjudicación de cartera. AIEP no está en condiciones de renegociar lo adeudado con flujos especulativos futuros de la empresa, especialmente considerando la situación financiera por la que atraviesa Remesa”.

Consultada la empresa esta respondió que “el impacto de los incumplimientos al contrato por parte de AIEP generaron un déficit de caja no previsto y afectaron los flujos de caja esperados por Comercial Remesa”.

Listados con estudiantes repetidos

El primero de los inconvenientes que relata la querella -además de la tardanza en el proceso que habría perjudicado la posibilidad de cobrar los pagarés- es el retiro por parte de AIEP de 624 clientes del listado (posteriori al acuerdo), lo que equivale a $202.000.000 menos. En ese caso, se les indicó que iban a hacer la deducción del monto proporcional a la oferta, es decir, cerca de $16 millones. 

Ahí, la molestia de la empresa fue porque del total de la cartera en general no todos los estudiantes pagan -de hecho es un porcentaje menor-, por lo que disminuirlo proporcionalmente significó un perjuicio de cerca de $176 millones.

En paralelo, la empresa comenzó a detectar otro problema: la repetición de deudores con integrantes de nóminas de años anteriores. En total, y tras el sumario que realizaron después, descubrieron 43 casos que estaban en la lista de 2022, perjuicio que, según la estimación de la querella, asciende a $46 millones.

No fue lo único. También encontraron alumnos que aparecían dos veces en el mismo listado, según exponen en la querella. En total, encontraron 728 casos que se repetían en la misma base de datos (perjuicio de $82 millones, según la querella). Esa denuncia, la acompañaron con una serie de correos de agosto de 2024 entre la empresa y AIEP en que se advertían estas situaciones.

También, encontraron 13 casos en que los nombres de los estudiantes endeudados fueron vendidos en paralelo a otra empresa de cobranza llamada Ubicable y finiquitados con ellos (perjuicio de $15 millones). Los datos fueron acompañados con las conversaciones de WhatsApp con los estudiantes y sus respectivos comprobantes de pago como prueba, a los que The Clinic tuvo acceso.

Otro antecedente más se añade en el escrito: la empresa querellante denunció que AIEP retiró 79 casos diferentes ($71 millones) y que no los repuso. Además, de 12 estudiantes ($11 millones) que al ser contactados manifestaron que ya habían pagado en AIEP o en la empresa externa que trabaja para ellos. Y también seis casos en que los alumnos habían abandonado la universidad, por lo que no correspondía el cobro.

Para finalizar, hubo seis casos más que ni siquiera eran morosos, debido a que tienen convenios con la Subsecretaría de Desarrollo Regional, la Superintendencia de Educación o la Superintendencia de Reemprendimiento. Esos listados, al igual que otros anteriores, pueden aumentar debido a que son en base a aquellos jóvenes que pudieron ser contactados por Comercial Remesa.

AIEP también fue consultado por The Clinic sobre estos casos y si bien reconoció la existencia de algunos, descartó que hayan casos duplicados. Lo que es desmentido por Comercial Remesa, al ser consultados, a través de los documentos que entregó en el proceso judicial.

Además, el Instituto Profesional aseguró: “El acuerdo entre AIEP y Remesa es un contrato entre privados, producto de un proceso de licitación en que se establecieron ciertas condiciones aceptadas por los postulantes. Entre estas cláusulas está considerado claramente el manejo de cualquier situación vinculada a repetición de nombres, pagos directos a AIEP sin pasar por Remesa, reclamos ante instituciones públicas u otras. Estos casos se han resuelto de acuerdo con contrato en el pasado, de buena manera y actuando de buena fe”. Consultada la empresa de cobranza aseguró que aún hay casos no resueltos.

El establecimiento educacional añadió: “La razón de estas cláusulas es muy simple y clara: hay flujos móviles– una persona puede decidir liquidar su deuda en el proceso en que el contrato se está activando con la empresa. Es importante señalar que en la cartera de la licitación adjudicada a Remesa (2023/24), no existen casos duplicados. Por ejemplo, y para dimensionar la situación – de los más de 11 mil casos en la cartera vendida (2023/24) adjudicada a Remesa en la licitación, 11 personas hicieron su pago directo en AIEP. AIEP devolvió a Remesa $10.542.827 correspondientes a estos pagos (bajo la lógica que el acreedor es Remesa, establecido en la cláusula 12° del contrato de cesión)”. La información no coincide por los antecedentes expuestos por Remesa, que desmiente esa información al ser consultados.

Mientras que, sobre los casos que tambien fueron vendidos a la otra empresa de cobranza llamada Ubicable, el Instituto Profesional explicó: “La situación relacionada con Ubicable no tiene relación con el juicio ejecutivo iniciado por AIEP. Tiene relación con una licitación anterior, de 2022. Tal como lo mencionamos anteriormente, el acuerdo entre AIEP y Remesa es un contrato entre privados, producto de un proceso de licitación privado en que se establecieron ciertas condiciones aceptadas por los postulantes. Entre estas cláusulas está considerado claramente el manejo de cualquier situación vinculada a repetición de nombres, pagos directos a AIEP sin pasar por la empresa que adquiere la cartera, reclamos ante instituciones públicas, entre otras”.

Además, AIEP agregó: “En 2022 la licitación se adjudicó a dos empresas, cada una con cartera independiente. Por un error de la empresa Ubicable, trabajó sobre la base inicial de la licitación y no sobre la asignada en su contrato. Cuando Remesa manifestó esta situación, AIEP solicitó la restitución de estos fondos a Ubicable ($10.630.491) y se los transfirió a Remesa. AIEP ha cumplido todos sus compromisos contractuales con Remesa, incluyendo estas devolución tal como está detallado en las cláusulas del contrato entre las dos partes”.

