Diputada Paula Labra y fallida compraventa de la casa de Allende: “El Gobierno está haciendo una operación de encubrimiento”

“Se tendrá que evaluar con los antecedentes que vayan saliendo”, dice la diputada Paula Labra (ind.-RN) sobe una eventual acusación constitucional contra el Presidente Gabriel Boric, que podría ser motivada por la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende.

Para la parlamentaria de oposición, integrante de la comisión especial investigadora de la Cámara que indaga sobre el tema, el Gobierno ha “sentido el golpe” de la instancia y, afirma, ha comenzado una acción de “encubrimiento” en pos de cubrir el objetivo final de la fallida compraventa.

Asimismo, cuestiona que no se hayan asumido responsabilidades por parte de altos cargos, lo que ha llevado a que se esboce, con más fuerza, una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), extitular de la Segpres, donde la oposición y parte del oficialismo ha presionado por la salida de la jefa jurídico-legislativa de la repartición, Francisca Moya.

A su vez, establece que el ministro socialista “falta a la verdad”.

El lunes de la semana pasada, en lo que fue hasta ahora la última sesión celebrada por la comisión, estaban invitadas autoridades del Ministerio de Bienes Nacionales, incluido el ministro Francisco Figueroa (Frente Amplio). No obstante, se ausentaron producto de que la pareja del secretario de Estado estaba en proceso de preparto. La excusa de Carol Castro, seremi de Bienes Nacionales, y Pablo Maino, jefe de la división, estuvo en que Figueroa no podía asistir.

—¿Ha visto interés del Ejecutivo en aclarar lo ocurrido con la fallida compraventa?

—El Ejecutivo lo que está haciendo acá es una operación de encubrimiento. Se ha visto que ellos están tratando de responder en bloque institucional. Por ejemplo en el caso del lunes, con la citación de Bienes Nacionales: no fue ningún funcionario porque no iba el ministro. Lo mismo pasó con Francisca Moya, en el sentido de que ellos buscan responder por ministerio con cierto coaching, con libreto, con un guion. Porque se vio que cuando presentó la contralora lo hizo técnico, con las justificaciones que eran pertinentes a su caso, y de ahí hemos visto que el Gobierno ha intentado hacer un copy paste de esa fórmula.

Digo que el Gobierno está haciendo una operación de encubrimiento porque en la comisión del lunes 7 de abril manifestó que la compra de la venta de la casa de Allende fue un acto totalmente transparente y aprobado por mayoría en el Congreso. Esta situación no fue así porque no se expuso explícitamente, como dijo él, que se iba a adquirir la casa del expresidente. De hecho ellos presentaron una glosa presupuestaria que no permite la compra de vivienda. Eso fue lo que se presentó y se aprobó por la ley de Presupuestos. El Gobierno está encubriendo la compra a través de esta artimaña administrativa para que la compra no fuera aprobada, porque sabían que si se planteaba como correspondía, no hubiese sido aprobado.

—El ministro Elizalde decía que se visó la compra, apelando al Presupuesto para ese momento. De hecho se difundió una captura de pantalla con una nota al pie que explicitaba la finalidad. ¿Dice que el ministro miente?

—Sí, porque él partió exponiendo diciendo que, respecto a los recursos, esta adquisición fue hecha por el Congreso y tuvo un apoyo amplio y transversal. En el momento de las preguntas, como conozco y tengo experiencia en la administración pública, le manifesté que en el famoso decreto 38 que firmó el Presidente Boric se habla de una reasignación presupuestaria. Le pregunté y le dije que no era verídico lo que él decía, porque después, entre ministerios, se pidió a la Dipres una reasignación presupuestaria. Y eso fue lo que él respondió haciendo alusiones a esta presentación que menciona usted. Esta presentación fue realizada por Nélida Pozo, la directora del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Y ella lo pasó rápidamente, y menciona que esto considera incrementos para casa presidencial de Guardia Vieja.

