FACTURA SQM

El abogado Oscar Gajardo Sepúlveda interpondrá este mediodía nueve querellas criminales por el delito de apropiación indebida en contra de los directorios de distintos grupos económicos que hicieron aportes políticos.

En su calidad de accionista, uno de los libelos va dirigido en contra de Soquimich, que ya es investigada por la fiscalía y cuyo ex gerente general, Patricio Contesse, será formalizado el próximo 30 de junio por el mismo ilícito, al que se suma los de carácter tributario, simulación de contrato y fraude de subvenciones. Junto a él también será imputado el operador político Giorgio Martelli. A este último se le apunta por la facilitación de 23 documentos falsos desde su empresa Asesorías y Negocios Spa (AyN) a SQM Salar, una filial de la minera no metálica, entre los años 2012 y 2013 por un monto de $ 246 millones.

Gajardo dirigirá también otras querellas en conjunto con los abogados Jaime del Campo, Clemente Guggiana, Gianfranco Guggiana y Bárbara Salinas, la misma que representa a los accionistas de La Polar. Básicamente el delito de apropiación indebida invocado por los profesionales se produce porque la donación de platas a políticos se hizo con el desconocimiento de accionistas. Hay que recordar que SQM donó a través de boletas por servicios nunca prestados unos US$11 millones entre 2009 y 2014.

El resto de los grupos económicos que a juicio de Gajardo han ejecutado la misma conducta delictual son: Banco de Chile, Copec, Quiñenco, Falabella, Lan, Enersis, Cencosud y Antarchile del grupo Angelini. Este último ya se encuentra siendo indagado por el Ministerio Público a raíz de los aportes ilegales a la ex diputada aliancista Marta Isasi de parte de Corpesca. Eso sin contar los más de 200 millones que le entregó al senador UDI Jaime Orpis a través de boletas ideológicamente falsas que eran giradas por sus asesores.

Además, tal como publicó este medio, el grupo Angelini pagó a la empresa de Martelli, a través de Copec, Celulosa Arauco, Constitución S.A y Cruz del Sur S.A, 208 millones por “asesorías profesionales” durante el mismo periodo en que se ejecutó la precampaña; es decir, 2012-2013.

Quién es quién

De acuerdo a los antecedentes recabados por The Clinic Online, en la querella contra SQM solicita que sean interrogados en calidad de imputados los miembros del directorio para que expliquen cómo se ejecutaron los aportes políticos. Se trata de Juan Antonio Guzmán Molinari, Edward Waitzer, Wolf von Appen Berhmann, Hernán Buchi Buc, Hans Dieter Linnenberg Arancibia, Joanne Boyes, Robert Kirkpatrick, Arnfinn Pruegger, Wayne Brownlee, entre otros.

A SQM le sigue Antarchile, también del grupo Angelini, cuyo directorio, si la fiscalía lo estima conveniente, podría ser citado. La instancia la componen Roberto Angelini Rossi, José Tomás Guzmán Dumas, Armando Gorziglia Balbi, Manuel Enrique Bezanilla Urrutia, Andrés Lyon Lyon, Jorge Desormeaux y Juan Edgardo Goldenberg Peñafiel. Los mismos que son parte del directorio de Copec.

A juicio de Gajardo, “los querellados directores de la Sociedad se concertaron para apropiarse o distraer dinero que administraban… (y) con motivo del ilícito, los querellados solicitaron y obtuvieron beneficios tributarios”.

Gajardo busca también que la plana mayor de Cencosud sea citada por la fiscalía. Es decir, Horst Paulmann, David Gallagher, Cristian Eyzaguirre Johnston, Richard Buchi Buc, Peter Paulmann, Heike Paulmann Koepper, Roberto Philipps, Erasmo Wong Lu Vega y Julio Moura.

Para el caso de Enersis, también serán querellados los directores Pablo Yrarrázaval Valdés, Borja Prado Eulate, Andrea Brentan, Luigi Ferraris, Hernán Somerville, Leonidas Vial Echeverría y Rafael Fernández Morandé. También están el los ejecutivos Massimo Tambosco, Eduardo Escaffi Johnson y el fiscal Valdés Prieto.