Desde Comercial Remesa dicen que esa información no es correcta y que la cartera que les vendieron a ellos corresponde a 2023 y la de Ubicable a 2022.

El argumento del Instituto Profesional consiste en que la empresa de cobranza comenzó a realizar estas advertencias por los problemas económicos que habría tenido para pagar las cuotas. “Las cláusulas para la resolución de estas situaciones están claramente establecidas. Hoy Remesa levanta como reacción a la ejecución judicial para el pago de las cuotas adeudadas a AIEP, creando un problema que no existe, pues se trata de una situación estipulada y normada en el contrato. AIEP ha cumplido a cabalidad sus obligaciones contractuales; no así Remesa. A pesar de tener una deuda vigente con AIEP, Remesa ha continuado cobrando y recibiendo pagos de la cartera de la licitación adjudicada”, respondió a The Clinic.

De todas formas, la empresa desmiente haber tenido problemas económicos hasta antes de la licitación de 2023 y aseguró que fueron precisamente los incumplimientos los que produjeron los problemas de caja.

¿Se entregaron los pagarés?

Desde Comercial Remesa denunciaron la no entrega de los pagarés, en físico y ante notario, de los 12 mil estudiantes o de sus avales. Esa fue la base de la contestación a la demanda civil que interpuso AIEP contra la empresa de cobranza.

A modo de ejemplo, la empresa hizo un repaso por las últimas seis carteras que le ha comprado al Instituto Profesional en los últimos 10 años. En todas se entregaron más de la mitad de los pagarés de manera física. Mientras que en la última no se entregó ninguno.

En la contestación se lee: “Primer incumplimiento: AIEP no ha entregado los pagarés y contratos que permitan a Comercial Remesa, notificar la cesión y realizar el cobro judicial de la deuda”. Y agrega: “Cómo se pretende seguir cobrando el precio del contrato, garantizado con el pagaré que sirve de título para la presente ejecución, si aún AIEP no cumple con su principal obligación“.

Además, presentaron los mismos argumentos sobre casos duplicados y pagos al día expuestos en la querella penal.

El 28 de marzo funcionarios de AIEP fueron a testificar al 12º Juzgado Civil. Uno de los que declaró fue Erick Vergara, director Nacional de Finanzas. Su cronología es diferente a la de la Comercial Remesa. Según su testimonio, fue la empresa de cobranza la que se acercó para reorganizar los pagos por un problema de reestructuración y que cuando el Instituto Profesional no aceptó, en julio de 2024, empezaron a exponer los hallazgos en las carteras. En todo caso, eso no coincide con los antecedentes expuestos por la empresa y sus testimonios.

Según Vergara, que los listados fueron malinterpretados por Comercial Remesa por “desconocimiento del negocio”, siendo que ambas instituciones tienen 10 años de relación en los que no habían tenido ningún inconveniente.

De todas formas, no fue la parte más relevante del testimonio para Comercial Remesa. Esa fue cuando le preguntaron a Vergara si es que hubo entregas físicas de los pagarés y respondió que “no, no hubo entregas físicas”. Lo mismo se repite en los otros testimonios.

La respuesta de AIEP a The Clinic fue: “De acuerdo al contrato entre Remesa y AIEP, los pagarés se entregan en la medida que son solicitados por Remesa. La gestión regular de cobro extrajudicial que Remesa realiza no requiere tener la documentación física. Prueba de ello y como lo mencionamos anteriormente, es que a la fecha Remesa no ha tenido inconvenientes para desarrollar dichas gestiones de cobro de los créditos cedidos. Además, nos consta que han seguido haciendo gestiones de cobranza por estos mismos créditos. Sin embargo, la primera solicitud de pagarés físicos ocurre muy posterior al incumplimiento de contrato por parte de Remesa y por lo tanto, sin las condiciones y marco legal para que AIEP entregara documentos físicos dado el referido incumplimiento de Remesa. Remesa dejó de cumplir sus obligaciones, por lo que AIEP avanzó hacia otro tipo de medidas”.

El proceso que indica el establecimiento educacional no es el mismo que detalló Comercial Remesa en los documentos expuestos en la querella, donde se hace explícito que los pagarés, entregados en documentación física, sí son necesarios para el negocio, por lo que “desmiente” esa información al ser consultado. Además, reiteran que el no pago se debió precisamente a los incumplimientos e irreguaridades detectadas en el proceso.

Mientas, las dos disputas judiciales siguen su curso. “Hoy el juicio ejecutivo iniciado por AIEP está terminando el periodo de pruebas. Tenemos entendido que Remesa ha presentado una querella en contra de quienes resulten responsables de los problemas que enfrentan en esta situación. No hemos recibido notificación formal de esta situación. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que Remesa, dados su incumplimiento evidente del contrato con AIEP, ha reaccionado levantando situaciones improcedentes y que no corresponden. Por el otro lado, el reciente incumplimiento de las obligaciones de pago por parte de Remesa han generado una controversia. AIEP no ha descartado la presentación de nuevas acciones legales en contra de la empresa en relación a la licitación y los acuerdos ahí establecidos”, dicen desde el establecimiento educacional.

Desde Comercial Remesa, por su parte, confían en que el proceso siga su curso y han entregado todos los antecedentes que sean necesarios para buscar acreditar sus denuncias.

En la Fiscalía de Ñuñoa, a cargo de la investigación, no quisieron participar del reportaje, pero se aseguró que hay diligencias pendientes y que se ordenó la investigación a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI) en la arista penal en contra de AIEP.