Número dos: habla de un incremento para la casa presidencial de Guardia Vieja y no habla de la compra de la casa. Y número tres y fundamental: esto fue presentado en un subtítulo, el 31, iniciativas de inversión, que no permite compra de viviendas. Entonces cuando el ministro Elizalde responde mi consulta diciendo literalmente que esto estaba en un PPT que señala adquisición de la vivienda de Guardia Vieja, con eso ya falta a la verdad. Mencionó que fue una exposición precisa, que en la comisión se explicó que se refería a la adquisición del expresidente Allende. Y uno va a ver la grabación y no se menciona en ninguna parte. E independiente de eso, el subtítulo que se presentó para este caso no aplica la compra de viviendas. Por eso el Congreso jamás aprobó la compra de la casa de Allende.

—¿Considera que el Gobierno se quiere desprender de la responsabilidad del caso?

—Lo que pienso es que el Gobierno, con todo lo que sale a la luz de la comisión investigadora, acusó el golpe que estamos sacando a la luz los antecedentes y la verdadera intención del Gobierno respecto a la casa de Allende. Estamos viendo que es una caja de pandora que todavía queda mucho por saber. Y lo que está haciendo el Gobierno es bajarle el perfil a esta operación, que estuvo todo en regla, pero desde el inicio trataron de hacer esta operación de encubrimiento.

Por eso no lo pasaron por el Congreso y después buscaron esta artimaña administrativa, razón por la que se hizo esta reasignación presupuestaria de Bienes Nacionales para que ellos sí pudieran hacer la compra, cosa que no podía hacer Culturas con lo que aprobó el Congreso. El Gobierno hizo una operación de encubrimiento desde el inicio. Que no hayan asistido los funcionarios de Bienes Nacionales a la comisión es porque el Gobierno acusó el golpe.

—¿Debieran haber más responsabilidades políticas por el caso Allende? Se ha hablado de acusar constitucionalmente al ministro Elizalde.

—Soy partidaria de que tenemos que buscar hasta las últimas responsabilidades políticas. Hay una cadena de personas que participaron acá. Pero quiero ser sincera en este caso, considerando que conozco el funcionamiento de la administración pública: aquí el tema no está en el primer administrativo que visó un documento, en el que hay decisiones presidenciales de avanzar en ello. Aquí tienen que caer todos los que correspondan, sobre todo los más altos niveles jerárquicos quienes insistieron en esta instrucción. Por ejemplo el caso de Francisca Moya que conocía la inhabilidad y avanzó con esto. El Gobierno tiene mucho miedo de los antecedentes que estamos recopilando y lleguemos a que el propio Presidente Boric fue el motor de toda esta operación enteramente inconstitucional. De acuerdo a los antecedentes que vayamos dando, vamos a tener que usar todas nuestras herramientas que tenemos de nuestra facultades, inclusive las acusaciones constitucionales.

—¿Eso incluye al Presidente?

—Se tendrá que evaluar con los antecedentes que vayan saliendo.

—El mismo caso de Allende abrió una arista respecto de los contratos firmados entre parlamentarios con el Estado. ¿Este caso abre una caja de pandora respecto a las celebraciones de contrato aparentemente inconstitucionales?

—Todas esas cosas hay que revisarlas y tendrán que seguir el conducto regular que corresponda, y quienes infrinjan la Constitución tendrán que tener las sanciones que correspondan.

—La diputada Ximena Ossandón es una de las mencionadas en el reportaje. ¿Se ha analizado el caso de la diputada en la bancada?

—Esos temas se tienen que analizar porque no es algo que implique o involucre a la bancada competa. Son casos individuales y personales que se tendrán que ver en relación a los lineamientos, a la veracidad de los hechos y todo eso tienen que revisarse en las instancias que correspondan. Yo no tengo mayores antecedentes de los que han aparecido en los medios.

El Gobierno no esperaba que se hiciera este tan trabajo tan serio y relevante que están dejando ver la intención del Gobierno y que nos dirige hacia el Presidente Boric que fue el motor de toda esta operación constitucional.