El presidente de Enersis es actualmente Jorge Rosenblut, quien reconoció hace algunos meses que se reunió con el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse a quien le solicitó US$ 1 millón para la última campaña de Bachelet.

Próximamente, Rosenblut sería citado a declarar en la investigación que lleva la fiscalía, ya que desde el rol que jugó como recolector, le habría permitido a Martelli preparar el desembarco de Bachelet como candidata en 2013. En fácil, la llamada precampaña.

La acción legal a Falabella es dirigida en contra de Paola Cuneo, Carolina Del Río, Carlos Heller Solari, Carlo Solari Donaggio, Juan Carlos Cortés Solari, Sergio Cardona Solari, Jose Luis Del Río y Cristián Lewin.

Piñera

En tanto, con la firma LAN, el querellante dirige la acción en contra de: Mauricio Rolim Amaro, Ramón Eblen Kadis, Juan Gerardo Jofré Miranda, Juan José Cueto Plaza, Georges Antoine de Bourguignon Arndt, Ricardo Caballero Gibbons, Carlos Alberto Heller Solari, Francisco Luzon López y Henri Philippe Reichstul, como también los ejecutivos Enrique Cueto Plaza y Andrés Osorio.

El caso de LAN, que recientemente se fusionó con TAM, es particular, ya que de ser admitida la querella y si el Ministerio Público decide indagar podría llegar hasta el mismo ex Presidente Sebastián Piñera, quien vendió su parte de la propiedad 14 días después de haber asumido como Mandatario en 2010. En otras palabras, mientras Piñera estuvo en el directorio, de acuerdo a la querella, podrían existir aportes políticos -presumiblemente ilegales- de los que pudo haber tenido conocimiento y eventualmente aprobado.

A la anterior le sigue Quiñenco, cuyo directorio está compuesto por: Gonzalo Menéndez Duque, Nicolás Luksic Puga, Hernán Buchi Buc, Matko Koljatic y Fernando Cañas Berkowitz, junto al gerente general Francisco Pérez Mackenna.

Tierras negras

Otra empresa es nada menos que el Banco de Chile. La querella apunta a los directores Mauricio Granifo Lavín, Andrónico Luksic, Francisco Aristeguieta Silva, Samuel Libnic, Jorge Awad Mehech, Jorge Ergas Heymann, Jaime Estévez, Jean Paul Luksic, Gonzalo Menéndez Duque, Francisco Pérez Mackenna, Juan Enrique Pino y el gerente general Arturo Tagle.

Hay que recordar que la Fiscalía Regional de Rancagua investiga la compra de terrenos en Machalí hecha por la empresa Caval, cuyos socios son, entre otros, Natalia Compagnon y su esposo Sebastián Dávalos, el hijo de la Presidenta Bachelet.

Sucede que los paños fueron adquiridos gracias a un crédito del mismo Banco por 6,500 millones. El tema no tendría nada de particular si es que Compagnon y Dávalos no se hubieran reunido con Luksic días antes de las últimas elecciones presidenciales y posterior a ello se aprobara el empréstito. Compagnon y Dávalos han sido interrogados en calidad de imputados, mientras que Luksic lo hizo hace algunas semanas como testigo.

Los libelos serán ingresados en distintos tribunales por el llamado “principio de ejecución del delito”. Para el caso de Enersis, por ejemplo, debería recaer en el Séptimo Juzgado de Garantía que la enviará a la Fiscalía Centro Norte.

Otras empresas, como LAN, recaerían en el Ministerio Público Oriente, cuyo fiscal Carlos Gajardo indaga, entre otros, el caso Penta, las arista SQM y Corpesca, al alero del fiscal nacional Sabas Chahuán.

Si todo sigue el curso procesal, podría suceder que las fiscalías en cuestión inicien investigaciones propias o bien busquen derivarlas al propio Chahuán.